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CAAPR analiza la Reforma Laboral tras cuatro años de su implementación

El presidente de la Comisión de Derecho Laboral del CAAPR, Charles Zeno Santiago, conversó con Microjuris sobre el documento.

La Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) publicó un estudio exhaustivo con el propósito de evaluar objetivamente las consecuencias jurídicas, social y económicas de la Ley 4-2017 conocida como la Reforma Laboral 2017 tras cuatro años de su implementación.

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El presidente de la Comisión de Derecho Laboral del CAAPR, Charles Zeno Santiago, sintetizó el documento para Microjuris mediante una entrevista.

“El tomo es una aportación de la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico licenciada Daisy Calcaño López y la Comisión de Derecho Laboral con el propósito de evaluar objetivamente las consecuencias jurídicas, social y económicas de la Ley 4-2017 conocida como la Reforma Laboral 2017 luego de haber transcurrido cuatro años de su adopción. El documento jurídico es una continuación de un trabajo anterior encomendado por el ex presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico licenciado Alejandro Torres Rivera y realizado por el doctor Carlos Alá Santiago Rivera, editor de la obra, Comentarios a la Reforma Laboral 2017 que contiene escritos y ponencias relacionadas con la temática de las relaciones laborales en Puerto Rico”, destacó el también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

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Zeno Santiago explicó, además, que este tomo recoge varios artículos jurídicos de distinguidos laboristas y comisionados de la Comisión de Derecho Laboral. Se discuten, analizan y evalúan los seis capítulos que contiene la Ley 4-2017 conocida como la Reforma Laboral.

También, incluye varias de las ponencias más importantes sometidas a la Asamblea Legislativa por la Comisión de Derecho Laboral y el CAAPR durante el primer año de la sesión legislativa durante este cuatrienio. Entre estas son:

  1. En el capítulo I el Lcdo. Alejandro Torres Rivera y la Lcda. María E. Suárez Santos hacen un análisis del “grandfather clause” dispuesta en el art. 1.2 de la ley en la que se propone la modificación de términos y condiciones de empleo de los trabajadores en el sector público y privado en Puerto Rico.
  2. En el capítulo II el profesor Zeno Santiago expone los aspectos sustantivos e interpretativos del contrato de empleo en Puerto Rico. En esta parte se establece que la Ley Núm. 4-2017 estableció unas transformaciones en los principios e interpretaciones en el contrato de empleo que sin lugar a dudas tendrá un efecto en la forma de resolver las controversias laborales post reforma laboral.
  3. De otra parte en el capítulo III el Dr. Félix J. Bartolomei Rodríguez expone un análisis detallado sobre los cambios en la jornada de trabajo, horarios flexibles en el empleo, salario mínimo, bono, las licencias por vacaciones y enfermedad.
  4. El capítulo IV de la Ley Núm 4-2017 es discutido por el profesor Charles Zeno Santiago. En este se exponen todos los cambios sustantivos, remediales y probatorios de la Ley Núm. 80-1976 de Despido Injustificado, según enmendada, 29 L.P.R.A. Sec. 185ª-185m.
  5. Mientras, en el capítulo V el Lcdo. Víctor M. Bermúdez Pérez expone los cambios ocurridos en las leyes que protegen las reservas en el empleo. En el mismo se discute las disposiciones de reservas en el empleo en la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, 11 LPRA, 7; Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968 (11 LPRA secc. 201, et seq.), también conocida como la Ley de Beneficios por Incapacidad Temporal (SINOT), y la Ley de Seguro Social para Choferes y Otros Empleados, Ley 428 del 15 de mayo de 1950 (29 LPRA 681 – 694) y la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 LPRA Secc. 2054.
  6. En el capítulo VI el profesor Zeno Santiago discute los cambios remediales y probatorios en los artículos 1 y 3 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada; 29 L.P.R.A. Sec. 146 y 14 Dichos cambios fueron incorporados por los artículos 6.1, 6.2 y 6.3 de la Ley Núm. 4-2017.
  7. Finalmente, el tomo incluye un artículo sobre la inmunidad patronal y la responsabilidad de los patronos por la negligencia o incumplimiento en proveer medidas de salud y seguridad por COVID-19 en el empleo discutido por el profesor Charles Zeno Santiago.

“El trabajo publicado muestra que al cabo de cuatro años de haberse aprobado la Ley  4,-2017 y la Ley  8-2017, Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, Ley  8 de 4 de febrero de 2017 no se han logrado los objetivos y propósitos de esas piezas legislativas. Las cifras ajustadas sobre la situación de empleo y desempleo muestran una reducción en el nivel de empleo y un aumento en el número de desempleados, así como la tasa de desempleo al comparar con noviembre de 2020”, destacó el profesor sobre .

El CAAPR concluye a través de sus escritos y ponencias que con la aprobación de la Ley 4-2017 la Asamblea Legislativa se excedió en sus poderes ya que quebrantó el equilibrio en las relaciones laborales previo a la adopción de esta. La ley con los cambios creados provee mayor flexibilidad a las empresas pero impone más cargas y limitaciones a los empleados, sobre todos a los nuevos trabajadores. Como consecuencia recomiendan que se deroguen aquellos artículos de la Ley 4-2017 que sean pertinentes en procura de restituir los derechos adquiridos de los trabajadores puertorriqueños y se devuelva así el equilibrio en el lugar de trabajo.

COVID-19 en el trabajo

CAAPR, de igual forma, analiza en el documento la responsabilidad del patrono ante los empleados que se han contagiado con COVID-19 en el trabajo, concluyendo que la pandemia ha ocasionado una crisis sanitaria y daños económicos irreparables en el mundo.

“El COVID-19 ha provocado una pérdida de empleo a nivel mundial. Expone que estos efectos se han aprobado diversas leyes para proteger a los trabajadores en el lugar del empleo y también a los patronos contra demandas por lesiones, enfermedades o muertes por COVID-19 en el curso del empleo”, destacó Zeno García.

Zeno Garcia subrayó que entre estas, Puerto Rico adoptó la Ley 56 de 1 de junio de 2020 para enmendar el Artículo 3-A de la Ley 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo, con el propósito de asegurar la cobertura de beneficios a cualquier empleado público o privado que resulte contagiado del virus COVID-19 (“coronavirus”), mientras estuviera brindando un servicio autorizado durante la vigencia de la emergencia declarada por la Gobernadora de Puerto Rico, a raíz de la pandemia.

“Esta ley protege a aquellos empleados públicos estatales, municipales o privados que contraigan el virus COVID-19 en el desempeño de sus funciones como médicos, enfermeras, paramédicos o cualquier otro profesional de la salud en oficinas médicas, hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento o cualquier otra instalación médica; empleados de laboratorios; cuidadores de centros de ancianos, policías, bomberos, personal de rescate y emergencia estales y municipales; y cualquier otro personal que el administrador determine expuesto al contagio del virus como un riesgo particular de sus funciones”, sentenció.

El profesor agregó, además, que la ley establece que también estarán protegidos aquellos otros empleados que, aunque no ejecuten las labores mencionadas en el estatuto establezcan fehacientemente y de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, que el contagio con el virus ocurrió mientras desempeñaba las labores inherentes a su empleo.

Por lo tanto, la ley protege a todo trabajador que durante sus funciones en el empleo se contagie con COVID-19.

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