El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se propone intervenir en el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, en defensa de la ley federal PROMESA («Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act»).
Mediante moción sometida el pasado viernes por la abogada Jessica L. Cole, de la División Civil del DOJ en Washington D.C., se indicó que la intervención de la agencia responde a los diversos reclamos de algunos acreedores de que se violan disposiciones de la Constitución federal, que le fueron notificados mediante órdenes judiciales los pasados 13 de octubre, 21 de octubre y 21 de noviembre, esto mediante los planes de ajuste de la deuda propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el gobierno de Puerto Rico, para la Autoridad de Edificios Públicos y para el Sistema de Retiro.
Cole informó que se estaría sometiendo un memorando de derecho antes del 7 de febrero.
“Estados Unidos estará participando en los procesos antes mencionados con el propósito de defender la constitucionalidad de PROMESA en su aplicación a la aprobación propuesta en el Plan de Ajuste”, reza la moción.
Según una orden de la jueza Laura Taylor Swain de octubre pasado, acreedores como la finca Matilde y otros han levantado argumentos sobre la inconstitucionalidad federal de PROMESA por alegadas violaciones a diversas cláusulas, como la de apropiación ilegal sin justa compensación (taking), de la prohibición a las leyes ex post facto, de la cláusula de contratos, de la cláusula de privilegios e inmunidades, al debido proceso e igual protección de las leyes.
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Las vistas del Plan de Ajuste, que reduce la deuda del gobierno a más de la mitad, pero con unos términos que opositores al mismo dicen que son impagables, se celebraron en diversas fechas en noviembre. La jueza aún no se ha expresado sobre si acepta o no el plan.