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Supremo no acoge certiorari para revisar el que no se permitiera testimonio por videoconferencia

En este caso penal, el testigo padecía de una condición cardiovascular, razón por la cual se solicitó su testimonio a distancia.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante resolución, denegó Petición de certiorari, presentada por el Procurador General de Puerto Rico el 15 de septiembre de 2021, que solicitaba al alto foro judicial que revisara una determinación del Tribunal de Primera Instancia y confirmada por el Tribunal Apelativo en la que no se permitió que un testigo ofreciera su testimonio vía videoconferencia.

En este caso, el Ministerio Público presentó tres (3) denuncias contra el Sr. Johny Pérez Núñez. Fiscalía sostiene que el señor Pérez Núñez infringió el Artículo 93 del Código Penal de 2012, sobre Asesinato en primer grado, el Artículo 285 del Código Penal de 2012, sobre Destrucción de pruebas y el Artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 2000, sobre apuntar y disparar.

En todas las instancias que preceden al juicio, el Ministerio Público presentó al Sr. Jimmy Bonilla Torres como testigo, quien en todo momento cooperó con las autoridades con el fin de esclarecer el acto delictivo, incluso en la Vista Preliminar en Alzada. En todas esas instancias el testigo declaró presencialmente.

Ambos procesos se realizaron antes de que se decretara un estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Lee aquí la resolución

De cara al juicio en su fondo, el Ministerio Público presentó el 24 de junio de 2020 una Moción en Solicitud de que un Testigo Testifique por Videoconferencia en el Juicio en la que, en esencia, solicitó al foro primario que permitiera al señor Bonilla Torres testificar mediante un sistema de videoconferencia de dos vías. La petición se fundamentó en que la salud del testigo se vio significativamente afectada luego de haber presenciado el asesinato en cuestión y que bajo las circunstancias actuales de la pandemia, era muy peligroso exponer al testigo a comparecer al procedimiento de forma presencial. Señaló, además, que dos semanas después de haber presenciado los hechos, este sufrió un episodio cardiaco que requirió atención médica, y por el cual fue intervenido quirúrgicamente el 26 de septiembre de 2018.

El 8 de julio de 2020, el acusado presentó una Oposición a Solicitud del Fiscal para que Testigo Declare Mediante Videoconferencia. En ella, sostuvo que tenía derecho a la confrontación cara a cara con el testigo y, además, que era necesario que el Ministerio Público entregara el expediente médico del señor Bonilla Torres. También, indicó que era necesario evidenciar el riesgo específico que representaba para la salud del testigo una comparecencia física al tribunal.

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El Tribunal de Primera Instancia celebró una Vista de Necesidad el 7 de octubre de 2020. Luego de escuchar la prueba presentada, entre la cual versaba la opinión perita de varios médicos y el expediente del Sr. Bonilla, el 23 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del Ministerio Público y ordenó que el testigo declarara presencialmente en corte abierta durante el juicio.

El Tribunal de Primera Instancia entendió que los argumentos esbozados por el Ministerio Público no justificaron alejarse de la norma en cuanto al derecho a confrontación y al careo durante el juicio.

Según el Tribunal de Primera Instancia, el testigo tuvo la oportunidad de viajar a Puerto Rico en dos ocasiones anteriores ⎯2018 y 2019⎯ para declarar presencialmente sin restricción alguna y que utilizar el mecanismo de videoconferencia en este caso no adelantaba una política pública importante.

El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen de Instancia.

Inconforme con lo anterior, el 15 de septiembre de 2021, el Procurador General acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El alto foro judicial mediante resolución del 12 de enero de 2022, determinó denegar el recurso, lo cual sostiene lo confirmado por el Tribunal de Apelaciones.

Conforme con este curso, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez expresó que no se probó que el testigo tuviese un cuadro complejo de salud física o el agravamiento de su condición para justificar que no participara presencialmente del juicio.

“Los protocolos del Poder Judicial, las guías de los organismos estatales, la vacunación y las normas actuales esbozadas para atender la emergencia salubrista, apuntan a que una persona prudente y razonable puede protegerse adecuadamente. Este foro no puede caer en la tentación de sustituir el criterio médico creído en el Tribunal de Primera Instancia para llegar a una conclusión predeterminada. Por creer en un debido proceso de ley justo para todas las partes y por entender que la determinación cae dentro de la discreción del juzgador o juzgadora y que fue razonable al amparo de los hechos probados y el derecho aplicable, estoy conforme con el proceder de esta Curia”, sentenció Oronoz Rodríguez.

Además, añade la jueza presidenta, que el Tribunal no debe intervenir con los foros inferiores, sobre todo, cuando el Ministerio Público no derrotó la presunción “de corrección y legalidad en el dictamen”. Estimó que el foro primario no cometió un error manifiesto pues su apreciación no se distancia de la realidad fáctica ni tampoco es inherentemente imposible o increíble.

La Resolución, de igual forma, fue acompañada de un disenso del juez asociado Ángel Rivera García, al cual se unieron la jueza asociada Mildred Pabón Charneco y el juegos asociado Robero Feliberti Cintrón.

El disenso discute la jurisprudencia aplicable al Derecho Constitucional de confrontar testigos de cargo, tanto en la jurisdicción estatal como lo resuelto por el Tribunal Supremo Federal. De igual forma, reseña el derecho aplicable en cuanto a las excepciones de cuando el Tribunal Supremo puede y deber sustituir el dictamen de un Tribunal inferior, no obstante, estos apreciaron el desfile de la prueba.

El voto particular disidente repasa que el Derecho a la Confrontación, fundamentalmente, tiene tres (3) vertientes procesales, a saber: (1) derecho al careo o confrontación cara a cara con los testigos adversos; (2) derecho a contrainterrogar, y (3) derecho a que se excluya la prueba de referencia que intente presentar el Ministerio Público.

De igual forma el disenso destaca que en Pueblo v. Cruz Rosario, 204 DPR 1040 (2020) se resuelve que declarar con una mascarilla quirúrgica o de tela que cubra la boca y la parte inferior de la nariz no incide sobre la confiabilidad del testimonio ofrecido por un testigo si se cumple con los demás elementos del derecho al careo. De igual forma, se adoptó la postura de la Máxima Corte federal en Maryland v. Craig, que la “Cláusula de Confrontación puede satisfacerse sin la presencia física del testigo en el Juicio, siempre que al acusado se le hubiera provisto la oportunidad de contrainterrogarlo previamente”.

En sintonía con la jurisprudencia federal, se reconoce que previo a limitar el derecho a carearse con los testigos de cargo, se debe realizar un examen basado en el estándar siguiente: (1) que se adelante una política pública importante, y (2) que se asegure la confiabilidad del testimonio. Una vez superado este escrutinio se puede limitar el derecho en cuestión válidamente. Ahora bien, con el fin de expandir el análisis previo, se tomarán en cuenta los elementos siguientes para asegurar la confiabilidad del testimonio ofrecido en el Juicio: (1) la presencia física; (2) el testimonio bajo juramento; (3) la oportunidad de contrainterrogar, y (4) la oportunidad de evaluar el comportamiento del testigo.

En Pueblo v. Santiago Cruz, 205 DPR 7 (2020) fue resuelto que no existía impedimento constitucional alguno, ni al amparo de nuestra Constitución ni de la Constitución federal, para celebrar procedimientos penales preliminares al juicio a través del mecanismo de videoconferencia. Ello, en virtud de que, a través de este método, se garantizaba la oportunidad de que el juzgador pudiera evaluar el comportamiento de quien declarara de esta forma.

Además, se resalta que la videoconferencia es un método que sustituye la comparecencia personal del participante por una comparecencia a distancia, bidireccional y simultánea que, por su naturaleza, permite que una persona participe de un proceso judicial de manera remota. Lo anterior, en el contexto de eliminar el riesgo de contagio para el personal que de otra manera se encontraría en la sala del tribunal.

Rivera García concluye que obligar a un testigo de cargo que padece de una severa condición cardiovascular a viajar a Puerto Rico para declarar presencialmente en un juicio en su fondo, en lugar de permitir su testimonio mediante el sistema de videoconferencia de doble vía comprende un error sustancial, especialmente, cuando el Tribunal ha reconocido una alternativa viable y segura para atender ese escenario.

Para Rivera García, “[e]xiste la posibilidad real de que el señor Bonilla Torres pueda contagiarse con el COVID-19 ⎯siendo un paciente de alto riesgo⎯, por lo que indudablemente, es una situación excepcional que amerita una consideración adicional y razonable”.

“Una vez más, expreso mi disenso enérgico ante el proceder de una mayoría que denota carencia de sensibilidad y que, a su vez, abona a la pérdida de la confianza pública en nuestro sistema de justicia. Lamentable por demás”, concluye el voto disidente particular.

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