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Continúan vistas públicas en la Cámara sobre proyecto que regula el uso controlado de la marihuana en mayores de 21 años

Se trata del Proyecto de la Cámara 1191 de la autoría del representante Héctor Ferrer Santiago

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La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes continuó con las vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1191, que busca regular el uso controlado de la marihuana para mayores de 21 años.

La medida, de la autoría del representante Héctor Ferrer Santiago, legalizaría la posesión de hasta 28 gramos de marihuana en adultos de 21 años y crea el marco regulatorio de una industria que podría generar hasta $700 millones en su quinto año de vigencia, según un estudio citado por el legislador.

La audiencia pública tuvo el insumo a favor del abogado y profesor de educación jurídica en la Universidad de Puerto Rico (UPR), José Maes Aponte, quien expuso que la industria del cannabis medicinal ha demostrado tener las capacidades operativas y técnicas para empezar a ejecutar de inmediato la política pública propuesta en esta legislación.

Lee aquí el proyecto de ley

Maes Aponte, quien trabajó más de seis años el programa de cannabis medicinal en la UPR, afirmó que el mismo es robusto, con una estructura gubernamental desarrollada, pero sobre todo una industria de primer nivel que produce productos sofisticados y con altos estándares de calidad.

“Este proyecto de ley expande los parámetros de trazabilidad, supervisión y auditoría a través del uso de los sistemas de rastreo existentes. El sistema de trazabilidad de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicina (JRCM) y los sistemas ‘Seed to Sale’, poseen las capacidades y habilidades técnicas para adaptarse de inmediato al establecimiento y desarrollo de esta política pública”, expresó Maes Aponte, quien añadió que, en relación a los parámetros que deben guiar la revisión de la JRCM, entiende que el concepto ‘colores llamativos’ es indeterminado y no se constituye como un criterio claro y necesario para cumplir con los objetivos trazados.

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Por su parte, el catedrático del Departamento de Ciencias Físicas de la UPR, también se mostró positivo con la medida que promueve el éxito de la actividad salubrista mediante la autorización de una política pública para el cannabis. Este a su vez, propuso enmiendas y recomendaciones dirigidas a garantizar la salud y seguridad de los pacientes y usuarios de estos productos.

También participó la Alianza Pro Cannabis, quien enfatizó que la implementación de este proyecto de ley propicia una reducción en la tasa de criminalidad relacionada al cannabis en Puerto Rico, fomentando la buena salud, la calidad de vida y colabora al desarrollo económico de la isla.

De convertirse en ley, entre otras cosas, toda persona que haya sido encontrada culpable por la posesión de no más de 28 gramos de cannabis o su equivalente, que son ocho gramos de tetrahidrocannabinol (THC) en concentrado u 800 miligramos de THC en su modalidad comestible, verá su convicción eliminada del récord penal.

En la vista pública participó la legisladora por Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, quien expresó su rechazo al proyecto.

“Me opongo a la medida por la peligrosidad que podría tener en la sociedad y consecuencias a largo plazo’’, expresó Burgos Muñiz.

Entretanto, el autor de la medida, el representante Ferrer Santiago, expuso la importancia de abrir un espacio de discusión para conocer sobre el sistema ‘Seed to Sale’ que le brindaría protecciones y herramientas al gobierno central para mantener un control en la compra de productos.

«Yo creo que donde uno tiene fuerza moral, académica e intelectual es cuando uno se sienta a leer los estudios y se comparan los pro y contras para llegar a una conclusión que sea de beneficio para todos los puertorriqueños», indicó el autor de la medida.

Por otra parte, compareció Alberto Burkhart, presidente de la Asociación de Industriales, quien avaló la medida. «Endosamos toda iniciativa que propicie el desarrollo económico de Puerto Rico y creemos que existen las condiciones adecuadas para que esta Asamblea Legislativa adopte una nueva política pública y marco regulatorio que expanda el ámbito de la regulación actual, para sostener una actividad controlada sobre el uso del cannabis con las salvaguardas y protecciones que se deriven en la política pública establecida’».

Igualmente, la organización Intercambios Puerto Rico, apoyó el estatuto planteando que ‘’esta comisión se debe a todas y todos en Puerto Rico y no debe desaprovechar la oportunidad de contribuir a un estado de ley que promueva la salud y el bienestar, y acabe con el enorme daño que se hace a unas personas, a su familia y a su comunidad cuando se les procesa criminalmente por el uso del cannabis. Nada lo justifica’’.

Al finalizar la discusión respecto a este asunto, el doctor José Franceschini señaló que es tiempo que en la isla se legalice la marihuana. “La legalización va a traer mejores resultados que el actual control de los narcotraficantes. Puerto Rico se puede convertir en uno de los países que más se pueden beneficiar de esta industria del cannabis medicinal, como del recreacional, por nuestro clima perfecto que podemos cosechar hasta cuatro veces al año”.

Cabe destacar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada un proyecto de ley que legalizaría a nivel federal la marihuana con el fin de despenalizarla. A su vez, la medida legaliza la manufactura, distribución y posesión del cannabis.

El Proyecto de la Cámara 1191 prohíbe el consumo de cannabis en lugares públicos por lo que solo se permitirá en hogares y lugares privados. Otra de las regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados. Según el legislador Ferrer Santiago, existe un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis en su primer año sería de $522 millones.

Por otra parte, se establecen infracciones y penalidades para los dispensarios que no cumplan con la ley.

Toda persona que posea la cantidad denominada como consumo personal de cannabis y este no sea de dispensario incurrirá en una multa administrativa de $500, y el o la agente de la policía que realice la intervención se verá en la obligación de citar al intervenido a los fines de referir a la oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) para que se ausculte la necesidad de tratamiento por adicción por el uso de sustancias controladas.

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