Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico NOTICIAS

Supremo no atenderá caso de recluso sentenciado a 549 años de cárcel cuando era menor

Su alegación de que la condena era un castigo cruel e inusitado no convenció a la mayoría, pero emitieron su disidencia el juez Estrella Martínez y la jueza presidenta Oronoz Rodríguez.

Nota de la editora: ¿quieres recibir estas reseñas de casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico en tu correo-e? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico no acogió una petición de certiorari en el caso Pueblo v. Josué U. Torres Pérez, en el que un recluso alegó que su condena de 549 años era inconstitucional por tratarse de un castigo cruel e inusitado proscrito por la Octava Enmienda de la Constitución federal.

La condena fue impuesta cuando Torres Pérez tenía 16 años, tras ser acusado y procesado criminalmente como adulto por cuatro cargos por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas.

Actualmente, Torres Pérez ha cumplido 18 años en prisión de máxima seguridad. Sin embargo, la posibilidad de que este pueda reingresar a la libre comunidad es prácticamente nula, pues tendría que cumplir 103 años en prisión antes de ser elegible para libertad bajo palabra.

Lee el caso aquí: Pueblo v. Torres Pérez, 2022TSPR59

El juez asociado Luis Estrella Martínez y la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez no estuvieron de acuerdo con el proceder de la mayoría del tribunal, por lo que sometieron disidencias para explicar los fundamentos por los cuales la sentencia de Torres Pérez puede ser catalogada como un castigo cruel e inusitado, por lo que debió ser revisada.

Según la disidencia de Estrella Martínez, además de la prohibición a los castigos crueles e inusitados de la constitución federal y local, hay una línea jurisprudencial federal que establece de forma clara que antes de sentenciar a un menor juzgado como adulto, «el tribunal tiene el deber de tomar en consideración las características inherentes a la minoridad que atenúan la pena y cómo estás militan en contra de un castigo de naturaleza irrevocable. Por tanto, toda sentencia impuesta a un menor de edad que se aparte de estos lineamientos debe ser revisada de acuerdo con las alternativas planteadas por la Corte Suprema federal».

Curso de interés – ¿Cuándo procede la solicitud de un juicio nuevo? Reglas y jurisprudencia aplicable en casos penales

“Por tanto, a luz de la normativa constitucional firmemente desarrollada por la Corte Suprema federal, lo que procedía en este caso era que este Tribunal, en lugar de relegar su responsabilidad, pautara y reconociera la aplicabilidad de un Derecho constitucional fundamental a todo aquel recluso sin posibilidad de libertad bajo palabra que fue juzgado como adulto mientras era menor de edad y está cumpliendo una condena impuesta sin que se tuviera en consideración su culpabilidad atenuada por razón de su edad e inmadurez”, sentenció Estrella Martínez.

El juez asociado destacó cuáles son las dos vías que debió seguir el Tribunal Supremo al evaluar este caso.

«Por tanto, aquí lo que procedía era una de dos (2) alternativas: devolver el caso al foro primario para la celebración de una vista de resentencia con el fin de evaluar los factores concomitantes a la minoridad de edad que atenúan la culpabilidad según esbozados en Miller v. Alabama, supra, o conferirle al señor Torres Pérez la posibilidad real de libertad bajo palabra», sostuvo.

«En definitiva, considero que condenar a un menor de edad procesado como adulto a 459 años en prisión sin que el Tribunal hubiese analizado las características inherentes a la minoridad que inciden en su toma de decisiones y, por tanto, disminuyen su culpabilidad, es el escenario que activa la aplicación retroactiva de la norma pautada en Miller v. Alabama, supra«, concluyó Estrella Martínez, en su disidencia.

Curso relacionado – Derecho a la fianza: Condiciones, restricciones y servicios con antelación al juicio

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez se unió al voto disidente del juez Estrella Martínez, pero hizo su propia expresión.

«Correspondía, pues, realizar un ejercicio hermenéutico de la cláusula que prohíbe la imposición de castigos crueles e inusitados en la Sección 12 de nuestra Carta de Derechos, anclados en que esta “reconoce y concede unos derechos fundamentales con una visión más abarcadora y protectora que la Constitución de Estados Unidos”. López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219, 227 (1987)», escribió Oronoz Rodríguez.

«Con nuestro silencio, hoy ratificamos una pena de reclusión que, a todas luces, es inconstitucional. Se cerró la puerta a que el Sr. Josué U. Torres Pérez pueda exponer los elementos que podrían atenuar su responsabilidad penal, habida cuenta de que era un menor de edad cuando cometió los delitos por los cuales cumple una condena cruel e inusitada de 459 años», sentenció la jueza presidenta.

Banner tu opción local más completa suscripción 15% descuento
En estos días donde más necesitas tus recursos de investigación y monitoreo legal, haz de Microjuris tu herramienta principal. ¡Suscríbete hoy al servicio (adiestramiento incluido)!