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Tras la aprobación de la Ley 41-2022, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) exigió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia a no implementar la también conocida como Reforma Laboral y anticipó que, si insiste, demandará al gobierno.
El ente fiscalizador pautó el 4 de agosto como fecha límite para que el primer mandatario anuncie que no implementará la legislación. Sin embargo, el gobernador Pierluisi Urrutia ya dejó saber que seguirá adelante con la reforma.
En una carta enviada el 30 de junio al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, la JSF advirtió que la opción sobre la mesa es que la implementación de la Ley 41 – firmada en junio – se atienda por vía judicial.
«La junta está profundamente preocupada de que el gobernador firmó la Ley 41 en violación de la Ley Promesa», indicaron en la misiva.
«Si el gobernador no coopera, deja a la Junta con una sola opción que usted mismo identificó: una acción para dejar sin efecto la Ley 41. La Junta se reserva el derecho de tomar las acciones que sean necesarias, consistentes con la Ley Promesa. Esperamos que esas acciones no sean necesarias», añaden.
El pasado 21 de junio el gobernador convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 1244 que amplía derechos a los trabajadores del sector privado.
