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La Cámara de Representantes aprobó el pasado martes, unánimemente la medida sustitutiva a los Proyectos de Senado 144 y 147, que persiguen establecer como política pública en Puerto Rico la prohibición del discrimen, por parte del patrono, contra los empleados y candidatos a empleo con antecedentes penales.
La medida establece la política pública que veda este tipo de discrimen, enmienda la Ley Contra el Discrimen en el Empleo (Ley 100-1959) y extiende esta nueva prohibición al sector público con enmiendas a la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno y al Código Municipal.
Según la medida, los patronos podrán seguir solicitando el Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía. Sin embargo, si el patrono concluye que el historial delictivo de la persona se relaciona directamente al empleo, debe considerar varios factores antes de rechazar al aspirante.
El patrono tendría que considerar el tiempo que ha transcurrido desde la convicción, la naturaleza y severidad de la ofensa, la naturaleza del puesto de trabajo, la edad de la persona al momento de cometer el delito y las circunstancias bajo las cuales se cometió el delito.
Además, la medida añade la clasificación “por razón de tener antecedentes penales” a las prohibiciones de discrimen en el empleo de la Ley 100-1959.
Las personas con antecedentes penales tampoco podrán ser discriminadas si aspiran al servicio público, tanto en agencias estatales como en los municipios.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso de Garib Bazain v. Hospital Español Auxilio Mutuo, determinó que la condición de persona exconvicta no figura dentro de lo que la Constitución de Puerto Rico enmarca como categoría protegida de “condición social”, en su Artículo II Sección 1.
Para atender esto, al inicio de la actual Asamblea Legislativa se presentó el Proyecto del Senado 144, de la Senadora Rodríguez Veve, y el Proyecto del Senado 147, del Senador Vargas Vidot. La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales presentó el Proyecto Sustitutivo, con el fin de incorporar los incisos más sustanciales de ambas medidas.
El proyecto había recibido el aval del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), objetó la medida.
