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Supremo federal atenderá nuevo caso sobre el privilegio abogado cliente

El caso tiene vista oral el próximo lunes, 9 de enero, a las 10:00 a.m.

Por Daniel Rivera Vargas

En una controversia poco atendida por el alto foro judicial federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se estará expresando próximamente sobre un importante tema para los abogados y abogadas: el alcance del privilegio abogado cliente.

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El caso In re Grand Jury 21-1397 tiene vista oral el próximo lunes, 9 de enero, a las 10:00 a.m. hora del este, lo que implica que los jueces podrían emitir una opinión sobre este tema en los próximos ocho meses. El certiorari fue expedido el pasado lunes, 3 de octubre.

En este litigio sobre el privilegio abogado cliente, que es la protección legal de que todo lo que diga un cliente a su abogado está protegido y no se puede revelar, lo que está en controversia es:

  • Si una comunicación que implica asesoramiento jurídico y no jurídico está protegida por el privilegio del secreto profesional entre abogado y cliente, cuando la obtención o prestación de asesoramiento jurídico sea uno de los aspectos más importantes propósitos detrás de la comunicación.

En concreto, en este caso hubo comunicaciones de un cliente con un bufete que hace trámites contributivos, y un fiscal federal solicitó, como parte de su labor ante un gran jurado, detalles de las conversaciones de esa persona con el abogado que no lo está asesorando legalmente, sino contributivamente.

“Los clientes buscan rutinariamente el asesoramiento de abogados con múltiples objetivos en mente. Como resultado, los abogados a menudo dan asesoramiento de naturaleza legal y no jurídica. El privilegio abogado-cliente protege la divulgación de las comunicaciones confidenciales entre los abogados y sus clientes realizadas con el propósito de obtener o proporcionar asesoramiento legal. Pero los circuitos se dividen en cuanto a cuándo una comunicación realizada para múltiples propósitos, algunos legales y otros no, es privilegiada”, reza el recurso de certiorari sometido el año pasado, en este caso en relación al “doble propósito” de las conversaciones entre un abogado y un cliente.

El profesor de ética de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Guillermo Figueroa Prieto, entiende que es un momento apropiado para atender este tema.

“El Tribunal Supremo no acepta muchos certioraris que tiene que ver con el privilegio del abogado cliente y hace bastante tiempo que no aceptaba uno. Este problema estaba maduro para que se aceptara porque hay una discrepancia de cómo los tribunales de circuito aplican este asunto, de cuando la comunicación es dual, de obtener consejo legal y otro tipo de consejo”, explicó Figueroa Prieto a Microjuris.

Además, dijo el profesor, es un caso cuyos hechos emanan un poco de la práctica moderna de la abogacía, que incluye que un bufete ofrezca, además de servicios legales, otros servicios, como ocurrió en este caso ante el Supremo, donde la firma legal ofreció también orientación contributiva.

Figueroa Prieto resumió las tres formas en que se ha resuelto este asunto en los circuitos apelativos: Primero, para los hechos de este caso, la controversia se gobierna bajo la interpretación del Noveno circuito, en el que el criterio es evaluar las conversaciones en controversia, y determinar cuál es el propósito principal de la comunicación.

Si se resuelve que el propósito principal es legal, existe el privilegio abogado cliente; si se resuelve que el propósito principal no es legal, entonces no aplica el privilegio.

El segundo modelo es el del Circuito de DC, y es el más usado, según el catedrático. En este, no hace falta determinar cuál era el propósito principal, sino que es suficiente que el propósito legal sea “significativo”, y con eso existe la protección del privilegio abogado cliente.

“No hay que hacer balance. Es una interpretación más expansiva del privilegio”, sostuvo Figueroa Prieto.

Hay tres recursos de amigos de la corte hasta el momento en este caso y todos favorecen que se aplique la interpretación del DC Circuit, sostuvo el catedrático.

Interesantemente, agregó Figueroa Prieto, el caso que estableció la norma en el circuito del DC fue una opinión del entonces juez apelativo y hoy juez asociado del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. Figueroa Prieto dijo que no hay razón para que éste se inhiba y podría participar en la deliberación del caso In Re Grand Jury.

La tercera opción es la del Séptimo Circuito:“Tiene un estándar diferente, y es que nunca hay privilegio si además de solicitar privilegio legal hay otro propósito”.

 Agregó Figueroa Prieto que nadie sigue el modelo del Séptimo Circuito. En nuestro ordenamiento no parece estar claro el panorama. Figueroa Prieto dijo que, de lo que revisó del tema, el Primer Circuito, el que rige en Puerto Rico, no se ha expresado sobre esta controversia. Tampoco a nivel local el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El profesor entiende que la corriente moderna del derecho favorece la combinación en un mismo bufete de diversidad de servicios, no solo el legal. Esto es algo en lo que reconoce que hay algo de resistencia en Estados Unidos, pero, sin embargo, en jurisdicciones como España esa integración de servicios llega al punto de que son firmas de contabilidad los mayores patronos de abogados en ese país.