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Por definición, la descalificación de un abogado o abogada es un mecanismo que provee un tribunal primario para ordenar la descalificación de la representación legal de una parte cuando sea necesario para la solución justa, rápida y económica de los pleitos.
Propósito. El mecanismo busca prevenir una violación a cualquiera de los Cánones de Ética Profesional, o evitar actos disruptivos de los abogados durante el trámite de un pleito.
Es importante tener en cuenta que la descalificación de un abogado o abogada no constituye una medida disciplinaria, sino que se considera como una acción preventiva.
Prueba. Como las mociones de descalificación son métodos preventivos, no es necesario presentar pruebas sobre una violación ética para que sean declaradas con lugar.
Sin embargo, con tal solo presentar la moción, no debe dar lugar a que esta se declare ha lugar. Los tribunales deben sopesar los intereses en conflicto teniendo en cuenta lo siguiente:
- Si quien solicita la descalificación tiene legitimación activa para invocarla.
- La gravedad de la posible violación ética involucrada.
- El propósito detrás de la descalificación.
- La complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia y la experiencia de los abogados o abogadas.
- La etapa de los procedimientos en que surja la controversia sobre descalificación y su posible efecto.
De igual forma, el Tribunal debe brindarle al representante legal la oportunidad de expresarse en torno a los méritos de la petición de descalificación. El abogado o abogada contra el cual se presenta esta moción tiene derecho a ser oído
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que cuando se ordene la descalificación de un abogado, se le debe otorgar a la parte afectada espacio para la contratación de otro representante legal.
Dato adicional. El Tribunal Supremo ha reconocido que «la determinación de derecho del tribunal de instancia sobre la descalificación de abogado es una decisión impregnada de un alto grado de discreción que tiene dicho foro en el manejo procesal de un caso».
Los tribunales apelativos deben revisar la decisión sobre la descalificación si se demuestra que:
- El foro primario abusó de su discreción.
- Actuó con prejuicio o parcialidad.
- Se equivocó en la interpretación o aplicación del derecho.
- La intervención en esa etapa evitaría un perjuicio sustancial.
