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El gobierno de Puerto Rico demandó a 20 empresas por contaminación ambiental, según un recurso legal presentado recientemente en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Según el reclamo, que se hace en representación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), las empresas fabrican productos con sustancias de polyfluoroalkyl («PFAS», por sus siglas en inglés) a pesar que hace décadas estas demandadas internamente conoce que se trata de materiales altamente peligrosas para el ambiente.
Los PFAS se usan en productos para extinguir incendios, ciertas ropas y alfombras, empaques de alimentos, utensilios de cocina, entre otros.
«Los demandados generan ganancias significativas de vender estos productos, incluyendo algunos bajo marcas como Teflon y Scotchguard», reza la demanda.
Según la demanda, este tipo de contaminantes está asociado a numerosas enfermedades y condiciones como diversos tipos de cáncer, efectos en el desarrollo de los niños, causar infertilidad, entre otros. Se trata de un producto que se disuelve fácilmente en el agua, contaminando fuentes de agua subterráneas.
La Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, en ingles) indica que hay miles de productos con PFAS y que están en el mercado desde la década del 40.
Los demandados incluyen a 3M Co.; AGC Chemicals Americas Inc.; Amerex Corp.; Archroma U.S. Inc.; Arkema INC.; BASF Corp.; Buckeye Fire Equipment Co.; Carrier Fire & Security Americas Corp.; Carrier Global Corp.; Chemdesign Products Inc.; Chemguard Inc.; Clariant Corp.; Corteva Inc.; Dupont De Nemours, Inc.; Dynax Corp.; EIDP INC., F/K/A E.I. Du Pont De Nemours & Co.; Kidde Plc Inc.; National Foam Inc.; The Chemours Co.; Tyco Fire Products LP; y otras no identificadas.
El reclamo contra las PFAS ha sido llevado anteriormente por otras jurisdicciones en Estados Unidos y diversos medios reportan que se ha llegado a acuerdos con algunos fabricantes en estas reclamaciones.
La demanda se presentó el pasado 31 de mayo y fue asignada originalmente a la jueza Aida Delgado Colón.
Sin embargo, esta controversia es una que ya se estaba litigando en otros foros federales por otros estados o territorios, y mediante intervención del panel de litigación multidistrital del sistema judicial federal la controversia fue transferida al tribunal federal de Carolina del Sur el pasado 30 de junio, a la sala que preside el juez Richard M. Gergel.