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Raza y política fueron los ejes de un debate que se extendió por más de dos horas ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El centro del caso Alexander v. South Carolina State Conference of the NAACP se relaciona con la redacción del mapa electoral de un distrito congresional que fue modificado recientemente.
Una decisión judicial de un panel de jueces de distrito federal determinó que este cambio se hizo ilegalmente con base en la raza de los electores.
El distrito congresional en cuestión es actualmente representado por la republicana Nancy Mace. Sin embargo, en 2018 era demócrata, y en 2020 se llevó a cabo una reñida contienda que se decidió por un estrecho margen del 1.3%.
Según el gobierno de Carolina del Sur, el tribunal inferior debería haber considerado que la Asamblea General del estado actuó de buena fe al respaldar el diseño en disputa, argumentando que se basaron en datos electorales.
Por otro lado, los opositores, incluido el conocido grupo defensor de los derechos de la comunidad negra, la NAACP, creen que la motivación racial es evidente y que tiene como objetivo diluir el voto de la comunidad negra.
La jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Elena Kagan, expresó en la vista de esta semana que «los votantes negros están mucho más excluidos (del nuevo mapa)… expertos en el caso dicen ‘miren hicimos estos análisis y los demócratas negros y los blancos demócratas son tratados de forma diferente'».
«La asamblea general no usó como objetivo (target) la raza. Usó datos políticos», aseguró John M. Gore, representante legal del presidente del Senado de Carolina del Sur, Thomas C. Alexander.
«Su defensa es que usted no usó el dato racial y el tribunal dijo ‘yo no le creo’. Hizo una determinación de credibilidad», sostuvo la jueza asociada del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor.
En la vista que se dio esta semana en el Tribunal Supremo federal, se debatió extensamente el tipo de evidencia utilizada en el caso o, más bien, la falta de evidencia directa para probar la ilegal redacción del distrito, conocida en inglés como gerrymander.
Las juezas Kagan y Sotomayor insistieron en que el licenciado Gore identificara los errores de ley aplicados. Sotomayor argumentó que «no necesitas una pistola humeante. Si no necesitas una pistola humeante (según precedentes judiciales) no necesitas evidencia directa».
El juez Neil Gorsuch señaló que la razón de esto era que «hemos estado bailando alrededor de la gran pregunta, que su cliente miró el dato racial porque la data política no era suficientemente robusta».
Gore mantuvo que «no hay evidencia directa de target racial y que el panel ni siquiera lo mencionó. No hay mapas alternativos».
La corrección de la decisión del tribunal federal de distrito también fue cuestionada, ya que el juez Samuel Alito declaró que «el estándar de error claro es alto, pero no es imposible… no quiere decir que debamos ser un sello de goma del tribunal, especialmente en casos como este que somos el único tribunal que intervendrá».
La abogada Leah C. Aden, representante legal de NAACP, fue cuestionada por el juez presidente John Roberts, quien aseguró que esta es la primera vez que se les pide resolver una controversia de esta naturaleza sin un mapa electoral alternativo como evidencia.
Roberts comentó que «no hay evidencia directa, no hay mapas… es todo evidencia circunstancial».
Aden defendió su posición, afirmando que «respetuosamente estoy en desacuerdo… tenemos fuerte evidencia circunstancial».
Hubo otros argumentos presentados por los jueces, y Clarence Thomas recordó que la posición de los jueces de distrito incluso incluyó cuestionar a uno de los peritos en el caso. También planteó si era necesario que ese foro interviniera «si no encontramos intención de discriminar».
