La Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés) prohibió la implementación de la nueva ley que aumenta los días de vacaciones a los empleados en el gobierno.
De acuerdo a la Junta de Supervisión, la medida que aumenta de 15 a 24 los días de vacaciones en el sector público tiene un impacto fiscal de $58.3 millones, y esto es inconsistente con el Plan Fiscal.
«El gobierno no ha identificado como pagará este nuevo y no presupuestado gasto puesto que no hay ahorros concretos o aumentos en los ingresos identificados para paliar este costo», reza la misiva tres páginas firmadas por el abogado general de la Junta de Supervisión, Jaime A. El Koury.
Según una carta firmada con fecha de ayer, si el gobierno insiste en aplicar el nuevo estatuto, la Ley 119 de 2023, la Junta de Supervisión podría tomar medidas como buscar anular el estatuto.
El organismo fiscal creado por la ley federal PROMESA ha acudido exitosamente en numerosas ocasiones ante la jueza Laura Taylor Swain para impugnar acciones del gobierno que, en su opinión, van en contra del Plan Fiscal.
Asimismo, la Junta de Supervisión expresa desaprobación con la información financiera suministrada por el gobierno respecto a estas medidas, por no tener una certificación y estimado formal, y que carece de suficientes detalles sobre cómo llegaron a sus conclusiones.
La carta incluye un resumen de las gestiones de la junta para conseguir la información y otros pormenores relacionados al informe entregado y preparado por la firma DevTech.
La misiva dirigía a Omar Marrero, en su calidad de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), pero con copia al gobernador Pedro Pierluisi y los presidentes de los cuerpos legislativos, también le impone al gobierno que confirme en o antes del 24 de enero que «la ley 119 no está siendo actualmente implementada y que no será implementada».