Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
La Asamblea Legislativa tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara 1548, el cual busca proteger a los consumidores, pero que ha levantado preocupaciones en algunos sectores porque se debe tener en cuenta el impacto en las empresas en Puerto Rico.
La propuesta declara como política pública del gobierno de Puerto Rico la protección de los datos personales de sus ciudadanos, utilizados en la interacción comercial entre estos y las diferentes empresas, negocios o comercios, que en el intercambio de bienes y servicios requieren de los datos personales de sus clientes para bases de datos, perfiles o cualquier uso comercial.
«Desde la ACEPR, comprendemos y respaldamos la importancia de garantizar la privacidad y protección de datos de los consumidores en Puerto Rico, un principio que consideramos fundamental en la era digital. Al mismo tiempo, queremos ofrecer nuestra perspectiva y experiencia para asegurar que las disposiciones de esta nueva ley estén alineadas tanto con la protección del consumidor como con el crecimiento y la viabilidad de las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son pilares cruciales de nuestra economía», explicó Obeth N. Seguinot, presidente de la Asociación de Comercio Electrónico de Puerto Rico.
«Las empresas se pueden ver afectadas con un tipo de proyecto de esta naturaleza», agregó Seguinot, quien explicó en entrevista con Microjuris los posibles impactos que podría tener la medida de ser aprobada y los costos asociados al cumplimiento que generarían.
Mencionó que le preocupa el efecto inmediato que podría tener la medida porque muchas empresas «no tenían ni conocimiento de la medida». De igual forma, señaló la ambigüedad del lenguaje del proyecto legislativo porque no es específico sobre el uso del lenguaje, a manera de ejemplo.
La medida legislativa, de la autoría del representante José Bernardo Márquez y la representante Estrella Martínez Soto, plantea que se busca proteger al consumidor puertorriqueño, basada en gran medida en el Model State Privacy Act, elaborado por la organización de abogacía por los derechos de los consumidores, Consumer Reports.
«Somos conscientes de que las medidas propuestas, incluyendo regulaciones sobre la recopilación, uso y almacenamiento de datos personales, así como limitaciones en prácticas como el Data Mining y la retención de datos, buscan salvaguardar a los consumidores. Sin embargo, queremos enfatizar la importancia de considerar el impacto económico y operativo que estas medidas pueden tener en las empresas locales, especialmente en las PYMES», agregó.
Proponen sugerencias
- Incluir en el proceso de revisión y desarrollo del proyecto la perspectiva y experiencia del sector privado, asegurando que las medidas propuestas sean beneficiosas y aplicables en el contexto de Puerto Rico.
- Establecer un período de transición razonable para la implementación de la ley, permitiendo que las empresas se adapten de manera gradual a las nuevas normativas.
- Proveer recursos, orientación y capacitación específica para las PYMES, facilitando su transición hacia el cumplimiento de las regulaciones sin impactar negativamente su operatividad y competitividad.
La medida afirma que el modelo elaborado por esta organización es uno abarcador, que dispone para el derecho a la eliminación de información personal, la portabilidad de la información, el derecho a corregir información inexacta, las protecciones contra el discrimen y los mecanismos para hacer valer la política pública a favor de la protección de los consumidores.
De esta manera, se busca proteger la injerencia de los consumidores en el manejo de sus datos personales, que en la sociedad contemporánea se monetizan indiscriminadamente para fines comerciales.
Durante la evaluación legislativa, la medida contó con el aval del Departamento de Asuntos del Consumidor, el Departamento de Justicia y la ciudadanía, que incluyó estudiantes del curso Cyber Law de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.