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Un grupo de ciudadanos mantiene una demanda en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra fábricas que operan en el archipiélago boricua que usan un compuesto que es un conocido carcinógeno.
El gas llamado Ethylene oxide («EtO») es usado industrialmente para esterilizar equipo médico y para preservar comida, pero es identificado como un producto asociado al cáncer por entidades como la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés.
La exposición a este químico se vincula con diversos tipos de cáncer como el de seno, el de páncreas, el de sangre, el de estómago, y cerebral. Además, se asocia con abortos, leucemia, linfoma, y mutaciones genéticas.
«En las zonas circundantes a estos centros de esterilización en Puerto Rico se registra un elevado número de casos de cáncer. En 2019, Salinas reportó 140 casos confirmados de cáncer, entre las tasas de incidencia más altas de Puerto Rico», reza la demanda.
Asimismo, indican que estudios recientes indican que estas industrias suelen ser ubicadas cerca de comunidades de personas de color, pobres y que no hablan inglés como su idioma principal.
Los demandantes piden que el caso se convierta en uno de clase y los demandados son Mays Chemical Company of Puerto Rico, Inc., Balchem Corp., Customed, Inc., Edward LifeSciences Technology Sarl, Medtronic PR, Inc., y Steri-Tech, Inc.
«Los demandados nunca informaron a los residentes de estas comunidades puertorriqueñas ni a a los que van a la escuela, viven, rezan o trabajan cerca de que emite sistemáticamente EtO al aire, ni les advirtieron de que respiran de forma rutinaria y continua un conocido carcinógeno humano», afirmaron en la demanda.
Aunque los demandantes iniciales son de Salinas, las empresas demandadas tienen instalaciones no solo en Salinas sino también en Villalba, Fajardo y Añasco.
La demanda de 26 páginas se encuentra actualmente en espera de una resolución del tribunal a mociones conjuntas relacionadas al trámite de descubrimiento de prueba y paralización de términos.
En el tracto electrónico del caso los demandantes son identificados como Iris M. Rivera-Vargas, José Luis Mateo-Pérez, Elba Meléndez-Figueroa, Jeanette Pérez-Maceira, Liliam M. Ortiz, Idalia Vargas-Gratacos, Yamel Santiago-Rivera, Danisha M. Ortiz-Santiago, Llanibel Colon-Sánchez, y Juana Castro-Moreno.
En la demanda se alegan diversos tipos de negligencia, responsabilidad estricta, restitución, y violación estatal de estorbo público. Además de pedir que se establezca un pleito de clase, se solicita una orden de interdicto prohibiendo acciones de las demandadas, que se paguen honorarios de abogado y una compensación de más de $75,000 para cada demandante.
