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Según la Junta de Supervisión Fiscal, la estructura del mercado laboral de Puerto Rico hace que la isla sea vulnerable a la disminución del empleo en el sector formal a causa de la promulgación de la Ley 41.
Con el objetivo de que se despeje el camino para la implantación de la Ley 52 y para la transición del impuesto de las compañías foráneas hacia un nuevo régimen de contribución sobre ingresos.
La Junta de Supervisión Fiscal envió una carta al director ejecutivo de la AAFAF, Omar Marrero.
Al no presentar la Certificación Fiscal, AAFAF está actuando en incumplimiento con la Ley PROMESA.
El ente fiscalizador divulgó su informe anual para el año 2022.
El ente fiscalizador pautó el 4 de agosto como fecha límite para que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anuncie que no implementará la legislación.