El Secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, anunció junto a Margarita Mercado Echegaray, Procuradora General, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expidió el recurso de certiorari presentado por el ELA para que se revise la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 20 de marzo pasado sobre el caso Pueblo v. Sánchez Valle, también conocido como el caso sobre doble exposición.
El recurso de certiorari es totalmente discrecional. De los miles de certiorari que se presentan anualmente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este foro sólo acoge un 1% de ellos. Para esta primera conferencia correspondiente al inicio del término 2015-2016, el más alto foro judicial tuvo ante sí cerca de 2,000 casos de los cuales sólo expidió 13.
El ELA recurrió en julio de la decisión de una mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico en la que se resolvió que Puerto Rico no tiene soberanía distinta a la de los Estados Unidos por lo que el sistema de justicia de Puerto Rico queda impedido de radicar cargos por los mismos hechos por los que ya la jurisdicción federal hubiera acusado. Esta doctrina se conoce como “doble exposición” o “doble jeopardy” en inglés.
“Este es el primer certiorari que el Supremo federal acoge sobre una controversia que involucra al Gobierno de Puerto Rico desde los años noventa. Las últimas decisiones del Supremo federal atendiendo casos de Puerto Rico son del año 1993. Felicito a la Procuradora General, Margarita Mercado Echegaray y al licenciado Christopher Landau, por la dedicación que han puesto en este caso. Se trata de un caso sumamente importante para la justicia y la lucha contra el crimen en Puerto Rico. Es por ello que estamos convencidos en que tenemos razón en este caso al insistir en que se reconozca que Puerto Rico y los Estados Unidos son jurisdicciones distintas, por lo que no aplica la doctrina de doble exposición”, explicó Miranda.
En el último caso de Puerto Rico visto por el Supremo Federal en 1993 fue Vocero de Puerto Rico v. Puerto Rico, en el que el máximo foro federal revocó una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y dispuso que la vista preliminar en casos penales graves en Puerto Rico, debe ser pública.