Justicia y Corrección apoyan medida que otorga más privilegios a confinados en casos de demandas

Justicia y Corrección apoyan medida que otorga más privilegios a confinados en casos de demandasEl Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) favoreció ayer eximir del requisito de notificación por correo certificado y extender el término de notificación de 90 a 120 días a aquellos demandantes contra el Gobierno que se encuentren ingresados en una institución correccional.

El Departamento de Justicia (DJ), en tanto, favorece la pieza legislativa solamente en aquella parte sobre la notificación, pero no así en la extensión a 120 días.

Ambas posiciones se plantearon durante una vista pública de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado, que preside la senadora Itzamar Peña Ramírez, en la que se consideró el Proyecto del Senado 2479, de la autoría de la senadora Melinda Romero Donnelly, en la que se propone enmendar la Ley de Pleitos Contra el Estado Libre Asociado a los fines de eximir del requisito de notificación por correo certificado y extender el término de notificación a aquellos demandantes que se encuentren en una facilidad correccional.

La medida dispone que en aquellos casos en los que la parte demandante se encuentre ingresada en una facilidad correccional, la notificación escrita se podrá realizar por correo ordinario. Bajo estas circunstancias, se deberá acompañar con la notificación una notificación de envío a ser provista por la Administración de Corrección, en la que se acredite fecha y hora de envío.

En cuanto a la extensión del término, el DJ se opone porque entiende que ello se prestaría para que en el futuro se extienda a otros grupos. El DCR, representado por el Lcdo. Eric Rolón Suárez, se expresó indiferente a que se deje el término tal como está actualmente en la Ley, 90 días, o que se extienda a los 120 días.

En tanto, Rolón Suárez informó que el DCR tiene un funcionario en cada una de las instituciones penales encargado de asegurarse que toda comunicación llegue a manos de los confinados. “En caso de enfermedad, la Agencia tiene que hacer los arreglos para buscar un sustituto”, dijo.

No obstante, la senadora Peña Ramírez planteó que en una visita que realizó a la Penitenciaría El Zarzal, de Río Grande, encontró que uno de los confinados le relató cuan difícil se le hizo entregar un documento a la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLP) a través de la funcionaria sociopenal, quien se encontraba de vacaciones.

“Sorprendente, por demás, había una persona, que era la que se suponía que estuviera
sustituyendo a la empleada, que miró el expediente y no pudo resolver su petición. Estaba pidiendo que le dieran copia del documento de la JLP. Pasó el tiempo y cuando regresó la sociopenal, fue cuando le entregaron copia del mismo, pero, no obstante, había pasado el tiempo para plantear su caso ante la Junta”, dijo Peña Ramírez.

Rolón Suárez expresó que se han tomado medidas para corregir esta situación que, según él, es muy diferente a cuando se habla de otro tipo de comunicación, como una carta de un familiar. “En este aspecto, en el que se habla estrictamente legal y de justicia, el DCR ha mejorado el acceso a los tribunales. Esta medida facilita mucho al miembro de la población penal a la hora de tener algún tipo de demanda por violación a los derechos civiles”, expresó.

“Con esta medida, estamos sustituyendo un correo certificado por una certificación del DCR, que a su vez, le provee economías al confinado. El proyecto es muy cónsono con la política de la Administración, que es generar economías. La medida es clara, se está limitando a la población correccional. No se está abriendo la puerta para otros tipos de instituciones”, agregó Rolón Suarez.

Por otra parte, la senadora Peña Ramírez expresó que a ella le preocupa y no está de acuerdo con un planteamiento del DJ, en el sentido de que una persona que está confinada, no se encuentra en desventaja frente a un ciudadano particular.

En tanto, el Lcdo. Amid José Torres, representando al DJ, expresó que están en igualdad de condiciones porque pueden mostrar justa causa, cuando no puedan lograr la notificación a tiempo o no la hayan hecho.

Sobre el particular, Peña Ramírez respondió que la premisa es correcta si se refiere específicamente a que la ley no discrimina. “Ahora, lo que a mí me preocupa de la premisa es que, precisamente el confinado o confinada no tiene ni las herramientas, la oportunidad ni los recursos para poder ejercer ese derecho, como lo tiene cualquier persona de la libre comunidad”, puntualizó.

Torres, no obstante, indicó que su apreciación es que el acceso que tienen es tal, que
actualmente hay alrededor de 500 casos incoado por daños y perjuicio en los tribunales
estatales y 20 en los tribunales federales. “A lo que a usted se refiere de que no tienen acceso a ciertas asuntos, nosotros entendemos que ese es un aspecto administrativo, que se tiene que atender el DCR. Por otra parte, yo creo que es razonable que se mantenga el término de 90 días y que se proceda con la certificación del DCR, como propone la medida. Esto es más razonable que el propósito de la medida original”, sostuvo.

“Dentro de la realidad, a mí no me parece irrazonable que se aumente el término a 120 días. Esto no es abrir las puertas para todo el mundo. La medida es clara y es específica, que sería para la población penal, mientras esté confinado”, aclaró la Senadora.

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