Supremo indica que la reducción de custodia es un elemento esencial en el proceso de rehabilitación de aquellos confinados que la ameritan

Lea el documento completo: [2012TSPR90]

Partes: Jacinto López Borges, Recurrido v. Administración de Corrección, Peticionario

Este caso trata sobre la Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación de 2004:  Reclasificación de custodia.

“El confinado Jacinto López Borges tiene 47 años de edad. Los últimos 21 años de su vida ha estado encarcelado en una prisión de máxima seguridad por haber robado dos veces cuando tenía 19 años y otra vez cuando tenía 26 años, lo que conllevó que lo declararan reincidente habitual y, por consiguiente, lo sentenciaran a separación permanente de la sociedad. Durante su tiempo en la cárcel, recibió tratamiento para su adicción a sustancias controladas y se certificó que ya no necesita atención para esa enfermedad. Asimismo, estando en prisión, terminó su grado de cuarto año de escuela superior y completó los talleres de crecimiento personal y las terapias psicológicas Aprendiendo a Vivir Sin Violencia. También está trabajando en el área de Empaque de la institución, a pesar de que no recibe bonificaciones por ello. El señor López Borges no tiene querellas disciplinarias y, en su evaluación de reclasificación de custodia, recibió una puntuación objetiva que le hubiese permitido permanecer en una cárcel de seguridad mínima, por no haber presentado problemas de conducta en el sistema correccional.”

 “Debido a que la Ley de Mandato Constitucional de Rehabilitación no excluye a los reincidentes habituales, pues está dirigida a toda la población penal, y a que la reducción de custodia es un elemento esencial en el proceso de rehabilitación de aquellos confinados que la ameritan, se confirma la Sentencia del Tribunal de Apelaciones y se ordena a la Administración de Corrección realizar una nueva evaluación de reclasificación que no esté limitada por los artículos sobre reincidencia habitual del Código Penal de 1974. ”

Los abogados de la Oficina del Procurador General son la Lcda. Zaira Z. Girón Anadón, Subprocuradora General, y la Lcda. Sylvia Roger Stefani, Procuradora General Auxiliar.  El abogado de la parte recurrida es el Lcdo. Pedro J. Reyero.

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