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ACLU, Colegio de Abogados y Amnistía Internacional hacen llamado a cordura y respeto al derecho

EleccionesEl domingo, 4 de noviembre de 2012, la Honorable Jueza del Tribunal Federal para Puerto Rico, Carmen Consuelo Cerezo, emitió una orden de medida cautelar para preservar el voto de sobre 300,000 personas que fueron removidas de las listas de potenciales electores y electoras de Puerto Rico. La Jueza emitió su orden conforme la jurisdicción que previamente el tribunal había adquirido; jurisdicción que retuvo aun cuando dos días previos el tribunal federal apelativo en Boston resolviera asuntos relacionados a la controversia ante dicho foro.

En su orden de ayer, la Jueza impartió instrucciones a la Comisión Estatal de Elecciones para que no se obstruyera el voto de las electoras y los electores excluidos de las listas de Puerto Rico, permitiéndosele que voten por añadidura hasta tanto el Tribunal tenga la oportunidad de pasar juicio sobre el derecho planteado por ambas partes en el pleito, luego que el viernes el circuito de apelaciones federales en Boston enviara el caso nuevamente a la jueza.

El derecho al voto es pilar de los sanos procesos democráticos que todos los países aspiran; derecho consagrado en la Constitución de Puerto Rico y en la de Estados Unidos como fundamental, así mismo lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Las organizaciones que suscriben el presente comunicado, preocupadas por la postura tomada por la presente administración de desafiar la orden del Tribunal, estarán pendientes de todo lo que pudiera acontecer en el país durante los comicios de mañana 6 de noviembre de 2012, como resultado de posibles actos de alegada desobediencia civil, según han anunciado líderes del partido de mayoría y sus representantes electorales. La supresión del derecho al voto es una ofensa grave a la democracia, por lo que la exclusión de sobre 300,000 votos potenciales que podrían ser legítimos no es nada menos que una desgracia nacional y ciertamente ofende principios de derechos humanos consagrados en la Constitución.

Hacemos un llamado a la cordura y comportamiento civilizado de nuestras y nuestros líderes; para que permitan y fomenten que la ciudadanía se exprese en las urnas sin temor de violencia u otras eventualidades. Estos votos serán separados para luego ser contados si es que así lo resuelve y permite el Tribunal. Mientras tanto, permitir que las electoras y los electores excluidos participen pacíficamente en los comicios pautados para mañana en nada afecta los resultados de las elecciones. De igual manera, queremos aclarar a las voluntarias y los voluntarios, a las trabajadoras y los trabajadores en los sitios de votación que cualquier intento de intimidar o de otro modo intervenir con el derecho al voto constituye un delito y desacato al Tribunal y conlleva consecuencias criminales para esa persona.

Hacemos un llamado a los abogados y abogadas del país a que en sus lugares de votación estén pendientes a cualquier intento de intimidación contra un votante o cualquier otro intento de suprimir el voto de cualquier elector o electora. De igual manera les pedimos que contacten a la ACLU, al Colegio de Abogados de Puerto Rico y Amnistía Internacional Puerto Rico con información que obtengan sobre cualquier atropello electoral. Los abogados y abogadas que así lo deseen podrán además unirse a una lista de recursos disponibles para cualquier recurso urgente que sea necesario presentar ante los foros con jurisdicción.

Firman:

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