Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo reitera que órdenes de allanamiento sin indicar fundamentos para expedición serán inválidas

Supremo reitera que órdenes de allanamiento sin indicar fundamentos para expedición serán inválidasDescarga el documento: Pueblo v. Richard Rolón Rodríguez

El 21 de marzo de 2013, el agente José L. Ramos recibió una llamada mediante la cual un confidente anónimo le informó acerca de alegadas actividades relacionadas al trasiego de drogas en una residencia de tres niveles en el Barrio Galateo del Municipio de Toa Baja. El confidente indicó que un individuo, conocido como Richard, almacenaba y distribuía sustancias controladas. El 2 de abril de 2013, luego de recibir instrucciones por parte del su superior, el agente Ramos se personó a las inmediaciones de la residencia y observó un automóvil marca Toyota que se detuvo frente a la residencia a las 7:30 a.m. El agente declaró que se intercambiaron unas bolsas plásticas trasparentes en dicho lugar.

Posteriormente, el Sargento José J. Jiménez Hernández ordenó al agente solicitar una orden de allanamiento. Dicha orden se gestionó el mismo día en el tribunal municipal. El día siguiente se allanó la residencia y se ocuparon tres bolsas transparentes que contenían aproximadamente una libra de marihuana, 600 bolsas pequeñas de picadura de marihuana y 143 bolsas pequeñas de cocaína. El ministerio público presentó dos denuncias en contra del Sr. Richard Rolón Rodríguez imputándole posesión con intención de distribuir. Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia encontró causa probable para juicio.

El 23 de septiembre de 2013, el representante legal del Sr. Rolón Rodríguez solicitó la supresión de la evidencia al amparo de la Regla 234 de las Reglas de Procedimiento Criminal. Alegó que la orden de allanamiento no estuvo acompañada por la declaración jurada y no contenía los motivos o fundamentos para su expedición, conforme las exigencias de la Regla 231 de las Reglas de Procedimiento Criminal. Alegó también que al desconocer los fundamentos que dieron base a la expedición de la orden de allanamiento, se le infringió al acusado su derecho a un debido proceso de ley. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud presentada. Indicó que lo que valida la orden de allanamiento es el examen que hace el magistrado de la declaración jurada que se presenta ante su consideración y no el resumen que de ella se haga en el formulario de la orden.

Inconforme, el Sr. Rolón acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones denegó revisar la resolución y manifestó que no se logró rebatir la presunción de legalidad de la orden de allanamiento. Inconforme nuevamente, el Sr. Rolón acudió al Tribunal Supremo.

La controversia del presente es caso es la siguiente: ¿Es válida una orden de allanamiento que omite en su formulario los hechos y fundamentos que dieron base a su expedición?

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió la opinión del Tribunal. Manifestó que la sección 10 del artículo II de la Constitución de Puerto Rico exige el requisito de causa probable y de razonabilidad como exigencias sustantivas a la hora de emitir una orden de allanamiento. También indicó que dicho artículo requiere exigencias procesales como: (1) que la causa probable esté basada en juramento o afirmación; (2) que la orden incluya una descripción detallada del lugar a ser allanado, las personas y cosas a registrarse y los objetos a ser ocupados.

Por otro lado, indicó que muchas jurisdicciones estatales han impuesto requisitos adicionales a la expedición y diligenciamiento de órdenes de allanamiento con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal y atemperarlas con las disposiciones de sus constituciones estatales. Esbozó que en nuestro caso, la Regla 231 de Procedimiento Criminal exige requisitos adicionales. Dicha Regla exige que surja de la orden de allanamiento los fundamentos para su expedición. Arguyó que el requisito que impone la Regla 231 de Procedimiento Criminal no constituye una mera formalidad excusable sino parte esencial del derecho de un ciudadano a un debido proceso de ley.

En síntesis, una orden de registro y allanamiento que no contenga los fundamentos que dieron base a su expedición, o un resumen de éstos, será insuficiente de su propia faz, aún si ésta se acompaña de la declaración jurada que los contenga. Esto provocara que la evidencia obtenida mediante ésta no será admisible en los tribunales.

Concluyó lanzándole una advertencia al Estado. Adujo que incorporar en las órdenes de allanamiento la frase “todo aquello que constituya violación a la ley” cuando estén describiendo lo que estará sujeto a la orden, carece de valor jurídico y podría provocar supresiones de evidencia por dichas instrucciones adolecer de la especificidad que requiere la Constitución.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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