Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo explica efectos de subrogar derecho a cancelar póliza de seguros a favor de agencia de financiamiento

Supremo explica efectos de subrogar derecho a cancelar póliza de seguros a favor de agencia de financiamientoDescargar el documento: Miranda Ortiz v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico

El 21 de agosto de 2003, la Sra. Linda S. Miranda Ortiz suscribió un contrato de arrendamiento de vehículo con Eurolease, donde se comprometió a obtener un seguro contra toda pérdida. El 31 de agosto de 2004, la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico emitió la póliza a favor de esta para asegurar el vehículo arrendado. La póliza tuvo un costo total de $1,115.00.

No obstante, la Sra. Linda S. Miranda Ortiz obtuvo un financiamiento por parte del Banco Cooperativo de Puerto Rico para el pago de primas de la aludida póliza de seguro. La Sra. Miranda Ortiz se obligó a pagar un pronto pago de $404.00 y seis plazos de $125.61 cada uno, para un total por concepto de primas de $1,115.00 y $42.66 por cargos por el financiamiento.

La Sra. Miranda Ortiz realizó el primer pago el 15 de octubre de 2004, por la cantidad de $131.89. El referido cheque incluía el pago mensual de financiamiento para el mes de octubre y una penalidad por haberse realizado con atraso. Los plazos de noviembre 2004 a enero 2005 fueron pagados con un cheque por $389.39, el cual fue emitido el 12 de enero de 2005 y recibido por el Banco el 19 de enero de 2005. Este cheque reflejó la cantidad acordada en el contrato por concepto de mensualidad, más una penalidad correspondiente a los atrasos.

No obstante, la Sra. Miranda Ortiz no realizó el pago correspondiente al 1 de febrero de 2005. Este incumplimiento provocó que el Banco le solicitara a la Cooperativa de Seguros Múltiples la cancelación de la póliza. Se había acordado en el contrato de seguro que la falta de pago de cualquier término vencido por más de quince días conlleva la renuncia de la recurrida a la cubierta de la póliza. La Cooperativa notificó la póliza sería cancelada el 5 de marzo de 2005 si el Banco no recibía el pago adeudado en los diez días subsiguientes a la notificación. No se recibió tal pago, por lo que se procedió a cancelar la póliza.

Así las cosas, el 6 de junio de 2005 la Sra. Miranda Ortiz sufrió un accidente en el vehículo arrendado. La Cooperativa denegó cubierta por dicho accidente alegando que la póliza había sido cancelada el 5 de marzo de 2005. Eurolease demandó a la Sra. Miranda Ortiz por la cantidad de $28,106.31 por concepto de la pérdida del vehículo. La Sra. Miranda Ortiz contestó la demanda y presentó una demanda contra tercero contra la Cooperativa para que respondiera como aseguradora del vehículo. La Cooperativa adujo que la póliza no estaba vigente a la fecha del accidente porque fue cancelada previamente por falta de pago.

El 5 de febrero de 2010, luego que la Cooperativa y la Sra. Miranda Ortiz presentaran mociones de sentencia sumaria, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de la Sra. Miranda Ortiz. Inconforme, la Cooperativa acudió al Tribunal de Apelaciones.

El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del foro primario arguyendo que la aseguradora estaba impedida de cancelar la póliza, pues si el contrato de financiamiento no se hace parte de la póliza, la falta de pago a una entidad que otorga el financiamiento de una póliza no puede ser equiparado a la falta de pago a la aseguradora como fundamento para la cancelación de la póliza. La Cooperativa de Seguros Múltiples presentó una reconsideración y adujo que el foro intermedio erró al aplicar el caso S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009) a la presente controversia. Denegada la reconsideración, la cooperativa acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Puede una institución que financió una póliza de seguro solicitar la cancelación de la póliza a la aseguradora a pesar de que el contrato de financiamiento no formó parte de la póliza?

El Hon. Erick Kolthoff Caraballo fue el juez ponente del presente caso y contestó la interrogante de la controversia en al afirmativa. Manifestó que como regla general, en el campo de los seguros las partes no tienen derecho a rescindir o cancelar el contrato, excepto si las partes así lo han estipulado expresamente en el contrato, o si una de las partes ha incumplido el contrato. Indicó que una vez cancelada la póliza, el asegurado no es responsable del pago de primas posteriores a la cancelación y el asegurador queda libre de toda responsabilidad por hechos que surjan después de ser efectiva la cancelación.

No obstante, el Supremo reiteró que cuando la cancelación es a petición de la compañía aseguradora, para ser válida es requisito previo la devolución de las primas correspondientes al período que a partir de la cancelación restarían hasta la fecha de expiración de la póliza. Ver: Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 DPR 689, 695 (1978).

Esbozó que en el caso de Reyes Ayala v. Torres Amaral, et al., 130 DPR 743 (1992), el Supremo estableció que cuando un asegurado cede por medio del contrato de financiamiento el derecho a cancelar la póliza de seguro a la institución financiera, dicha cancelación se hace como si hubiera sido hecha por el propio asegurado.

Por otro lado, expresó que el Supremo tuvo nuevamente el asunto sobre la cancelación de pólizas a solicitud de la institución financiera y sus consecuencias en el caso S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED. Allí se estableció que para que un contrato de financiamiento de póliza de seguro pueda modificar la póliza, el contrato de financiamiento tiene que formar parte de la póliza de seguro.

El Hon. Erick Kolthoff Caraballo sostuvo que la cancelación de la póliza no fue iniciativa de la compañía aseguradora por falta de pago, sino una a solicitud del asegurado a través de la entidad que ofreció el financiamiento. Esto pues, conforme el contrato de financiamiento, la Sra. Linda S. Miranda Ortiz le confirió el derecho de subrogación al Banco al momento de contratar el financiamiento, si esta incumplía con sus obligaciones de pago.

Concluyó diciendo que en el caso S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 372 (2009) el Supremo determinó que para que un contrato de financiamiento pueda alterar o modificar los términos y condiciones de una póliza de seguro, se requiere que el contrato de financiamiento forme parte de la póliza. Como en el presente caso no hubo modificación de los términos y condiciones, sino un acto de subrogación de parte, no se requiere tal acción.

La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez y la Hon. Maite Oronoz Rodríguez concurren con el resultado sin opinión escrita.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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