Clarificación de aranceles del Registro de la Propiedad

Clarificación de aranceles del Registro de la PropiedadDescargar documento: Enmienda la Ley de Exención de Pago de Ciertos Derechos al Gobierno de los Estados Unidos

Modifica los aranceles correspondientes a ciertas operaciones registrales, y aclara el lenguaje de dichas disposiciones, entre otros asuntos.

El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción de los actos y contratos relativos a las transacciones sobre bienes inmuebles. Ofrece publicidad, investida de la fe pública del Estado, sobre la naturaleza de los negocios que afectan los bienes inmuebles inscritos, a notarios, entidades bancarias, tasadores, estudiadores de título y el público en general. Por tanto, en el curso ordinario de hacer negocios, las personas interesadas en hacer transacciones relacionadas a propiedades inmuebles en Puerto Rico acuden al Registro para obtener información sobre los titulares de las propiedades, y las cargas o gravámenes que recaen sobre las mismas.

En su rol como organismo que ofrece certeza y seguridad pública sobre el estado de cargas y derechos que recaen sobre los bienes inmuebles, el Registro de la Propiedad es herramienta fundamental para el desarrollo económico del País. La inscripción extiende la fe pública al negocio inscrito y protege al adquirente en su adquisición. Equivale a una declaración pública por parte del Estado de que ese negocio es válido, a menos que un Tribunal declare lo contrario. Un registro inexacto, con atraso y que comprometa la fe pública del Estado, obstaculiza el movimiento de bienes inmuebles, el desarrollo de negocios y mina la confianza en la seguridad del tráfico jurídico de los bienes inmuebles en el País.

No obstante su importancia, en Puerto Rico la inscripción en el Registro de la Propiedad es voluntaria o rogada, debiendo ser solicitada por las personas interesadas en obtener la garantía del Registro, quienes habrán de abonar ciertos aranceles para activar la protección mencionada. Así, la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de Aranceles”, dispone que no se aceptará para presentación en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico ningún documento al cual no se acompañe los correspondientes comprobantes de pago del total de aranceles.

Por otro lado, algunos procedimientos registrales resultan sumamente laboriosos, y requieren invertir mucho tiempo y esfuerzo en la búsqueda de información y en el despacho de documentos, justificándose en dichos casos un ajuste en el arancel a pagar. No obstante, con excepción del ajuste que se hace al arancel de presentación como resultado de la total modernización y digitalización del Registro, así como el establecimiento de aranceles fijos por expedir certificaciones y por la inscripción de fusiones de corporaciones, esta Ley no deja dudas sobre el monto a pagar por las transacciones registrales, según interpretadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se sustituye el texto, confuso y complicado, de la actual Ley de Aranceles que data de hace más de cuarenta (40) años, a la vez que se reducen ciertos aranceles como las cuantías a pagar por cancelación o anotación de algunos gravámenes.

Así por ejemplo, se aclara que por la ampliación de una hipoteca el arancel a pagar es únicamente por el aumento sobre el anterior principal, mientras que si solamente se modifican intereses, el arancel de inscripción es de cuatro dólares ($4.00). También se aclara el arancel a pagar en casos de ejecución de hipoteca de conformidad con la norma establecida en Correa Sánchez v. Registrador, 113 DPR 581 (1982); Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 DPR 781 (1978) y otros, disponiéndose que no se incluirá en el cómputo del arancel la suma de hipotecas posteriores a la que se ejecuta.

Además, por estas mismas razones, y de conformidad con la autorización dispuesta por la Sección 14.005 del “Uniform Federal Liens Registration Act”, la presente medida establece un arancel a pagar por las agencias e instrumentalidades de los Estados Unidos por las anotaciones de embargo. Hasta el momento, Puerto Rico era la única jurisdicción en los Estados Unidos que no estaba cobrando estos aranceles. Al incorporarse el cobro en esta Ley, se adopta la norma prevaleciente en los Estados Unidos.

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