Algunos jueces del Supremo consideran inconstitucional partes del Canon 14 del Código de Ética Profesional

Supremo considera inconstitucional partes del Canon 14 del Código de Ética ProfesionalDescarga el documento: In re: Roberto Sueiro del Valle

El Lcdo. Roberto Sueiro del Valle representaba a TMTV Corp., cuyo presidente, el Sr. Antonio “Tony” Mojena Zapico, demandó en el foro federal a Mass Productions, Inc., corporación del señor Emmanuel Logroño Molina, por una controversia sobre la materia de derechos de autor. Se alegó que Mass Productions, Inc., infringió derechos de autor de TMTV Corp. al producir la producción televisiva conocida como “El condominio” por ser una apropiación indebida del programa “20 pisos de historia”. El Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico emitió una sentencia parcial que adjudicó derechos concernidos a TMTV Corp.

Posteriormente, el 9 de junio de 2005, el Sr. Logroño Molina presentó una querella contra el Lcdo. Sueiro del Valle alegando que este último emitió comentarios que atentaban contra su dignidad en el programa Súper Xclusivo. Luego de varios eventos procesales, el Lcdo. Sueiro del Valle alegó, entre otras cosas, que el Canon 14 del Código de Ética Profesional es inconstitucional. Sostuvo dicha aseveración indicando que el Tribunal Supremo federal en el caso Gentile v. State Bar of Nevada, 501 U.S. 1030 (1991) estableció que un abogado puede hacer expresiones sobre un pleito pendiente, siempre y cuando sus manifestaciones no tengan posibilidad de ocasionar un perjuicio sustancial.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó el archivo de la queja presentada por el Lcdo. Sueiro del Valle.

No obstante, la Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión de conformidad por haberse levantado la alegación de la inconstitucionalidad del canon 14 del Código de Ética Profesional. También se unió a dicha opinión el Hon. Luis Estrella Martínez. Manifestó que la comunicación que está prohibida por el canon aludido requiere que la expresión se comunique al público sobre un pleito pendiente, no sobre uno en el que se haya emitido una sentencia que sea final y firme. Reiteró que el abogado viene obligado a abstenerse aún cuando sus expresiones no tiendan a obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida administración de la justicia.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez realizó un recorrido por la jurisprudencia interpretativa del Canon número 14 del Código de Ética Profesional. Destacó que los primeros casos en donde el Supremo local dirimió controversias relacionadas al canon aludido no se estableció una interpretación robusta sobre el mismo porque los casos estaban relacionados a querellas contra abogados que ejercían funciones oficiales en la rama ejecutiva y legislativa (como el Secretario de Justicia y Representantes). Precisó que el presente caso es un distinto porque trata de un pleito civil que, al momento de hacerse las expresiones, no había concluido del todo.

Con relación a la limitación constitucional que le impuso el Tribunal Supremo federal a las jurisdicciones estatales en el caso Gentile v. State Bar of Nevada, 501 U.S. 1030 (1991), indicó que lo resuelto allí impone unas limitaciones mínimas irreductibles que los estados pueden ensanchar a base de la doctrina del ámbito mínimo federal. Los requisitos mínimos que establece dicho caso en los códigos de conducta de abogados son: (1) que la prohibición no adolezca de vaguedad y/o amplitud excesiva –lo cual es imperativo constitucional insoslayable en materia de libertad de expresión- y; (2) que tal prohibición esté estrechamente relacionada con intereses trascendentales que informan la profesión legal y que el Estado legítimamente pretende vindicar, entre otros: procurar que los procedimientos judiciales sean imparciales y velar por la sana administración de la justicia; (3) la prohibición o restricción de que se trate ha de ceñirse a determinado procedimiento adjudicativo en curso. En síntesis, el caso Gentile establece que se pueden restringir las expresiones de un abogado que tengan una “probabilidad considerable de perjudicar sustancialmente” un proceso adjudicativo, nada más.

En consonancia con dicho estándar mínimo federal, la Hon. Rodríguez Rodríguez indicó que en Puerto Rico los abogados deberán evaluar: (1) si sus expresiones extrajudiciales serán o podrían ser difundidas públicamente; (2) si éstas podrían, o hubieran podido, perjudicar sustancialmente el pleito o proceso adjudicativo al que se refieren y en el cual el letrado interviene o intervino. Es importante destacar que el perjuicio sustancial esta relacionado a velar por la imparcialidad de los procedimientos y la sana administración de la justicia. Acentuó que las expresiones que se examinen bajo este estándar habrán de evaluarse en el contexto en el que fueron proferidas y que factores como la reputación del cliente y el interés público de la controversia habrán de tomarse en consideración.

Por otro lado, analizando la constitucionalidad del texto del Canon 14 a la luz del estándar previamente esbozado, determinó que la limitación que se impone sobre el abogado de abstenerse de publicar, o de cualquier manera facilitar, la publicación (a través de medios de comunicación o informativos-) de detalles u opiniones sobre pleitos pendientes o futuros es constitucional. No obstante, sostuvo que la frase “[e]n caso de que las circunstancias extremas de un pleito específico justifiquen ofrecer una información al público, será impropio hacerlo anónimamente” es inconstitucional por adolecer de vaguedad. Finalmente arguyó que limitar las expresiones permitidas del abogado a citas que consten en el expediente judicial es inconstitucional por ser una directriz excesivamente amplia.

Concluyó diciendo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no se puede cruzar de brazos sobre asuntos inherentes a la regulación de la profesión legal, máxime cuando éstos inciden en el ejercicio cabal de derechos constitucionales.

El Hon. Rafael Martínez Torres emitió una opinión de conformidad a la cual se unió la Hon. Mildred Pabón Charneco. Manifestó que por causa de una dejadez del Tribunal Supremo local, normas éticas vigentes no se ajusten al estándar mínimo garantizado por la Constitución federal. Indicó que no hay que reinventar la rueda y que la “bola estaba en la cancha” del Tribunal Supremo. Recomendó el uso en su totalidad de las las Reglas Modelo de Conducta Profesional de la American Bar Association (ABA), las cuales rigen de manera uniforme en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos.

Por otro lado, señaló que el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial se encuentra en medio de un proceso de evaluación de los comentarios presentados por la comunidad legal en reacción al Proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico y al Proyecto de Reglas de Procedimiento para Asuntos Disciplinarios de la Abogacía y la Notaría. Confió que tan pronto reciban el informe del Secretariado puedan adoptar, en el mayor grado posible, las Reglas Modelo de la ABA.

Finalizó diciendo que le preocupaba que la queja del presente caso se presentó en el año 2005 y no es hasta el año 2016 que se dispuso de la querella. En respuesta a dicha dilación, mencionó lo siguiente: “Los abogados en Puerto Rico no pueden estar sujetos a la incertidumbre que produce un procedimiento disciplinario tan extenso, máxime cuando lo que está en juego es su licencia para practicar la abogacía en la Isla”.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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