Senado aprueba proyecto para prevenir violencia doméstica desde el ámbito laboral

Licencia especial para empleados del gobierno en casos de violencia domésticaEl Senado aprobó esta semana un proyecto de ley que requiere a todo patrono del sector público y privado que ofrezca orientaciones continuas sobre la prevención de casos de violencia de género y le otorga al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la potestad para penalizar a los patronos por no implantar la Ley 217 del 2006 que requiere a todo patrono la implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo, con el propósito de fortalecer los esfuerzos de prevención e intervención en casos de violencia doméstica.

El Proyecto del Senado 308, es de la autoría del senador Luis Daniel Rivera Filomeno. Rivera Filomeno destacó que “las estadísticas de casos de violencia doméstica ofrecidas por la Policía de Puerto Rico revelan la necesidad urgente de auscultar alternativas adicionales para lograr mayor efectividad en la prevención y erradicación de la violencia doméstica.”

“Esta Asamblea Legislativa entiende necesario continuar promoviendo la política de combatir la violencia con programas de medidas preventivas y de seguridad efectivas que contribuyan al manejo adecuado de casos que eventualmente pueden traer elementos de peligrosidad o riesgos al ambiente de trabajo”, añadió.

No obstante, la procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez, manifestó que aunque está a favor del proyecto, está en contra de que la medida le quite a su oficina la facultad de imponer sanciones por incumplimiento con dicha política pública.

“De la forma en que quedó aprobada la medida me da una sensación agridulce, porque nosotros en la Procuraduría teníamos un procedimiento bien agresivo de cumplimiento con la Ley 217-2006”, señaló Vázquez en entrevista con El Nuevo Día.

“Probablemente no fue algo intencional (excluir a la Procuraduría de la facultad de imponer sanciones). Quizás fue algo que se omitió involuntariamente y haya oportunidad de enmendarlo cuando el proyecto pase ahora a la Cámara de Representantes”, agregó.

Según la Procuradora la Ley 217-2006 no establecía específicamente a quién le correspondía la fiscalización e imposición de sanciones, por lo que la Procuraduría asumió la responsabilidad en virtud de su ley habilitadora.

Según la funcionaria, fue hasta el año pasado que se logró “por primera vez” fiscalizar a todas las agencias y municipios en cuanto a cumplimiento con la Ley 217-2006, imponiéndose multas que fueron confirmadas por el Tribunal Apelativo. A través de ello, actualmente siete agencias pasan por un proceso de asistencia técnica.

“Tal fue el caso del Municipio de Culebra, al que le impusimos una multa de $10,000 por no tener un protocolo de violencia de género. El Municipio apeló y el tribunal validó la multa. Hemos sido bien agresivos con este programa, hasta el punto que tenemos al gobierno, los municipios y la empresa privada cumpliendo”, añadió Vázquez.

Vázquez señaló que ya el Departamento del Trabajo tiene demasiadas responsabilidades, por lo que no conviene asignarle una que la procuraduría ya realiza.

“Nosotros somos una agencia independiente, autónoma y fiscalizadora, pero aun así nos dejaron fuera. Vamos a preparar nuestra presentación para que el proyecto se enmiende en la Cámara y nos incluyan en la facultad de imponer multas, porque todo lo demás está bien. Esto no afecta a nadie, al contrario”, culminó.

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