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Se querellan ante FBI bajo Ley ADA por uso de vagones móviles para votación

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El representante Jorge Navarro Suárez anunció la presentación de una querella ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y el Procurador de Personas con Impedimentos por el uso anticipado de vagones móviles como centros de votación durante las elecciones del 8 de noviembre. Según la querella, estos no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por la ley federal.

De acuerdo a Navarro, el cierre de la Escuela Felisa Rincón, que ha sido utilizada en la unidad 1 del Precinto 5 de San Juan desde hace varios eventos electorales, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) autorizó el centro de votación propuesto por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, consistente en dos vagones y una carpa a ser ubicada en el centro comunal del Barrio Canejas.

“La ley federal ADA, así como el Reglamento de la Comisión, es clara en que los centros de votación deberán tener energía eléctrica, baños y cumplir con criterios mínimos de accesibilidad para las personas con impedimentos, incluyendo rampas y estacionamientos para personas con impedimentos. Estos vagones no cuentan en forma alguna con estos requisitos, lo que será altamente incomodo e impedirá el acceso al centro de votación por parte de nuestros ciudadanos con impedimentos”, expresó.

Según Navarro, “el uso de vagones móviles en nuestra elección no sólo es ilegal, sino constituye un discrimen directo hacia nuestra población con impedimentos”. Esto, de acuerdo al comunicado, fue una directriz hecha por la propia presidenta de la CEE, Liza García, el pasado mes de agosto cuando le comunicó a las comisiones locales mediante escrito que los centros de votación tienen que contar con energía eléctrica, agua y servicios sanitarios. De igual forma, la funcionaria manifestó que el uso de unidades móviles como colegios de votación no sería favorecido por la CEE.

“Hacemos un llamado al Procurador de personas con Impedimentos para que cumpla con su deber ministerial y proteja a nuestra población con impedimentos, ya sea mediante intervención directa con la Comisión o mediante la presentación de las acciones legales correspondientes. Su inacción en este importante asunto es inaceptable”, puntualizó Navarro.

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