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Clínica de Asistencia Legal de Derechos del Consumidor asiste a deudores en la protección de sus hogares

Clínica de derechos del consumidor asiste a deudores en la protección de sus hogares

Clínica de Asistencia Legal de Derechos al Consumidor (Derecho UPR): Prof. Ricardo Ramos y los estudiantes Kareny Ramos y Edwin Mojica

En octubre de 2014, varios medios de comunicación en Puerto Rico reseñaron la apremiante situación en la isla de miles de familias que han perdido sus hogares por no tener los medios con que pagar sus hipotecas. Según el periódico Metro, solo este año, contado hasta el mes agosto, los bancos habían ejecutado 3,496 propiedades, suma que aumentaría a 5,125 según proyecciones. De igual forma, para esa misma fecha se estimó que habían cerca de 7,884 propiedades que reflejan más de 90 días de atrasos en el pago de su hipoteca y 18,021 en proceso de ejecución.

Es a raíz de esta preocupante situación que nació hace apenas escasos meses, la Clínica de Asistencia Legal de Derechos del Consumidor, que tiene como objetivo brindar asesoría y representación legal a los afectados por las hipotecas. Microjuris conversó con el profesor Ricardo Ramos y los estudiantes Kareny Ramos y Edwin Mójica, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico quienes nos hablaron sobre los objetivos de la Clínica, sus proyectos y el trabajo que hasta ahora se ha hecho.

La Clínica, al igual que sus homólogas en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, surgieron luego de que las tres instituciones se unieran para crear una propuesta para que se le otorgasen fondos para contribuir en la terrible y creciente situación de las ejecuciones de hipoteca. Una vez se proveyeron los fondos, las tres Clínicas comenzaron a operar en agosto del presente año. En la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, según el profesor y abogado Ricardo Ramos, la misma está compuesta por ocho estudiantes. La Clínica ha recibido cerca de 20 referidos y a pesar de que llevan poco tiempo organizando el plan de trabajo, han asumido representación legal en tres casos. En otros tantos han ofrecido la debida orientación legal.

“Los criterios para recibir nuestros servicios son esencialmente dos: que no puedes estar sobre el 200% del nivel de pobreza y que el préstamo, su principal original sea de $200,000 o menos y que no tenga representación legal. Se les orienta sobre dónde está el caso, si hay demanda radicada y si no, sobre cuáles son las posibilidades que tiene como retener o disponer de la propiedad”, explicó Ramos.

“¿Por qué ese segmento de la población?”, continuó Ramos, “porque hay un problema bien serio, una crisis sobre personas que están expuestas a perder su propiedad. Que si uno suma la data pueden que lleguen a 90,000 propiedades a ser ejecutadas. No necesariamente radicados (la demanda) en el tribunal, no que tienen problemas en el banco, pero sí que tienen problemas para hacer sus pagos y están atrasados”.

Por otra parte, la Clínica no se limitará a ofrecer servicios a clientes sino que también colaborarán con profesionales del Derecho, en vías de propagar el conocimiento que permita preparar abogados para que colaboren con este tipo de casos de forma pro bono, ya que los fondos con los que contará la Clínica sólo estarán disponibles por dos años.

Por su parte, el estudiante Edwin Mojica explicó que aunque la Clínica tiene como objetivo principal trabajar los casos de ejecución de hipoteca, estos evalúan los casos con un enfoque amplio que les permite colaborar con otras clínicas y referir aquellos clientes a otras clínicas de las que podrían beneficiarse.

“El enfoque es en el proceso de la acción de cobro de dinero y ejecución de hipoteca pero esto está atado a otro tipo de acciones. En términos generales, te puedo decir que he tenido casos donde la persona ha sido despedida de manera injustificada, según lo ha dicho. Ese no es nuestro enfoque, pero sí hemos tenido que trabajar diferentes situaciones”.

Uno de los asuntos que resaltó el profesor Ramos en la entrevista es que en ocasiones los clientes han comenzado el proceso de contestación de la demanda y comparecencia al tribunal por derecho propio. No obstante, este puntualizó la importancia de recibir orientación profesional.

“Este es un proceso bien duro por el que pasa la persona, tanto estar enfrentado a la otra parte, la más poderosa, el acreedor, puede ser difícil. El consejo es que busquen asesoramiento, busquen ayuda antes de enfrentar el proceso, porque hay unos derechos que si no contestas la demanda, por ejemplo, los pierdes, como es el derecho a la mediación obligatoria, la gente no lo sabe, hay mucha falta de información. Por eso estamos trabajando para divulgar más información sobre los derechos de los deudores en ese sentido. Definitivamente hemos tenido la experiencia de que algunos comienzan por derecho propio. Algunos lo hacen muy bien pero llega el momento en que el mismo tribunal le aconseja, hasta dónde es posible que puedan buscar ayuda o representación legal y se refieran a las escuelas”.

 

¿Por qué es importante obtener asesoría legal?

Según el profesor Ramos, la Ley 169 de 2016 establece un requisito al acreedor para que someta al deudor a un proceso de mitigacion de perdidas (“loss mitigation”). Ese proceso le presenta al deudor alternativas que tiene para lograr mitigar de alguna forma la pérdida del banco a través del planes de pago, moratoria, modificaciones de la hipoteca, ventas por debajo del valor de la propiedad, dación en pago (entregar la propiedad). Si no se da ese proceso antes de radicar la demanda, el tribunal no puede asumir jurisdicción.

La existencia de estas alternativas son desconocidas para los deudores. De ahí surge la importancia de buscar ayuda. Otro factor importante a conocer es sobre la necesidad de contestar la demanda y no ignorarla. Según el licenciado y profesor, una vez se contesta la demanda, el juez esta obligado – si esa es la vivienda principal de esa persona—a referir el caso a mediación.

Asimismo, es importante que todo deudor sepa que el proceso de ejecución de hipoteca se demora un tiempo razonable, de entre 12 a 18 meses, tiempo en el cual la situación económica de la persona puede cambiar.

“Otra cosa es que el acreedor no puede demandar al deudor a menos que tenga al menos 120 días de atraso (del pago de la hipoteca), mucha gente no sabe eso. Es complejo, no es sencillo y por eso hacen falta recursos como los que estamos brindando nosotros, porque la información que hay es muy poca”, recalcó el jurista.

El trabajo en la Clínica, además de contribuir a que los estudiantes adquieran conocimientos profesionales también les ha sensibilizado sobre la situación que viven las personas que requieren sus servicios. Para Kareny Ramos, la experiencia ha sido enriquecedora pero impactante.

“Así que aparte de lo mecánico, de saber qué estrategia vamos a escoger para llevar el caso, es el toque de humanizarse y entender antes que todo el problema tan difícil que la persona está llevando y tratar de orientarlo y ayudarlo lo mejor que uno pueda. Aquí estamos trabajando con personas a punto de perder su hogar”, explicó Kareny.

Complacido con la impresión de la estudiante, el profesor Ramos agregó que ese es precisamente uno de los propósitos de la clínica.

“Es interesante que el mismo propósito de la Clínica es desarrollar esa conciencia en el estudiante y esa sensibilidad hacia esas necesidades que hay, que no es lo más atractivo necesariamente. Una de las cosas que se busca, que yo promuevo, es que salgan con ese interés, y que mínimo, tengan el deseo de cumplir, aunque sea pro bono, o crear otras cosas porque hace falta”.

El profesor Ricardo Ramos explicó que la Clínica se propone reclutar abogados que estén dispuestos a hacer trabajo pro bono en casos de ejecución de hipoteca. Para más información, interesados pueden comunicarse a maria.jimenez9@upr.edu
o a los teléfonos 787.999.9570, 787-999-9579.

Por Zoan T. Dávila Roldán

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