Opiniones encontradas por futuro de 40 municipios tras decisión de jueza Swain

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Por un lado, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez explicó a Microjuris.com que la última decisión de la jueza Laura Taylor Swain podría dejar alrededor de 40 municipios sin poder operar. 

Sin embargo, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sostuvo que la decisión tendrá consecuencias mínimas en los municipios durante este año fiscal.

Las expresiones surgen luego que la jueza Swain, en una opinión de 33 páginas, anuló la Ley 29, que eximía a los municipios del pago de pensiones y el plan de salud.

Además, el tribunal concluyó que las resoluciones conjuntas para reasignaciones con fondos del año anterior se hicieron en violación a la Ley PROMESA, a menos que lo certifique la JSF.

En declaraciones escritas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, sostuvo que la decisión de la jueza Swain no tendrá un impacto mayor sobre los municipios porque la junta asignó $132 millones en transferencias a los municipios.

Jaresko también explicó que los reembolsos de fondos de Medicaid reducirán las aportaciones en gastos de cuidado médico que deben los municipios. Además, señaló que los municipios presupuestaron sus contribuciones a la Ley 29, pero que esos fondos ahora pueden ser redirigidos al pago de pensiones y los costos de cuidado médico adeudados.

Mientras, Swain proveyó tres semanas al gobierno de Puerto Rico y a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para que puedan llegar a un acuerdo sobre el pago que tendrían que hacer los municipios.

Emmanuelli Jiménez sostuvo que a nivel político y jurídico, la decisión reafirma el poder de la JSF para dejar sin efecto las leyes que sean contrarias al plan fiscal. También afirmó que la decisión es un golpe al “escaso gobierno propio que le queda a Puerto Rico porque siete personas no electas están determinando qué leyes son válidas”.

“El asunto es que si los municipios no hicieron una reserva por el tiempo que estuvo vigente la Ley 29, puede que no puedan operar”, agregó.

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A menos que el gobierno de Puerto Rico radique una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston o acierte un acuerdo con la JSF, los municipios tendrían que comenzar a cumplir con la determinación de la jueza Swain a partir del 6 de mayo.

“La gobernadora tiene que considerar si apela. Yo he dicho que este caso no ataca la validez de la Ley PROMESA. Solo atacan el alcance de la ley y yo no le veo mucha posibilidad a una revocación del primer circuito”, puntualizó Emmanuelli Jiménez.

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