Proponen medidas para atender intentos suicidas de menores confinados

Por Daniel Rivera Vargas

Un joven de 17 años de un pueblo del área oeste de Puerto Rico intentó suicidarse en al menos tres ocasiones desde marzo y, en la última ocasión, dijo tras atentas contra su vida que estaba escuchando voces. Antes de marzo, este adolescente nunca había intentado atentar contra su vida.

Desde ese mes, el joven fue encarcelado en una dependencia de la Administración de Instituciones Juveniles (AIJ), sostuvo su la abogada del adolescente, Athelyn Jiménez Emmanuelli.

“Estaba alucinando”, dijo Jiménez Emmanuelli, quien trabaja en la división de justicia juvenil de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

“Entiende el deterioro de salud mental que sufrió ese joven”, afirmó.

Entre julio y septiembre, unos 23 de los cerca de 100 menores que permanecen en instituciones juveniles han sido hospitalizados, ya sea por intentos o expresiones de suicidio, según revela una orden emitida por el juez Gustavo Gelpí.

En su orden, el juez plantea que hay “asuntos” entre el gobierno y sus contratistas, pero que esto no debe justificar que se dejen de dar los servicios a esta población.

Gelpí, que preside la corte federal en Puerto Rico, citó a una vista sobre este caso para el viernes y espera que haya un acuerdo o tomará medidas, como imponer al gobierno al pago de algunos servicios.

“Es simplemente impensable que los casi 100 menores bajo la custodia de la Commonwealth sufran las consecuencias de la inacción y/o la pereza de la burocracia gubernamental. La Corte no puede pacientemente sentarse de brazos cruzados por más tiempo e ignorar a estos jóvenes que muestran ideas suicidas, intento de suicidio o automutilación. Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020, 23 jóvenes fueron hospitalizados como consecuencia. Uno solo es demasiado”, dijo el juez Gelpí.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) expresó en declaraciones escritas que está intentando cambiar de proveedor de servicios de salud mental por uno que cumpla “con las necesidades de la población juvenil”.

“El Departamento de Corrección y Rehabilitación determinó cambiar la compañía que provee los servicios de salud mental a la población juvenil, Professional Consulting Pshycoeducational Services (PCPS), hace tiempo atrás. PCPS impugnó la decisión del DCR y desde entonces los tribunales tienen detenido el proceso de contratación de una nueva empresa”, se indicó desde la agencia.

“El Procurador General, en representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación, radicó la semana pasada una moción en urgente para que el Tribunal de Apelaciones deje sin efecto la paralización de contratación que decretó para permitir al DCR contratar un proveedor de servicios de salud mental que cumplan con las necesidades de la población juvenil”, concluyen las expresiones escritas.

La abogada Jiménez Emanuelli —quien lleva desde 2005 laborando con esta población— explicó a Microjuris.com que ha escuchado de problemas de salud mental en estos menores al menos mensualmente.

ANTE LA PANDEMIA

La abogada sostuvo que las condiciones de salud mental se han agravado en parte por recortes de servicio y por el confinamiento que propuso el gobierno ante la pandemia por COVID-19, que ha alejado a los adolescentes de su núcleo de apoyo en la libre comunidad, como amigos y familiares.

También hay servicios que se han reducido, como el acceso de los trabajadores sociales. Todo esto, a palabras de la abogada, contribuye al “deterioro de su salud mental”.

“Es un proceso muy doloroso. En ese momento, a partir de marzo de 2020, incluso, yo te diría que la palabra que mejor define es ostracismo. Estos niños, son adolescentes pero para mí son niños, están privados de la libertad y no pueden ver a sus familiares. Podemos ir al mall. Podemos ir a comer a restaurantes, pero no esas personas ingresadas que llevan meses sin ver a sus familiares o grupos de apoyo, sin verlos, hablando con ellos una o dos veces por semana unos 10 minutos”, dijo la abogada.

La abogada dijo que este tipo de situación debería llevar a repensar las medidas que se toman contra menores que han cometido faltas (los delitos los cometen los adultos).

PROPUESTAS

De acuerdo con la abogada, en el plan de reorganización del DCR debería separarse el sistema de adultos del de menores.

“No es lo mismo las necesidades de un adulto que las de un joven, que está en pleno desarrollo”, dijo.

Jiménez Emmanuelli sostuvo que el dinero debería usarse mejor en servicios para la población y fomentar la rehabilitación, e incluso repensarse por completo cómo se atienden a estos adolescentes.

“Deberían abolir el sistema penal de menores, eso debería hacerse y todo ese dinero invertirlo en mejores programas de servicio, en prevención, en equiparar, reduciendo esa brecha de empobrecimiento que hay en las comunidades”, sostuvo la abogada.

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