Lo último que dijo el Tribunal Supremo sobre el derecho a plantear una defensa afirmativa

La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez, explicó en su opinión del caso Conde Cruz v. Resto Rodríguez que no se considera renunciado el derecho a plantear una defensa afirmativa de prescripción si no se aduce en una moción al amparo de la Regla 10 de procedimiento civil.

“La defensa afirmativa de prescripción sólo se entiende renunciada si no se plantea en la primera alegación responsiva. Una parte no está obligada a acumular la defensa afirmativa de prescripción en una moción de desestimación al amparo de la Regla 10 de Procedimiento Civil so pena de que se entienda renunciada si no la incluye allí”, destaca la opinión en el caso.

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¿Cómo surgió la controversia?

Para enero de 2014, Héctor Juan Conde Cruz presentó una demanda de daños y en solicitud de sentencia declaratoria contra Ángel Resto Rodríguez.

Alegó que en el 2012 cedió al señor Resto un vehículo de motor Jeep Wrangler del año 2008, condicionado a que el señor Resto lo traspasara a su nombre y continuara realizando los pagos correspondientes.

Adujo que el señor Resto no realizó el traspaso ni los pagos, por lo que solicitó la devolución del vehículo y una indemnización por daños y perjuicios.

El señor Resto –por medio de su representación legal en aquel entonces, la c Mayra Vicil Bernier (licenciada Vicil o peticionaria)– contestó la demanda y negó las alegaciones en su contra. En lo pertinente, alegó que cedió el vehículo a un tercero, con el consentimiento del señor Conde, por lo que este ya no estaba en su posesión.

Luego de varios trámites y mociones incluyendo desestimaciones contra alguna de las partes en este pleito, el 3 de marzo de 2016 el señor Rodríguez solicitó enmendar la demanda para incluir a la licenciada Vicil como codemandada y presentó una demanda.

Este alegó que la licenciada Vicil le ocasionó daños al afirmar falsamente que el señor Resto era el verdadero titular del vehículo y al amenazar con gestionar una orden judicial si no lo devolvía.

Luego de algunos trámites, el 10 de mayo de 2016 el foro primario autorizó que el señor Rodríguez enmendara la demanda para incluir a la licenciada Vicil como codemandada.

La licenciada Vicil presentó una primera moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.

Planteó que la demanda en su contra no aducía una reclamación que justificara la concesión de un remedio, por dos fundamentos:

  • el señor Rodríguez carecía de legitimación activa, pues ella nunca fue su abogada y lo que se reclamó era realmente una acción por impericia profesional
  • porque la controversia no estaba madura debido a que el caso no había culminado

Ante el Tribunal

En esta etapa de los procedimientos restaba únicamente por adjudicar la demanda enmendada de daños y perjuicios que el señor Rodríguez presentó contra la licenciada Vicil.

Para el 3 de agosto de 2017, la licenciada Vicil presentó una segunda moción de desestimación mediante la cual alegó que la acción en su contra estaba prescrita.

El 14 de marzo de 2018, el foro primario emitió una sentencia mediante la cual acogió la segunda moción de desestimación de la licenciada Vicil como una solicitud de sentencia sumaria y desestimó la demanda enmendada que el señor Rodríguez presentó contra la licenciada Vicil.

El foro primario concluyó que la causa de acción contra la licenciada Vicil prescribió antes de que el señor Rodríguez presentara la demanda enmendada en su contra, pues el señor Rodríguez conoció todos los elementos necesarios para poder ejercitar su causa de acción en octubre de 2014 o, en la alternativa, en enero de 2015, cuando se completó el traspaso.

El 29 de marzo de 2019 el Tribunal de Apelaciones notificó una sentencia mediante la que revocó el dictamen apelado por el señor Rodriguez.

El Apelativo puntualizó que el foro primario erró al acoger la segunda moción de desestimación que la licenciada Vicil presentó como una solicitud de sentencia sumaria.

Según el Tribunal de Apelaciones, debido a que la licenciada Vicil no acompañó a esa moción prueba que fuese admisible en evidencia, el Tribunal de Primera Instancia estaba vedado de utilizar el mecanismo sumario para disponer del caso

La licenciada Vicil presentó una moción de reconsideración.

La abogada alegó que no renunció a la defensa afirmativa de prescripción por razón de no haberla aducido en la primera moción de desestimación que presentó, por varias razones. Esto, porque la Regla 6.3 de Procedimiento Civil –que regula lo concerniente a las defensas afirmativas– dispone que estas solo se entienden renunciadas cuando no se aducen en la primera alegación responsiva.

Es decir, al contestar la demanda.

Según la licenciada Vicil, la primera moción de desestimación que presentó al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil no constituye una alegación – según las define la Regla 5.1 de Procedimiento Civil– por lo que el foro apelativo intermedio erró al determinar que renunció a esa defensa antes de contestar la demanda.

Además, alegó que la Regla 10.7 de Procedimiento Civil no aplica a esta controversia, pues esta regula únicamente las defensas y objeciones “que sean de las que la Regla 10 permite presentar mediante moción”.

Es decir, las contempladas en la lista taxativa que establece la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.

Esto debido a que esa regla no contempla la defensa afirmativa de prescripción, asi que no estaba obligada a acumularla en la primera moción de desestimación que presentó al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, so pena de que se entendiera renunciada entre otras.

El Tribunal de Apelaciones notificó una Resolución mediante la cual declaró no ha lugar la oposición que el señor Rodríguez presentó.

Pero no dispuso nada en cuanto a la moción de reconsideración de la licenciada Vicil.

Luego emitió una Resolución Nunc Pro Tunc en la que se dio por enterado del escrito en oposición que presentó el señor Rodríguez y, por primera vez, declaró no ha lugar la moción de reconsideración que presentó la licenciada Vicil.

Inconforme, el 1 de julio de 2019 la licenciada Vicil presentó un recurso de apelación ante el Supremo con los mismos argumentos presentado en el Tribunal Apelativo.

El Supremo acogió el recurso como certiorari solicitando a las partes que presentaran sus respectivos alegatos.

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Análisis del Tribunal

Una vez recibidos y como parte de su análisis, el tribunal mira el tracto las mociones presentadas por parte de la peticionaria y el recurrido en el caso.

La primera moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil en la cual no planteó que la demanda en su contra estuviera prescrita.

Posteriormente, y agotados los trámites apelativos en torno al asunto de su descalificación, la peticionaria presentó una segunda moción de desestimación en la que planteó que la demanda en su contra no expuso una reclamación que justificara la concesión de un remedio porque estaba prescrita.

Según el Tribunal, la defensa de dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio que estatuye la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil es una defensa privilegiada que la Regla 10.7 exime del requisito de acumulación.

Por lo tanto, la peticionaria podía presentarla antes de contestar la demanda a pesar de que presentó una primera moción de desestimación al amparo de la misma regla.

Con esto, el tribunal rechazó de plano la petición de la otra parte, que alega que debido a que la peticionaria no había levantado la defensa afirmativa de prescripción extintiva en la primera moción de desestimación la había renunciado.

El Supremo presenta sus razones

Primero, el Supremo señaló que la defensa que adujo la peticionaria en la segunda moción de desestimación no es de las defensas que la Regla 10.7 obliga a acumular en una moción a su amparo.

Pero parte del análisis de la Regla 10.7 es que exceptúa de este requisito de acumulación de defensas a las mociones de desestimación al amparo de la Regla 10.2, cuyo fundamento sea que la demanda deja de exponer la reclamación que justifique la concesión de un remedio esto según las Reglas 10.2(5), 10.7 y 10.8(b) de Procedimiento Civil.

Esto, debido a que mediante la segunda moción que presentó, se solicitó la desestimación por ese fundamento, la peticionaria no estaba obligada a acumular la defensa de prescripción extintiva en la primera moción de desestimación que presentó.

En segundo lugar, que la interpretación que propone el recurrido dejaría sin efecto el texto claro de la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, conforme al cual las defensas afirmativas –entre ellas, la prescripción extintiva– solamente se entienden renunciadas si no se plantean en la primera alegación responsiva.

Nos dice el Supremo en su discusión que “una moción de desestimación no constituye una alegación en nuestro ordenamiento, por lo que no haber planteado la defensa de prescripción en esa moción no implica su renuncia”, lo que sería contrario a los principios de hermenéutica que siguen nuestros tribunales.

Y dado que, en este caso, la peticionaria no ha contestado la demanda aún, esta no ha renunciado a la defensa de la prescripción extintiva.

Por último, el Tribunal señala que algunos de los mecanismos que habilita la Regla 10 de Procedimiento Civil, están diseñados para asegurar que un demandado entienda la reclamación instada en su contra y pueda solicitar la eliminación de material innecesario antes de contestar la demanda y aducir todas las defensas a las que entienda tiene derecho.

Por lo que una moción de desestimación al amparo de Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil, obliga al demandante que se opone a establecer por qué la reclamación que presentó es del tipo que justifica un remedio legal.

Esto sería contrario a sostener que una defensa afirmativa se entiende renunciada antes de que el demandado tenga la oportunidad de emplear esos mecanismos, pues estos promueven que el demandado entienda la reclamación a la cual está sujeto y pueda aducir las defensas que procedan.

El Supremo repasa que nuestro ordenamiento procesal promueve que las defensas afirmativas se presenten en etapas tempranas del litigio, debido a que si prosperan tienen el potencial de disponer del pleito y así evitar que las partes y el tribunal incurran en los costos que supondría prolongar innecesariamente el caso.

La Regla 6.3 cumple este propósito al exigir que un demandado aduzca todas las defensas afirmativas a las que tenga derecho en la contestación a la demanda, sujeto únicamente a limitadas excepciones.

Mientras, que la Regla 10.7, obliga a la parte que presenta una moción a su amparo a acumular todas las mociones a las que tenga derecho en su solicitud y, en lo pertinente a este caso, las defensas que la Regla 10 permite presentar mediante moción, a menos que se trate de una de las defensas que la Regla 10.7 expresamente exceptúa.

Estas normas establecen un balance adecuado entre el imperativo de que los casos se vean en los méritos y evitar que los procesos se dilaten innecesariamente.

Como ultima instancia, el Supremo resuelve que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar la demanda por el fundamento de prescripción.

“Según resolvió correctamente el foro primario, desde al menos enero 2015 el señor Rodríguez conocía la identidad del verdadero titular registral del vehículo. Sin embargo, no fue hasta el 3 de marzo de 2016 –luego de expirado el término prescriptivo de un año– que el señor Rodríguez presentó una Demanda Enmendada en donde incluyó a la peticionaria como demandada”, sostuvo el Supremo.

Como es sabido, “si con la enmienda se intenta añadir un nuevo demandante o demandado, el momento que determina el término prescriptivo es cu[a]ndo se incluye el nuevo demandante o demandado por primera vez en la demanda”.

“Debido a que en este caso no aplica ninguna de las excepciones a esta norma general, para que la reclamación del recurrido contra la peticionaria no esté prescrita, esta tuvo que haberse instado en el término de un año desde que el traspaso se completó en enero de 2015, es decir, en enero de 2016. Sin embargo, no fue hasta el 3 de marzo de 2016 que el recurrido incluyó a la peticionaria como codemandada y, para ese entonces, ya su reclamación había prescrito”, añaden.

Con esto, el Tribunal Supremo revocó la sentencia que emitió el Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia parcial que dictó el Tribunal de Primera Instancia.

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