Por Daniel Rivera Vargas
El Poder Judicial de Puerto Rico confirmó a Microjuris.com que Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial está completando su informe dirigido a lo que podrían ser los nuevos cánones de ética de la abogacía, pero se adelantó que una de las opciones es extender la evaluación de las reglas éticas qie están en vigencia desde el 1970.
Una vez este informe pase del secretariado a la evaluación de los jueces y las jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el alto foro decidirá si adopta la normativa o si hay que continuar trabajando las normas éticas, indicó en declaraciones escritas Daniel Rodríguez-León, portavoz del Poder Judicial.
«El Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial se encuentra en el proceso de completar su Informe con recomendaciones sobre el Código de Ética Profesional y que estará dirigido al Tribunal Supremo. Esta encomienda incluye la actualización de la normativa pertinente», expresó Rodríguez-León.
El portavoz no detalló en qué consisten las recomendaciones.
Sin embargo, según se desprende del portal oficial del Poder Judicial de Puerto Rico, se trabaja con varios documentos, dos de ellos de 2013 y un proyecto de reglas de 2005 propuesto por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Por un lado, mientras en la actualidad hay 38 cánones de ética, el Proyecto de Código de Conducta Profesional tiene 7 cánones, subdivididos en reglas, y que están recogidos en un documento comentado de 123 páginas.
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Una revisión del documento muestra que el mismo se nutre de disposiciones de model rules de la American Bar Association (ABA), así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a los actuales cánones vigentes, que datan de 1970.
Algo novel con este nuevo modelo ético es el establecimiento de Reglas de Procedimiento para Asuntos Disciplinarios de la Abogacía y la Notaría, también de 2013, que propone 59 reglas para atender estas controversias, recogidas en un documento de 128 páginas.
Rodríguez-León no ofreció estimados de cuándo terminará esta labor de evaluación.
«Así las cosas, corresponderá al Tribunal determinar en su día, si la encomienda se da por culminada o si pasa a otra etapa de validación o ampliación. Como parte de esta evaluación del Alto Foro, es este el que autoriza la divulgación del trabajo sometido por el Secretariado», dijo Rodríguez-León.
La directora de Educación y Relaciones con la Comunidad del Poder Judicial, Coral Aponte, contó la semana pasada a Microjuris.com que el proceso podría concluir este año.
«El estatus es que el secretariado está en ese proceso de culminar esa redacción, ese insumo y esa nueva propuesta para presentárselo próximamente a la consideración del pleno del Tribunal Supremo. Se prevé que eso va a estar ocurriendo durante este año», sostuvo la licenciada Aponte Rivera.
En la Resolución In re Proy. Conducta Prof. y Regl. Disc., 189 DPR 1032 (2013), emitida el 20 de diciembre de 2013, el Tribunal Supremo estableció el proceso de consulta a la comunidad jurídica y concedió hasta el 28 de febrero de 2014 para la entrega de los comentarios y recomendaciones.
Posteriormente, en In re Extensión de Términos, 190 DPR 314 (2014), la fecha límite para el envío de los comentarios se extendió hasta el 1 de abril de 2014.
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