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Caldeado debate por las vacunas mandatorias en menores

El juez resolverá la controversia posteriormente.

Por Daniel Rivera Vargas

El juez Alfonso Martínez Piovanetti se reservó la decisión en el caso que busca frenar las órdenes administrativas que exigen la vacunación de menores para su regreso a los planteles escolares.

«El tribunal va a aquilatar la prueba», afirmó el juez al concluir los trabajos.

En la vista de cinco horas, en ocasiones caldeada y celebrada mediante videoconferencia, participaron cuatro peritos:

  • la pediatra infectóloga, María Carrascal
  • el doctor Rafael Iván Iriarte
  • la primera oficial médica del Departamento de Salud, Iris Cardona Gerena
  • el doctor Lemuel Martínez por el Colegio de Médicos Cirujanos

Previo al inicio de los testimonios, el juez puso limitaciones al alcance de la vista.

Planteó si en este caso realmente hacía falta sentar testigos porque parte de las controversias eran estrictamente de derecho, como los temas de distribución de poderes gubernamentales, y destacó que muchos de los 320 demandantes no estaban facultados legalmente para llevar ese pleito.

«No hay legitimación activa en cuanto a muchos de los demandantes», afirmó Martínez Piovanetti.

El juez también dijo que en Puerto Rico «hay un derecho constitucional a recibir tratamiento médico», aunque dijo que uno de los elementos que se debe considerar es si afecta a «terceros inocentes».

Mientras, el representante legal de la parte demandante, Adrián Díaz Díaz, solicitó reconsideración a la decisión del juez de permitir la participación en este caso del Colegio de Médicos Cirujanos, pero el juez resolvió que «entendemos que cumple con los requisitos de intervención permisible».

Ofrecen su versión opositores a la vacunación mandatoria

El Colegio de Médicos, cuyo presidente Víctor Ramos estaba en la vista, fue representado por la licenciada Linette Sánchez, quien recalcó la pertinencia de la participación del Colegio en esta audiencia.

«Hay un ataque a la ciencia, a la medicina», sostuvo la doctora Sánchez.

Asimismo, el juez también puso dudas sobre partes de la demanda.

Como ejemplo, el juez destacó que las aseveraciones sobre las mascarillas no están bien alegadas en el recurso legal, y mencionó que era un tema de umbral por ser el asunto jurisdiccional, pero «aquí no se han tomado medidas como las de Francia».

Díaz Díaz no descartó enmendar la demanda posteriormente.

En la parte de testimonios, la doctora Cardona dijo que hay 27,000 menores de edad diagnosticados con COVID-19 en Puerto Rico (el 17% de los 140,000 contagios en Puerto Rico) y que han muerto tres niños o jóvenes.

«Al día de hoy hay 20 pacientes pediátricos hospitalizados, tres de ellos en intensivo, incluyendo una joven de 17 años conectada a un ventilador», sostuvo.

A nivel de toda la población, han muerto 2,585 personas por la pandemia.

Cardona resaltó la importancia de la estrategia de vacunar para atacar ciertas enfermedades. “La vacunación en general está catalogada como una de las intervenciones más importantes en la historia de la medicina… En relación al COVID-19, reconociendo un estado de emergencia de salud pública, la vacunación ocupa uno de los lugares más importantes en el control de esta pandemia», sostuvo la pasada subsecretaria de Salud.

Sobre si debe ser un requisito la vacunación, la doctora señaló que en la historia se ha implantado y, particularmente, en centros de congregación como escuelas y universidades.

El testimonio a la doctora Cardona se tornó álgido durante porciones del abogado de las personas demandantes, por ejemplo, en el tema de las pruebas diagnósticas.

«¿Usted está cuestionando cuántas personas han sido diagnosticadas con COVID?», le preguntó en un momento dado el juez.

Posteriormente, Díaz planteó «doctora, yo le hago una pregunta y usted contestó otra cosa».

Ante objeciones de los abogados del gobierno, el juez le instruyó al abogado a no argumentar con la testigo.

En otro instante el juez dijo que “el tribunal no va a hacer determinaciones de hecho como si fuera un juego de trivia”.

Cardona, a preguntas del abogado, dijo que “no le consta” que haya otro estado o territorio de Estados Unidos donde se haya exigido la vacunación como requisito para regresar a las escuelas. El juez dijo que esa es parte de la teoría de los demandantes.

Por su parte, la doctora Carrascal, quien dijo trabajó en varios hospitales durante el periodo de la pandemia, sostuvo que atendió 5 menores por COVID-19. En otros casos de otros galenos, Carrascal dijo que hubo muertes de menores, pero eran casos pediátricos que tenían otras condiciones.

“Nos tenemos que enfocar en la prevención”, sostuvo Carrascal, quien dijo que durante la pandemia hubo tan pocos casos de menores que se cerraron pisos pediátricos en su totalidad.

La doctora aseguró que en ningún otro estado se ha impuesto el requisito de vacunación.

A preguntas de la licenciada Tatiana Fernández, quien representó al gobierno, la doctora dijo que ha preparado informes dirigidos a eximir a estudiantes de vacunarse, aunque dijo que lo hace luego de un debido estudio. “Es mi deber como médico”, aseguró.

Mientras, el doctor Iriarte testificó en parte del Vaccine Report Systems (VAERS), asociado al Centro de Control de Enfermedades (CDC), y dijo que los datos que han surgido apunta a ”cientos de miles de efectos adversos”, asociados a la vacuna al COVID-19, incluyendo 11,000 fallecimientos. Sin embargo, el médico trajo un documento que él mismo preparó mediante «copy and paste«, y las abogadas del gobierno cuestionaron que no se podía aceptar porque era en contra de «la regla de la mejor evidencia».

Iriarte, quien se dedica a la docencia y no atiende pacientes en la actualidad, dijo que los datos del VARS de muertes llaman la atención porque, mientras asociadas a la vacuna del COVID se habla de 11,000 muertes, muertes asociadas a otras vacunas solo alcanzan los cientos de casos.

Sobre el tema de VAERS, a preguntas de la licenciada Fernández, en representación del gobierno, dijo que cualquier persona puede entrar datos a esa plataforma.

Iriarte agregó que hay estudios, incluyendo uno realizado en China, que apuntan que los enfermos asintomáticos no transmiten el COVID. El juez dijo que en este tipo de vista no rigen todas las exigencias de las reglas de evidencia para aceptar documentos en un proceso judicial, pero que considerara su «valor probatorio».

Iriarte dijo que se ha mantenido orientado en la pandemia con numerosos recursos. «No solo hay que leer la información que sale del CDC… Hay mucha literatura que sale en revistas médicas y otras publicaciones. Puede ser un punto de vista diferente a estas entidades», sostuvo.

A preguntas del licenciado Díaz Díaz, el doctor Iriarte entendió que los datos apuntan a que hay un riesgo con la vacuna, mientras que el riesgo de transmisión entre personas no enfermas o asintomáticos es muy bajo.

La doctora Cardona dijo que hay cinco notificaciones desde Puerto Rico en el sistema Vaers.

Por la parte demandada, se permitió el testimonio del doctor Martínez, quien declaró que el porcentaje de eficiencia de las tres vacunas aprobadas fluctúan entre el 80 y el 90% de efectividad contra el COVID-19. “Son seguras”, aseguró el galeno.

Indicó que en Puerto Rico se han vacunado 211,415 menores y que él tenga en conocimiento, no se han reportado muertes por la vacuna.

Martínez afirmó que los menores son el grupo de menor riesgo.

En su argumentación final, la abogada Atabey Lamela criticó que Puerto Rico es donde único hay una acción estatal para insistir en que los menores sean vacunados.

«Hay un limbo jurídico», sostuvo Lamela.

«Hay derechos constitucionales que se están atacando, nosotros tenemos clientes que mañana no tienen trabajo porque no están vacunados», mencionó por su parte Díaz Díaz, quien recalcó que la orden no tiene mecanismo para compensar a menores que puedan verse afectados por la vacuna.

Mientras, por el Estado, la abogada Adamari Sánchez dijo que la orden provee herramientas para eximir menores de ser vacunados.

«Sí la vacuna tiene efectos secundarios, cualquier medicamento aprobado puede tener efectos secundarios», sostuvo la abogada.

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