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Buscarán precisión en transformaciones constitucionales

Presentarán más detalles en 60 días.

Por María Soledad Dávila Calero

La discusión sobre las enmiendas constitucionales comenzó el jueves, 12 de agosto de 2021, con la discusión de la Resolución Concurrente de la Cámara 8 que busca enmendar el proceso de nominación de la judicatura.

Esta medida propone que se enmiende la sección 8 del Artículo V de la Constitución a los fines de remover a los jueces del proceso regular de nominación por la Rama Ejecutiva y confirmación por el Senado, para que el proceso sea establecido mediante una ley especial.

La conversación comenzó en la Comisión para el Estudio y la Evaluación del Derecho Constitucional, presidida por el representante José “Conny” Varela.

Necesidad de precisión

La Resolución Concurrente de la Cámara 8 no provee detalles sobre qué se propondría como texto para la nominación en un mecanismo de ley especial, lo que recibió críticas de los dos deponentes de la vista de ayer, el licenciado Mark Anthony Bimbela en representación del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), y la licenciada Elba Cruz Rodríguez, en representación del Departamento de Justicia.

«Los electores estarían ejerciendo el voto sobre algo que no es tangible y eso es lo que nos preocupa en el Departamento De Justicia», dijo Cruz Rodríguez.

Bimbela argumentó que el problema no se resuelve con poner el texto de lo que sería la ley especial porque estaría también sujeta a los cambios de políticas de cada cuatrienio y que el sistema de nominación y confirmación debe quedar estipulado en la Constitución.

Separación de poderes

Además de la preocupación por la falta de especificidad de la medida, Cruz Rodríguez argumentó que existe un sistema de pesos y contrapesos en la medida en que el proceso de nombramientos no se concentra en una rama de gobierno.

“A los fines de evitar la indebida concentración de poder en cada una de las ramas de gobierno, la Convención Constituyente norteamericana acordó dividir la facultad de nombramiento en las Ramas Ejecutiva y Legislativa”, dijo la licenciada.

Luego añade que «la doctrina de separación de poderes y el sistema democrático mismo del gobierno presupone en lo que atañe a las facultades compartidas como es la del nombramiento la búsqueda del consenso, el logro del equilibrio necesario para realizar las tareas del gobierno».

Si bien el licenciado Bimbela, que también preside la Comisión de Evaluación de Nombramientos y Asensos Judiciales del Colegio, presentó ejemplos de otros países en los que los que los nombramientos son trabajados bajo una academia judicial sin incluir a la Rama Ejecutiva, también trajo ejemplos en los que la academia judicial produce una terna dentro de la cual el presidente del país escoge a quién nominar.

Bimbela argumentó que este sistema de terna podría eliminar la preocupación de la concentración de poder en una rama y a la vez darle más fuerza a elementos no relacionados a la política partidista en el proceso de nominación judicial.

“¿Por qué estamos en esta situación? Lo que tenemos ahora no funciona. Hay que decir las cosas como son. No funciona porque está sujeto a elementos externos a la capacidad y la idoneidad de la persona”, dijo Bimbela, quien luego argumentó que no se puede eliminar el elemento partidista, pero sí se puede reducir grandemente.

¿Lo que hay funciona?

Para el portavoz del Colegio, el sistema actual se debe mejorar, pero eso no quiere decir que todo cambio sería uno positivo, ya que Bimbela entiende que, por ejemplo, cambiar a un sistema en el que la judicatura sea por puestos electivos no es una buena opción.

Bimbela argumentó que movernos a un sistema eleccionario llevaría a que los jueces tengan que pensar en buscar financiamiento, lo que puede llevar a problemas de influencias indebidas o conflictos de interés que resulten del proceso de campaña.

En esa misma línea, Varela argumentó que un sistema electivo terminaría en jueces afiliándose a partidos.

En contraste, Cruz Rodríguez planteó que el sistema actual funciona, aunque puede haber espacio para mejorar.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño argumentó que el problema no es la calidad de jueces o juezas, sino quiénes tienen acceso a ser considerados para la posición.

«Ese no es el problema, el problema es con los que no nombran y con la aspiración de mucha gente, particularmente gente que no tiene acceso al poder, que representan clases sociales diferentes», dijo Márquez.

Algo más concreto

El licenciado Bimbela le pidió a Varela que le de tiempo para que la Comisión de Evaluación de Nombramientos y Asensos Judiciales del CAAPR trabaje una propuesta más concreta sobre un nuevo proceso de nombramientos judiciales.

Varela le concedió 60 días.

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