El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió en ley una enmienda a la Carta de Derechos a Víctimas y Testigos de Delito con el fin de que los funcionarios de orden público no puedan indagar sobre la nacionalidad o el estatus migratorio de una persona que ha sido víctima de algún delito o que acude como testigo a realizar una denuncia a las autoridades.
La enmienda de ley fue aprobada por vía del Proyecto del Senado 11, de la autoría del presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, que establece que toda persona que sea víctima o testigo de delito tendrá derecho a no ser cuestionado sobre su nacionalidad o estatus migratorio al momento de informar la comisión de un delito, así como durante o posterior a cualquier etapa del proceso criminal.
La medida establece que todo funcionario de orden público tiene que garantizar que se provea el servicio o derecho que le corresponda a la víctima o testigo.
Cada una de las agencias sujetas al cumplimiento de esta ley deberá realizar talleres de capacitación a su personal y tener material educativo en medios electrónicos y en las instalaciones físicas de cada agencia.
Descarga las enmiendas a la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito
La enmienda a la Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito aclara la política pública de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio.
El senador Dalmau Santiago destacó en el texto de la medida que la propuesta es un paso adicional para salvaguardar los derechos de los testigos y víctimas de delito sin importar su estatus migratorio y afirma que la población inmigrante participa de todos los aspectos de nuestra sociedad y se ven igualmente afectados por problemáticas sociales como la criminalidad.
Sin embargo, muchas personas inmigrantes no informan actos delictivos de los que han sido víctimas, no buscan ayuda para reparar sus agravios, ni ofrecen información a las autoridades de orden público, principalmente por temor a que tenga repercusiones sobre su condición migratoria y ponga en riesgo su permanencia en el país y la estabilidad de su núcleo familiar.
