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Advierten consecuencias del Plan de Ajuste de la Deuda

Estudiosos del tema advierten a Microjuris un panorama complicado e incierto para Puerto Rico.

Por Daniel Rivera Vargas

Tras aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda, estudiosos del tema advierten un panorama complicado e incierto para Puerto Rico, esto a pesar del optimismo que despliega el ente que negoció este acuerdo con los acreedores del gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Listos para ejecutar el Plan de Ajuste de Deuda

En conferencia de prensa celebrada el pasado miércoles, la JSF celebró la orden de la jueza Laura Taylor Swain aprobando el acuerdo.

“Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Puerto Rico. Hoy, Puerto Rico puede empezar a pasar de inestabilidad fiscal e insolvencia a un futuro de crecimiento”, dijo la directora ejecutiva, Natalie Jaresko. “Este periodo de crisis financiera está llegando a un fin y la incertidumbre que cada puertorriqueño y negocio en esta isla sintió por tanto tiempo ahora puede convertirse en estabilidad. Y por eso es que no lo veo como un fin, sino como un principio”, sentenció.

Mientras, el presidente de la JSF, el profesor David Skeel, dijo que se trataba de un plan “sostenible y justo”.

Sin embargo, no todos lo ven así. La abogada Eva Prados, del Frente Amplio para la Auditoría de la Deuda, dijo que hay ciertos grupos que todavía pueden apelar judicialmente el Plan de Ajuste, pero entre las repercusiones potenciales estaría una reducción en servicios de los gobiernos municipales y estatales a los ciudadanos ante la merma en sus presupuestos, nuevas reformas laborales y contributivas, y nuevos impuestos, como una alza que se impondría en la factura energética en la restructuración que ya se está conversando para la deuda del sistema energético, el cual la abogada espera que el pueblo rechace de forma contundente.

Asimismo, dijo que maestros y jueces son los dos grupos más afectados por el recorte en sus pensiones. “Hemos escuchado que en algunos casos el recorte es de 60%”, dijo.

Explicó que los pensionados, aunque no recibieron el recorte de $8.5% en las pensiones más altas, siguen sin un ajuste por costo de vida y aún es incierto cuántos años más tendrán que laborar empleados como un educador para poderse acoger al retiro. Asimismo, no está claro qué pasará con la jubilación de los policías, a pesar de las tres nuevas leyes que se supone que les beneficien, dijo Prados.

También existe la realidad de que las arcas del gobierno un poco se vacían con el acuerdo, porque hay un compromiso de pago inicial de $7,000 millones en efectivo, dijo Prados. “Nos deja casi sin efectivo en caja”.

Luego de este pago, y aún cuando habrá un aumento leve en los presupuestos futuros por los alivios federales relacionados a la pandemia y a los huracanes, “Puerto Rico no cuenta con dinero suficiente para pagar el Plan de Ajuste de la Deuda”, indicó Prados.

El Plan reduce en unos $30,000 millones la deuda de $70,000 millones, pero en realidad apenas toca deudas de bonistas “cuando mucha de esa deuda fue emitida ilegalmente” y además el plan tiene cláusulas que permite a esos acreedores recibir pagos adicionales si Puerto Rico logra ciertas métricas saludables económicas , explicó Prados.

Explicó que mucha de la deuda que se recortada en el Plan de Ajuste de la Deuda es la de suplidores, muchos de ellos puertorriqueños que han ofrecido algún servicio al gobierno, o incluso las personas con reclamaciones judiciales, las sentencias impuestas al gobierno.

“Todas personas con sentencias en daños contra el gobierno, despidos injustificados, discrimen político, que te caíste y te lastimaste en una agencia de gobierno, hasta las mismas demandas por educación especial, esas sentencias de pago se reestructuran aquí”, aseguró Prados, quien excandidata  a representante por distrito por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“¿Por qué decimos que es un plan del tumbe? Es que donde se debía recortar no es en las pensiones, en las demandas, en los suplidores, que trabajan en Puerto Rico, era en los bonos… un bonista sabía que asumió un riesgo al comprar esos bonos, pero el pensionado no, el impacto humano de este plan de ajuste es brutal”, afirmó.

«El gobierno ha cometido un grave error», resumió.

Por su parte, el economista Daniel Santamaría, analista senior de política pública de la organización Espacios Abiertos, detalló parte del itinerario del Plan de Ajuste y explicó diversos escenarios para Puerto Rico tras su aprobación.

Por ejemplo, dijo Santamaría, el 27 de enero habrá un nuevo plan fiscal, y que debe estar de acuerdo al plan de ajuste, lo que implica enmendar el presupuesto del gobierno a mitad de año fiscal, mientras que el 15 de marzo inicia el pago en efectivo de los $7,000 millones a los acreedores, y el cambio de bonos.

Asimismo, bajo el plan el gobierno estaría 25 años pagando la deuda de reestructuración del gobierno central, 30 años pagando instrumentos de valoración contingente (CVI), y el pago del porcentaje del Impuesto de Ventas y USO (IVU) llamado COFINA por otros 40 años, sostuvo.

Eso en el mejor escenario de que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con las exigencias del plan de ajuste, recordó Santamaría, porque ya incluso premios Nobel en economía como Joseph Stiglitz, han anticipado que no se podrá cumplir, esto en parte porque la JSF debió negociar el 80% de la deuda, y se quedó en el 50%.

«En el 2036 (Puerto Rico) tendría un déficit primario, que es que sus ingresos no son suficientes para aguantar el gasto del gobierno», dijo Santamaría. Según las proyecciones realizadas por la JSF, dijo Santamaría.

El economista sostuvo que con el Plan de Ajuste habrá un encarecimiento de diversos servicios al pueblo, como un alza en el costo del agua, un aumento en los peajes de hasta 400% en las próximas décadas, pero que las primeras alzas serán en los próximos años, y un alza en el impuesto de la propiedad.

La posibilidad de que con el Plan de Ajuste aprobado se logre la pronta salida de la JSF también es incierta, dijo Santamaría.

Bajo la ley federal PROMESA, dijo el economista, la JSF desaparecerá cuando se cumplan dos metas: cuatro años de presupuestos balanceados y el regreso a Puerto Rico a los mercados de capital con tasas razonables. Aun cuando Puerto Rico en los próximos años verá una mejoría en su economía esto no se debe al Plan de Ajuste, sino a los alivios temporeros de las ayudas federales por el huracán María y por la pandemia, eso no quiere decir que se logre cumplir con el requisito de esos cuatro años de presupuestos balanceados, y el asunto de tasas razonables tampoco está claro porque «hay una línea gris» sobre lo que es razonable y hay desconfianza en los mercados con el país.

Por lo tanto, aun si desapareciera la JSF «sus políticas permanecen».

Para  Santamaría, parte del problema del Plan de Ajuste es que la JSF tiene como pilares dos principios que han fracasado en otras reestructuraciones de gobiernos, como Grecia y Argentina: como ciertas reformas estructurales, como promover el despido sin justa causa y una reforma energética que se pagaría con nuevos impuestos, y medidas de austeridad, como reducir dinero a municipios, que se encargan de muchos de los servicios a la ciudadanía, y reducir a la mitad el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, cuando «necesitamos invertir en conocimiento y no en ignorancia».

Por lo tanto, aun si desapareciera la JSF «sus políticas permanecen».  Y la consecuencia del incumplimiento al Plan de Ajuste es una avalancha de reclamos de los acreedores, esta vez con menos oportunidades de renegociar por «el blindaje» legal del Plan de Ajuste.

“En el futuro estaremos en aprietos para pagar los servicios esenciales”, sostuvo Santamaría.

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