NOTICIAS U.S. Court of Appeals 1st Circuit

Ven fallo de Boston como posible «pie forzado» para protestas de atletas en Puerto Rico

El abogado Gilberto Oliveras Maldonado habló con Microjuris sobre la opinión emitida de 21 páginas del caso Confederación Hípica De Puerto Rico, Inc. y Camarero Racetrack vs Confederación de Jinetes Puertorriqueños.

Por Daniel Rivera Vargas

Un abogado que practica el derecho deportivo resaltó como una “decisión interesante, pero no sorprendente” la reciente opinión del Tribunal de Apelaciones de Boston que revocó a un juez de distrito y desestimó el caso entablado hace varios años por la administración del Hipódromo Camarero en contra de un grupo de jinetes que protestaron contra las condiciones en las que se les obliga a laborar.

Lee aquí la opinión del Tribunal de Apelaciones de Boston

“En Puerto Rico hay una tendencia marcada de tratar (a los atletas) como empleados, pero también hay un tendencia de tratarlos como contratistas independientes. Esta decisión lo que dice que no hay que ser empleado para beneficiarse de la excepción de disputa laboral”, dijo el abogado Gilberto Oliveras Maldonado sobre la opinión de 21 páginas de Confederación Hípica De Puerto Rico, Inc. y Camarero Racetrack vs Confederación de Jinetes Puertorriqueños.

En este caso, Boston expresa que, aunque la ley federal antimonopolio Sherman prohíbe en términos generales un boicot coordinado por parte de atletas, hay una excepción que aplicaría en esta controversia, y es cuando hay una disputa laboral.

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“El juez de distrito (Daniel R. Domínguez) erróneamente determinó que no aplicaba la excepción”, indicó el panel apelativo compuesto por los jueces Sandra Lynch, William Kayatta y Douglas Woodlock. “El caso tiene como génesis una realidad del hipismo boricua, que cuenta en la isla con una sola pista de carreras, Camarero en Canóvanas, y es que los jinetes se quejan de pobre paga, una quinta parte de lo que cobran en Estados Unidos, y se quejan del arbitraje”, reza el documento..

En medio de esa pugna, decidieron no participar en varias carreras pautadas para julio de 2016, y los demandantes acudieron a la corte federal alegando violaciones de la Ley Antimonopolio por parte de los jinetes.

El juez Domínguez le dio la razón a los demandantes y les impuso a los jinetes tener que pagarle daños de $602,466 a Camarero y $588,219 a Hípica, esto bajo la premisa de que eran “contratistas independientes” y que por eso les aplicaba la ley Sherman, pero Boston resalta que hay una ley que claramente dice que la excepción aplica en casos laborales independientemente de que haya una relación “patrono y empleado”.

“La pregunta clave no es si los jinetes son contratistas o trabajadores independientes, pero si lo que está en cuestión es una compensación por su trabajo”, sostiene la decisión.

Gilberto Oliveras Maldonado, exmantenedor del podcast Lex Deportiva y catedrático adjunto de derecho y deporte de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (URP), dijo que cuando empezó a revisar la decisión pensó que finalmente se le daría trato de empleados a los atletas lo que “hubiera sido un palo”, pero que Boston no llega a ese punto, “pero el caso sigue siendo importante porque reconoce que los atletas pueden hacer reclamos colectivos en asuntos laborales, independientemente de que sean o no empleados”.

“Al hacer un reclamo colectivo, que es en lo que Boston hace énfasis, por una disputa laboral, le da acceso a los jinetes a Labor Dispute Act… Esta decisión fortalece un poco la relación de estas ligas con los atletas”, sostuvo Oliveras Maldonado.

En teoría, por ejemplo, Oliveras Maldonado dijo que jugadores de una liga pueden llevar una protesta que incluya dejar de jugar, como hicieron los jinetes que dejaron de correr varios días de carreras, porque se trata de un reclamo colectivo en protesta por las condiciones laborales.

“Podrían irse a huelga los jugadores para resolver una disputa laboral”, sostuvo Oliveras Maldonado.

En esta controversia, explicó el profesor, los tribunales tuvieron que hacer un balance de intereses entre fomentar la competencia y fomentar las relaciones laborales sanas, en las que el juez de distrito se inclinó un poco a fomentar la competencia, y Boston a fomentar las relaciones laborales. Oliveras Maldonado cree que si el caso es apelado y, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en los poquísimos casos que ve en un año decidiera atender esta controversia, probablemente coincidiría con Boston a favor de proteger las relaciones laborales.

El abogado dijo, aunque el derecho deportivo es reciente, pudiera ser que atletas de otras competencias deportivas, quizá como voleibol o baloncesto, pudiesen en el futuro tratar de imitar a los jinetes y de llevar sus reclamos colectivamente, incluyendo dejar de jugar para reclamar mejores condiciones de empleo. “Este caso quizá les da el pie forzado”, sostuvo Oliveras Maldonado.

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