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Portación de armas ante el choque de poderes en EE.UU.

Conversamos con el profesor de derecho penal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Luis Alberto Zambrana González, sobre el tranque entre poderes para reformar las leyes de portación de arma en Estados Unidos, el absolutismo del derecho a portar un arma y el criterio para evaluar la constitucionalidad de una restricción estatal a este derecho.

Mientras el mundo pasa juicio tras el acontecimiento que ocurrió recientemente, en el cual un joven de 18 años abrió fuego en una escuela primaria en Texas, matando a 19 niños y dos maestras, una comisión de la Cámara de Representantes federal tiene previsto revisar unas propuestas para reformar las leyes de portación de armas en Estados Unidos.

Las medidas congresionales buscan elevar el requisito de edad para comprar un arma de 18 a 21 años, prohibir los aceleradores de disparos y crear nuevas sanciones por tráfico de armamento

Pero, por el momento, para el profesor de derecho penal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Luis Alberto Zambrana González, las medidas en relación con el tema continuarán estancadas.

“Hay intención legislativa actualmente que el Senado de Estados Unidos para avanzar una medida que restringe posesión de armas. No es por ser aguafiestas, pero yo creo que mucho de lo que se pueda aprobar va a depender de la decisión que va a tomar el Supremo”, expresó Zambrana González.

Y es que, actualmente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) estaría emitiendo una decisión que podría alterar el estado de derecho sobre la posesión de armas.

“Actualmente, hay unas medidas radicadas, pero ante la realidad del caso que va a bajar, pues debe ser compatible”, agregó el licenciado, quien reiteró que las medidas sobre el control de armas continuarán estancadas en el Congreso de Estados Unidos.

Las personas demandantes solicitaron al Tribunal Supremo de Estados Unidos que declare que todas las personas protegidas por la Segunda Enmienda tienen derecho a tener y portar armas. La controversia surgió luego que Nueva York prohibió a sus ciudadanos que portaran armas de fuego (sin licencia) fuera de su casa, y negaron licencias a toda persona que no logre convencer al Estado de que tiene una “causa adecuada” para llevar un arma de fuego.

¿El derecho a poseer armas en Estados Unidos es absoluto?

Al inicio de esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo una petición para reunirse con legisladores con el propósito de abordar el tema del control de armas. Su postura ejecutiva sobre este tema es clara, según el presidente, la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a las armas, “no es absoluta”

Sobre esta postura, Zambrana González citó dos casos importantísimos en referencia a este tema. Lo son District of Columbia v. Heller y McDonald v. Chicago.

«Esas palabras, literalmente, las ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Incluso, en las opiniones más controversiales sobre el asunto, como en el caso de Columbia v Heller y McDonald v Chicago. Propiamente se dijo que no es un derecho absoluto”, recordó.

District of Columbia v. Heller encontró en la Segunda Enmienda una garantía de un derecho para portar un arma para el uso personal, al menos en algunas circunstancias.

Mientras, McDonald v. Chicago determinó que el derecho de un individuo a «tener y portar armas», protegido por la Segunda Enmienda, está incorporada por la Cláusula del Debido Proceso o la Cláusula de Privilegios o Inmunidades de la Decimocuarta Enmienda. Por lo tanto, es ejecutable contra los estados.

Ante esto, existen escenarios en los cuales el estado sí podría regular la portación de armas, como lo son en las escuelas, tribunales y hospitales.

“Sí, pueden regular, pero no prohibir absolutamente de una manera más estricta, el derecho a la portación y posesión de un arma de fuego. Por tanto, no es un derecho absoluto, como no lo es prácticamente ningún en la Constitución, incluyendo la vida, que sí se puede quitar, si es que se sigue un proceso legal a través de un proceso penal, y se impone la pena de muerte”.

Criterio para evaluar la constitucionalidad de una restricción estatal

Para el abogado penal es importante el tema sobre el criterio para evaluar la constitucionalidad de una restricción estatal al derecho de portar y poseer un arma de fuego, que posiblemente se resuelva ahora en junio. “Va ligado bastante al carácter no absoluto de la Segunda Enmienda”.

Ambos casos, según el penalista, solo abordan la interpretación desde el originalísimo textual.

“Solamente se le reconoció el derecho fundamental bajo una teoría jurídica muy controvertida. A mí no me convence para nada ni a muchísimos otros historiadores. Solamente se reconoció ese derecho fundamental de tipo individual, y en McDonald se aplicó a los Estados. Sin embargo, se quedó en el aire qué tipo de criterio voy a utilizar. Usualmente, hay varios criterios que se pueden usar por parte de los tribunales de una sociedad desarrollada para revisar las limitaciones a los derechos fundamentales. En este caso, sin embargo, no se asumió ni un escrutinio escrito, ni un escrutinio intermedio, ni un escrutinio de razonabilidad, los tres principales disponibles para revisar constitucionalmente una interferencia o una afectación por parte del Estado, tanto de la jurisdicción federal como de la jurisdicción estatal o territorial, como un derecho fundamental. Y eso lo que ha hecho, literalmente, es desorientar a los tribunales”, abundó.

Reconociendo la realidad del derecho a poseer y portar un arma, el abogado opinó que convienen mejores criterios de los Tribunales de Primera Instancia y Apelativos van a utilizar para revisar las restricciones, tanto federales como estatales, que se vayan desarrollando en un país con una tasa alta de criminalidad.

“Ya es parte del precedente. Negar esa realidad es darnos contra la pared”.

De acuerdo con datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las armas de fuego son la principal causa de muerte entre los menores estadounidense, superando históricamente los accidentes de automóvil.

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