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Queda pendiente medida que prohíbe a contratistas del gobierno hacer donativos políticos

Tampoco podrán hacer aportaciones para cubrir gastos de campaña.

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Esta semana la Cámara de Representantes tuvo bajo su consideración en su sesión del martes 7 de junio, el Proyecto de la Cámara 699, que busca prohibir que personas naturales o jurídicas que tenga o que aspire a tener contratos con el gobierno pueda realizar donativos políticos o gastos relacionados con campañas políticas.

Según el trámite legislativo, la medida estaba pendiente para ser considerada por el pleno de la Cámara la sesión del 24 de mayo de 2022, sin embargo, fue retirada y devuelta a la Comisión de Derecho Constitucional, Propuestas de Enmiendas a la Constitución y Asuntos Electorales de la Cámara.

La medida volvió a quedar pendiente de acción posterior en el calendario de la Cámara.

Lee aquí el informe y el entirillado del informe

El proyecto de administración, que fue radicado por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), recibió importantes enmiendas en tras ser evaluada por dicha Comisión.

Entre las enmiendas se encuentra que, originalmente, la medida proponía que la prohibición de donativos fuese durante los 90 previos a las Elecciones Generales, o durante los 90 días antes o después de obtener un contrato gubernamental.

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El Contralor Electoral recomendó que la prohibición no tuviera limitaciones de tiempo y que tampoco se circunscribiera a las Elecciones Generales solamente, lo cual fue acogido por la Comisión.

La medida, según enmendada por la Comisión, prohíbe a cualquier persona que tenga, posea o interese tener o licite para obtener un contrato con el gobierno, incluyendo municipios, cualquier donación a partidos políticos, candidatos, aspirantes, comités de campaña o comités autorizados para participar de referendums, plebiscitos, consultas al electorado, primarias, elección especial o de una elección general.

La propuesta legislativa también prohibe cualquier aportación para cubrir gastos relacionados con campañas políticas.

El proyecto obligaría a que todo contrato con el gobierno contenga una cláusula en el que la persona contratista se compromete a no realizar este tipo de donativos.

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