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JSF informa que desde 2023 cerca de 25 mil empleados públicos serían evaluados para alzas salariales

La Reforma del Servicio Público busca modificar la forma en que el gobierno maneja su capital humano.

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Por Daniel Rivera Vargas

Miles de empleados públicos podrían recibir aumentos salariales en los próximos dos años como parte de una iniciativa impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en la que participa el gobierno central, según Arnaldo Cruz, director de Investigación y Política Pública de la entidad creada por la ley federal PROMESA para regular las finanzas del estado.

Cruz indicó que la iniciativa se llama Reforma del Servicio Público, y que es parte del plan fiscal. «Se está hablando de reformar la manera que el gobierno maneja su capital humano», sostuvo Cruz.

La Reforma al Servicio Público incluye el lanzamiento entre finales de julio y mediados de agosto de una nueva plataforma “online” de reclutamiento para recibir solicitudes de empleo en el gobierno, explicó Cruz en entrevista con Microjuris.

«Estos procesos tecnológicos a veces se atrasan pero se supone que en dos semanas la plataforma se anuncie», agregó.

Luego de esa plataforma, la idea es que el gobierno diseñe un plan, para demostrarle al personal de la JSF, que tiene listos los cambios en su diseño organizacional, para el reclutamiento adecuado de personal y para la evaluación de empleados. «Debemos estar convencidos de que puedan implantar ese ‘road map’ (mapa de ruta) en enero del año que viene», afirmó.

«Si al final de diciembre hay consenso de que se cumple con el plan fiscal, las nuevas escalas de retribución entrarán en vigor en enero», agregó Cruz, quien también indicó que el proceso va a tomar de uno a dos años.

Según Cruz, la JSF ha autorizado $99 millones para las nuevas escalas de retribución, pero también ha autorizado $33 millones adicionales para contratar a 500 nuevos empleados del gobierno.

El plan piloto comenzó a mediados del año pasado en la Oficina de Gerencia y Presupuestos (OGP) y el Departamento de Hacienda, esta última siendo una agencia que no revisaba sus estructuras de trabajo desde 1990. Asimismo, en la investigación de la JSF encontraron que Hacienda tenía divisiones en las que no había empleados.

El resultado, anunciado en abril pasado, indicó que se reestructuró la agencia eliminando divisiones que ya no hacían falta, que el 76% de los empleados de la agencia vieron un aumento salarial, que se crearon 107 nuevos puestos de trabajo y que nadie fue despedido.

«No solo los empleados (del plan piloto) de Hacienda y OGP están ganando un salario basado en el mercado por primera vez, sino que la agencia ahora tendrá la infraestructura de capital humano necesaria para enfrentar los difíciles desafíos que se avecinan a través de estructuras organizativas modernizadas, clasificaciones de trabajo actualizadas y nuevos puestos específicos para el reclutamiento,» dijo el presidente de la JSF, David Skeel en declaraciones escritas cuando en abril se anunciaron los nuevos sueldos.

«Salarios competitivos, justos y justificados son una parte esencial para esta transformación», agregó el presidente de la JSF.

Además, Cruz indicó que no todos los empleados públicos cualificaron para estas nuevas escalas de retribución. Por no ser parte del sistema uniforme de clasificación de la OATRH, fueron excluidos de la Reforma del Servicio Público todos los empleados del Departamento de Educación, así como los de las corporaciones públicas, como tampoco los agentes de la Policía, los Bomberos, y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Sin embargo, sí se benefician de la reforma los empleados civiles del Negociado de la Policía, del Negociado de Bomberos, y del DCR.

Agregó que no fue decisión de la JSF excluir a estos empleados, y por eso los aumentos de algunos de esos grupos se manejaron a través del plan fiscal y presupuesto.

Del universo de 25 mil empleados públicos, se les mejoraría los sueldos a aquellos que estén por debajo del mercado, dijo.

Cruz explicó que la reforma se viene gestando desde el 2019, cuando la administración de Wanda Vázquez le presentó a la JSF, conforme a la ley 8 de 2017, un plan para uniformar las escalas salariales en el gobierno, pero entonces la Junta decidió que debían ir más allá de una revisión a las escalas salariales, y comenzaron un periodo de análisis para evaluar las estructuras internas de recursos humanos de las agencias y el método de reclutamiento.

Agregó que la plataforma en línea busca precisamente darle “transparencia” al proceso de reclutamiento, algo de lo que carece actualmente el gobierno en este renglón. En febrero de 2021, comenzó el plan piloto dirigido desde la JSF pero con una fuerte cooperación del gobierno.

«Esto no es la junta en Hato Rey haciendo dibujitos. Estamos todos los días en las agencias… ha sido un proceso muy colaborativo», mencionó el funcionario de la JSF.

Cuando se le preguntó si cree que el gobierno puede cumplir con tener un plan para estos cambios de recursos humanos con evidencia de actos dirigidos a esos cambios en diciembre próximo, respondió: «La colaboración y el entusiasmo del gobierno ha sido ‘off the charts’. Esto no ha sido la junta imponiendo ‘tu tienes que hacer esto’. Todo lo que hemos hecho ha sido diseñado,  con reuniones de trabajo casi a diario en las agencias… ya esto no es algo de la junta, es del gobierno».