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Uno de los abogados que participa en el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que busca la revocación de los casos insulares dijo que está cautelosamente optimista de que el alto foro federal expida el certiorari para evaluar si revocan o no la doctrina racista que permite en parte el trato discriminatorio a Puerto Rico.
Pero, el abogado Neil Weare, de Equally American Legal Defense & Education Fund, parte del equipo legal de los demandantes en el caso Fitisemanu v. Estados Unidos, aclaró que la revocación de los casos insulares no necesariamente representa el fin del trato discriminatorio a Puerto Rico y los otros territorios.
Los casos insulares son una serie de decisiones de principios del siglo pasado, en el que luego del triunfo estadounidense en la Guerra Hispanoamericana, comenzaron a llegar caso al alto foro federal sobre los nuevos territorios, y surge el concepto legal en el Tribunal Supremo, usando frases como “salvajes” y “alien races” de que se puede tratar diferente a los residentes en los territorios. El Supremo dijo la semana pasada que el próximo 7 de octubre evaluarían si expiden o no el certiorari en el caso Fitisemanu, que expresamente pide revocar los casos insulares.
“Estamos cautelosamente optimistas”, dijo el letrado en entrevista con Microjuris.
“Creo que especialmente en los pasados años el Tribunal Supremo ha sido más vocal y reconociendo cuán problemáticos son los casos insulares. No siempre que tienes jueces en los dos lados de la división ideológica política expresarse tan fuertemente sobre una línea de casos. Por un lado, el juez (Neil) Gorsuch con una opinión muy fuerte, realmente dejando ver a sus colegas porque los casos insulares son tan mal, que están basados en una fundación podrida, y por el otro lado tienes a la jueza (Sonia) Sotomayor, quien tiene lazos con Puerto Rico escribiendo en su disidente que esos casos son odiosos y equivocados. Y ambos piden a sus colegas que deroguen los casos insulares cuando tengan un caso apropiado. Y una semana después de Vaello, nosotros pedimos el certiorari en Fitisemanu, y expresamente pedimos que revoquen los casos insulares “, sostuvo Weare.
Las expresiones de Sotomayor y Gorsuch se dieron en el caso Vaello-Madero, en el que se reclamaba para Puerto Rico trato igualitario a los estados en el programa de Seguro Social Complementario (SSI, por sus siglas en inglés) y la decisión fue 8-1.
Pero, Weare dijo que hay diferencias entre Vaello y Fitisemanu por lo que el resultado puede no ser el mismo. Dijo que en Vaello-Madero el tema medular era una revisión básica del poder congresional y la cláusula territorial, pero en Fitisemanu la controversia es otra.
“Este caso es sobre el significado de la cláusula de ciudadanía, y la decimocuarta enmienda, y cuál es el alcance geográfico de esa enmienda y si incluye a los territorios. Y cuando la decimocuarta enmienda fue aprobada, en 1876, casi la mitad de Estados Unidos eran todavía territorios, tienen algunos de los diseñadores de la cláusula territorial que expresan que su alcance geográfico incluye territorios. Tiene el Tribunal Supremo expresamente diciendo eso, solo 5 años después de la ratificación de la decimocuarta enmienda, esto en los casos Slaughterhouse. Así que la evidencia histórica y el origen original de la decimocuarta enmienda es abrumadora a que se debe extender la decimocuarta enmienda a los residentes de los territorios, y la única razón para una conclusión diferente, como lo hizo el décimo circuito (en el trámite apelativo de Fitisemanu) son los casos insulares, y la idea de qué territorios no incorporados por algunos propósitos no deben ser parte de Estados Unidos”, sostuvo Weare.
Pero, revocar los casos insulares no pondrá de inmediato fin al trato diferente a Puerto Rico en programas y beneficios federales, dijo Weare uso de analogía el caso de la segregación racial, puesto que en algún momento estuvo el precedente Plessey v. Ferguson, avalando la doctrina de “separados, pero iguales”, no se podía hacer nada por parte del congreso porque ese era el estado de derecho constitucional reconocido, pero una vez se emite Brown v. Board of Education, que puso fin a la segregación racial, comenzaron una serie de acciones para combatir el discrimen contra los afroamericanos, como la ley de derechos electorales, la ley de derechos civiles.
La idea, dijo el abogado, es que revocar casos insulares tenga un efecto dominó similar porque sería “el inicio de una conversación” entre las autoridades federales y los residentes de los territorios.
“Nuestra meta es que revocar los casos insulares tenga un efecto transformador en las conversaciones legales y políticas sobre diversos asuntos que afectan a los ciudadanos en Puerto Rico y los territorios. Al final del día, Estados Unidos tiene un problema de colonias, y uno de los asuntos principales es que no reconocen ese problema, y es difícil arreglar el problema de las colonias hasta que Estados Unidos reconozca que tiene un problema y tener al Tribunal Supremo revocando una doctrina con un siglo de existencia que categoriza a los residentes de Puerto Rico y otros territorios como salvajes, ‘alien savages’, ‘unfit for citizenships’, esto puede ser el catalítico para más progreso en asuntos como beneficios federales, disparidad, asuntos de estatus, la Ley Jones, muchos asuntos que no están lejanos del marco legal creado por los casos insulares”, sostuvo.
Sobre la posición del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de que se expida el certiorari, Weare dijo que no le sorprendió, pero calificó de un “desafío a la realidad” que negaran que los casos insulares fueran un factor en el caso Fitisemanu cuando dos de los jueces del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito federal dijeron que resolvían en contra de Fitisemanu basados en los casos insulares.
“Bajo la interpretación del Décimo Circuito, el Congreso puede venir mañana a decir que los residentes de Puerto Rico no deben tener ciudadanía”, mencionó.
De otra parte, Weare abordó una de las preocupaciones del gobierno federal en el caso de Fitisemanu, esto es de que no todas las personas de Samoa apoyan su reclamo de que todos los samoanos sean ciudadanos americanos. Weare reconoció que incluso el gobierno de la Federación de Samoa se opone porque no hay un “consenso” entre sus ciudadanos.
Sin embargo, Weare aclara que la actual posición del gobierno del archipiélago es contraria a la postura original e histórica del liderato samoano porque cuando estos “contrario a Puerto Rico, voluntariamente solicitaron ser parte de Estados Unidos… con el entendido de que se convertirían en ciudadanos”. Y luego, cuando les negaron esa ciudadanía americana, “protestaron por décadas”.
Weare dijo que Puerto Rico es un ejemplo de cómo ser ciudadanos americanos no ha privado a los puertorriqueños de elementos de su cultura, con su idioma, y que figuras puertorriqueñas como los exgobernadores Pedro Rosselló y Aníbal Acevedo Vila se han unido en certiorari a Fitisemanu. “Creo que la corte debería mirar la experiencia de otros territorios al mirar esos argumentos”, sostuvo.
Más allá del reclamo colectivo que puedan tener los samoanos, en el caso de John Fitisemanu, el no tener la ciudadanía americana a pesar de haber nacido en un territorio estadounidense y residir actualmente en Utah, le ha costado trabajos, le impide votar por puestos federales como el presidente y por congresistas, y hasta le impide votar por cargos locales como el consejo escolar.
“Es un estigma”, dijo Weare. “El (Fitisemanu) quiere los mismos derechos y responsabilidades que otros ciudadanos”.
Igualmente, Weare dijo que un revés ante el Supremo, ya sea en la expedición del certiorari o en la evaluación del caso, podría representar que pase mucho tiempo en el futuro en lo que llega otro caso que aborde el tema de casos insulares.
