Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico NOTICIAS

Supremo aclara que término de 120 días para emplazar puede suspenderse

Mientras se espera por la fianza de no residente al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil.

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz de su jueza presidente Maite Oronoz Rodríguez, emitió una opinión en la que aclaró el alcance en cuanto al efecto suspensivo de todos los procedimientos judiciales, incluidos los términos inherentes al proceso judicial, que tiene la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, la cual lee:

«Cuando la parte reclamante resida fuera de Puerto Rico o sea una corporación extranjera, el tribunal requerirá que preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados a que pueda ser condenada. Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se preste la fianza, que no será menor de mil dólares ($1,000). El tribunal podrá ordenar que se preste una fianza adicional si se demuestra que la fianza original no es garantía suficiente, y los procedimientos en el pleito se suspenderán hasta que se preste dicha fianza adicional.

Transcurridos sesenta (60) días desde la notificación de la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la fianza adicional, sin que ésta haya sido prestada, el tribunal ordenará la desestimación del pleito».

«La suspensión decretada al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, incluye la suspensión del término de 120 días para diligenciar el emplazamiento dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. Concluimos que, cuando el tribunal decreta la suspensión de los procedimientos por razón de que le exige a un demandante no residente prestar la fianza requerida por la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, el término de la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, ─si aún no ha transcurrido─, queda en pausa hasta que se reanuden los procesos, una vez se preste la fianza», explicó el Supremo.

Lee el caso aquí: Martajeva v. Ferré Morris, 2022 TSPR 123

El Supremo basó su análisis en un caso de hace un siglo atrás. En Capital Merchandise Company v. Gerardino & Cía. y otros, 30 DPR 233 (1922), el Tribunal Supremo tuvo que interpretar, por primera vez, el efecto de la suspensión de los procedimientos ─por razón de la exigencia de la fianza de no residente─ sobre el término para acudir en apelación. En aquel entonces el Supremo contestó que el término quedó en suspenso.

Además, el Tribunal Supremo estimó que el texto de la regla es claro y libre de ambiguedades.

«El texto de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, es claro y libre de ambigüedad y comunica cabalmente la intención de la Asamblea Legislativa en cuanto a su efecto suspensivo de todos los procedimientos judiciales, incluidos los términos inherentes al proceso judicial. Segundo, si bien las diferentes normas que rigen los procesos judiciales civiles han sufrido enmiendas a través de los años, la norma en cuestión se ha mantenido esencialmente intacta. Ello denota que, a pesar de las consistentes sugerencias para variarla y del pronunciamiento de este Tribunal en 1922, la referida voluntad legislativa mantiene su fuerza y vigor», expuso la jueza presidenta en la opinión del Supremo.

«Así, pautamos que la suspensión decretada al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, incluye la suspensión del término de 120 días para diligenciar el emplazamiento dispuesto en la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.», continua la opinión.

El Supremo aprovechó para aclarar las diferencias entre suspender un término y prorrogarlo, a la luz del caso Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637 (2018), en el que se le solicitó al foro primario que prorrogara el término para diligenciar el emplazamiento una vez venciera. En ese caso, el Supremo determinó que el término para diligenciar el emplazamiento es «improrrogable».

«Adviértase que, en esta tesitura específica, no cabe hablar de que el término de 120 días sufre una prórroga. Una prórroga supone un ‘[p]lazo por el cual se continúa o prorroga algo’. Para que el término se ‘prorrogue’, ineludiblemente tiene que llegar a su vencimiento, para que a partir de ello se le añada un tiempo definido o un plazo para su continuación. Eso no es lo que ocurre cuando el término de 120 días para diligenciar el emplazamiento se suspende. El efecto es que este se detiene con los días que hayan transcurrido y, una vez se deje sin efecto la suspensión de los procedimientos, el término continúa su decurso desde donde se quedó cuando ocurrió la suspensión», concluyó la opinión.