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Crece el reclamo para la divulgación de documentos de la Junta Fiscal

La Junta de Supervisión Fiscal reclama que no debe entregar la información solicitada por el Centro de Periodismo Investigativo en virtud de la inmunidad soberana de la undécima enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

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Por Daniel Rivera Vargas

Más de una docena de organizaciones han comparecido ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en al menos cuatro recursos de Amigo de la Corte en favor del reclamo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) entregue documentos.

Lee el documento aquí. 

En este caso, la JSF reclama que no debe entregar la información solicitada por el CPI en virtud de la inmunidad soberana de la undécima enmienda de la Constitución de Estados Unidos, pero en varios de los Amigos de la Corte se resalta la importancia de que el pueblo conozca, a través en parte de esos documentos, las intenciones del organismo fiscal creado bajo la ley federal PROMESA.

«La JSF tiene casi control total sobre los funcionarios electos y de 35 agencias públicas. Excluirlos de la rendición de cuentas, en la forma de transparencia y acceso a la información pública, supondría un duro golpe para el pueblo de Puerto Rico que solo piden saber qué están planeando estos procónsules y cómo lo justifican», reza el recurso de 44 páginas presentado por los grupos Liga de Ciudades de Puerto Rico, Sembrando Sentido, Inc., Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Cambio PR y el Instituto de Economías de Energía y Análisis Financiero y fue trabajado por los abogados Jessica E. Méndez-Colberg, Rolando Emmanuelli-Jiménez y Zoé C. Negrón Comas.

También compareció la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. «Como ha sido reiteradamente declarado por académicos, periodistas y defensores, esta Junta no electa ejerce poderes fiscales plenarios sobre Puerto Rico y mandatos sobre decisiones de política pública con una supervisión o rendición de cuentas mínima. Otorgar a la Junta el poder de evadir reclamos de acceso a la información, agravaría la crisis democrática que enfrenta actualmente Puerto Rico, disminuirían la discusión libre e informada de los asuntos gubernamentales y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales», indica el escrito sometido con la firma de Ariadna Michelle Godreau Aubert y Verónica González Rodríguez, del grupo Ayuda Legal.

Otro grupo que compareció fue GFR Media LLC, empresa matriz de El Nuevo Día y Primera Hora.

«La condición territorial de Puerto Rico de ninguna manera resta valor de la conclusión ineludible de que al promulgar el Congreso de PROMESA no anula las leyes de divulgación de Puerto Rico, que son plenamente aplicables contra la JSF en la corte federal», lee parte de la conclusión del escrito con la firma de los abogados Rafael Cox Alomar y Pedro Buso.

También presentaron recursos separados de Amigos de la Corte las organizaciones Public Citizen, el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, Espacios Abiertos, Clemente Properties Inc., Hispanic Federation (junto a LatinoJustice PRLDEF y la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island). También presentaron ponencias el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y un grupo de académicos de Puerto Rico.

El caso de la JSF contra el CPI se atenderá en vista oral ante el Supremo federal el próximo 11 de enero, por lo que se espera una decisión del alto foro federal al respecto antes de julio.

Tradicionalmente, aunque ha habido excepciones recientes, como el caso de la mujer que no quiere diseñar portales de Internet para parejas del mismo sexo, las vistas orales en el Supremo federal duran una hora, pero la Administración Biden, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pidió extender el tiempo para ellos participar, y el alto foro federal concedió la petición. El tiempo formalmente asignado es de 70 minutos.

«Los Estados Unidos tienen un interés sustancial en la resolución de la pregunta presentada. El caso implica preguntas importantes sobre la existencia y extensión de la inmunidad soberana de Puerto Rico y puede afectar la legislación federal y las políticas relacionadas a Puerto Rico. También implica principios más generales relativos a la derogación de la inmunidad soberana que sean pertinentes a los Estados Unidos como soberanos y a otros gobiernos que puede ser demandado en los tribunales de los Estados Unidos», planteó la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth B. Prelogar.

En su portal web, el CPI ha dicho que este pleito lleva más de cinco años, y que aunque el JSH ha entregado 18,400 documentos, ha reclamado confidencialidad en más de 20,000 documentos adicionales.