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Un caso laboral de gran importancia ocupó la atención del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se debatieron los alcances de una ley federal que protege a los confidentes.
En el caso Trevor Murray v. UBS Securities, el demandante es un individuo que denunció malas prácticas en el mundo financiero y fue posteriormente despedido como represalia. Alegó que su despido violaba el estatuto federal conocido como Sarbanes-Oxley y ganó en el juicio inicial, pero UBS logró apelar con éxito, llevando el caso ante el Tribunal Supremo federal.
El Sarbanes-Oxley Act se creó para prevenir fraudes financieros y proteger a los empleados que denuncian actividades ilegales, conocidos como «whistleblowers».
En concreto, la pregunta que estaba ante la consideración del alto foro federal era si el confidente debe probar la intención del patrono de despedirlo por represalia, o si la ausencia de esa intención podía ser usada por la demandada en su defensa.
Durante una vista que se prolongó por más de hora y media, se debatió acaloradamente sobre la intención del Congreso al redactar la ley, lo que podría incluirse en las instrucciones del jurado y la amplitud de la opinión que emitiría el Supremo.
La representante legal de Murray, Easha Anand, argumentó que la ley requería que la denuncia fuera un «factor contribuyente» al despido.
«No hay duda de la intención de despedir a esta persona… el problema es la relación con el acto protegido», expresó la jueza Sonia Sotomayor.
Los jueces argumentaron en varias ocasiones ante el Supremo que el confidente pudo haber sido despedido por razones válidas como ser un mal empleado o por fraude.
Como muestra del tecnicismo del caso, y quizá de lo incierto del resultado final, los jueces del Supremo federal expresaron muchas dudas respecto a los argumentos porque, en parte, «la opinión del Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito (que resolvió la apelación de Murray) se puede leer de diversas formas», expresó el juez Neil Gorsuch.
«Puede plantear un elemento hipotético», cuestionó en un momento dado la jueza Amy Cohen Barret a Anand.
«Eso no es lo que dice», le comentó poco después a la misma letrada el juez Samuel Alito. «Hay jurados confundidos», planteó en un momento dado Kavannaugh. «Tengo problemas con ese lenguaje», sostuvo Sotomayor sobre la definición de factores contribuyentes de la letrada.
También enfrentó cuestionamientos el representante de la administración Biden, el procurador general adjunto, Anthony Yang, quien expresó una postura similar, aunque con algunos matices para diferenciarla, de la demandante.
«Trato de entender (en este caso) como es diferente la causalidad y la intención», le preguntó a Yang la jueza Ketanji Brown Jackson.
Pero también fue cuestionado severamente el argumento de UBS, representada por el exsecretario del Trabajo bajo Donald Trump, Eugene Scalia.
«Yo no veo en el estatuto la palabra represalia… me está pidiendo que vea cosas en el estatuto que no están», le expresó Gorsuch a Scalia.
En un elemento curioso, Scalia es algo cercano al foro, esto en virtud de que es hijo del fallecido juez del Supremo, Antonin Scalia. Es la primera vez que el hijo del juez Scalia comparece ante la corte en la que alguna vez su padre fue una figura prominente.
«Hay un requisito de intención», indicó Scalia, quien tuvo 30 minutos para elaborar la posición de UBS.
Scalia entiende que hubo problemas en las instrucciones al jurado – e incluso se le pidió que en medio de la vista elaborara lo que debía ser una instrucción al jurado en estos casos- pero el abogado elaboró que se le dio una ruta demasiado fácil para ir en contra de UBS.
Poco antes, Scalia afirmó que «a veces el patrono inocente pierde».
Kavannaugh trajo a colación que la pregunta última en este caso es quien dice la verdad de porque Murray fue despedido.
A preguntas de Barret sobre cuánto debe abundar el Supremo federal en esta opinión, Scalia sopesó que la decisión podría dejar mucho espacio sin discutir relacionado a esta ley.
El procurador general de la administración Biden, el procurador general adjunto Anthony A. Yang, aseguró que la posición de UBS era «incorrecta».
Lo complejo del debate quedó enmarcado también en una broma de Gorsuch: «Yo no creo que nadie quiera volverá discutir este asunto de nuevo».
«Yo ciertamente no», respondió el procurador adjunto.
