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Un plan legislativo y municipal rechazado por profesionales de la planificación

Un proyecto de ley que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico con el fin de ampliar los tipos de profesionales que pueden dirigir las Oficinas de Ordenación Territorial en los municipios, fue aprobado por el Senado en su sesión del 26 de febrero de 2024.
Resumen de puntos principales
  • El Proyecto de la Cámara 1034 propone permitir que arquitectos e ingenieros dirijan oficinas municipales de ordenación territorial, eliminando el requisito de planificadores con licencia.
  • Profesionales de la planificación se oponen, alegando formación especializada en análisis social, demográfico, jurídico y políticas públicas que ingenieros y arquitectos no reciben.
  • Organizaciones advierten riesgo de retroceso en salvaguardas ambientales y urbanas; proyecto pasó al comité de conferencia y podría llegar a la firma del gobernador.

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Por Daniel Rivera Vargas

En momentos en que Puerto Rico se encuentra en un proceso de reconstrucción debido a desastres naturales como el huracán María en 2017 y los terremotos de 2020, surge una nueva controversia debido a un proyecto de ley que permite a personas profesionales que no son planificadoras dirigir oficinas de planificación en los municipios.

Cambios en los requisitos para dirigir ordenación territorial en municipios

El Proyecto de la Cámara de Representantes 1034 propone enmendar el artículo 6.016 de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, el cual establece que el cargo de director de las Oficinas de Ordenación Territorial de los municipios debe ser ocupado exclusivamente por profesionales de la planificación con licencia.

Sin embargo, de aprobarse la medida en su redacción actual, se eliminaría este requisito y se abriría la posibilidad de reclutar profesionales como personas arquitectas e ingenieras en lugar de profesionales de la planificación.

La medida fue presentada en 2021 y ha sido objeto de vistas públicas. Según el informe de la medida, durante estas vistas se registró una fuerte oposición por parte de profesionales de la planificación, mientras que recibió apoyo por parte de varios municipios y entidades municipales, con la excepción del municipio de Fajardo.

«El peritaje que debe tener un planificador no es el mismo que el de un arquitecto o ingeniero», indicó Betsy L. López, funcionaria municipal de Fajardo.

Sin embargo, la postura legislativa final ha sido respaldar la medida después de que fuera aprobada en el Senado en su votación final el lunes, 26 de febrero, habiendo obtenido previamente el respaldo de la Cámara.

«La planificación urbana se enrique de aportaciones multidisciplinarias», dice el informe de la medida.

Para Raúl Santiago Bartolomei, profesor de la Escuela Graduada de Planificación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la realidad es que hay suficientes profesionales de la planificación en el archipiélago para poder atender estas oficinas de los 78 municipios, pero los alcaldes entienden equivocadamente que son puestos que pueden atender otros profesionales que no tienen todas las destrezas de un planificador, como los ingenieros y los arquitectos.

«Yo estudié ingeniería antes que planificación. En ingeniería no se cubren cursos de análisis social, de análisis censal, demográfico, eso no se cubre, en ninguna de las ingenierías. No se cubre ordenamiento jurídico y territorial en Puerto Rico, eso se cubre en planificación. Los ingenieros no toman cursos de política pública, los planificadores sí. Y los arquitectos tampoco cubren esos temas», sostuvo el catedrático.

Santiago Bartolomei sostuvo que este el tipo de medida que se aprueba con frecuencia en Puerto Rico, evidencia un escenario en el cual se legisla por «petición sin ningún tipo de análisis», provocando un debate entre profesiones «cuando este proyecto no puede abordar adecuadamente el problema que busca resolver».

«Esto es un proyecto de ley que viene a petición de los alcaldes, porque están teniendo problemas para identificar planificadores que dirijan sus oficinas de planificación y territorialidad, sobre todo en el contexto de la reconstrucción. También esto viene acompañado de que muchos de estos municipios tienen salarios muy bajos», agregó Santiago Bartolomei.

Además de los salarios, Santiago Bartolomei aseguró que muchos municipios no tienen estructura administrativa para tener esas oficinas.

Oposición al proyecto

Entre los opuestos al proyecto se encuentra el grupo ¡Planifiquemos!

«Nuestra posición es que esta medida, aunque bien intencionada, representa un retroceso potencial para la planificación en Puerto Rico y podría abrir la puerta a un desarrollo desmedido, no sostenible e irresponsable con el bienestar a largo plazo de nuestras comunidades y nuestro ambiente», reza una carta del grupo, organización que se describe como una sin fines de lucro dedicada a promover la planificación comunitaria participativa, inclusiva y democrática en Puerto Rico.

David Carrasquillo, director ejecutivo de la organización Planifiquemos, sostuvo que la medida fue enmendada por lo que ahora pasaría a comité de conferencia. Si en ese comité hay acuerdo con las enmiendas, entonces el proyecto de ley pasaría a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

Sostuvo que este proyecto debe ser considerado en conjunto con la mayoría de las 13 medidas recientemente presentadas en la legislatura, las cuales van en contra del trabajo que un planificador puede realizar por el bienestar común de Puerto Rico. Esto incluye una medida que reduce el tiempo para una evaluación ambiental a 30 días e incorpora un lenguaje que establece que si la evaluación no se completa en dicho plazo, se entenderá que ha sido aprobada ambientalmente

«Es evidente que son promovidos por el sector de la construcción y que van dirigidos a eliminar las salvaguardas y a las garantías que la planificación representa», sostuvo Carrasquilllo.

Indicó que el Proyecto de la Cámara de Representantes 1034 en particular demuestra desconocimiento del rol de un director de una oficina de planificación, exigencias que según él no pueden ejecutar un arquitecto o ingeniero sino un planificador, que para ejercer su profesión necesita tener una maestría y aprobar una reválida.

Si la medida es aprobada en los cuerpos legislativos, Carrasquillo indicó que insistirán con el gobernador para que la medida no se convierta en ley.

«No tenemos idea de cuál sea la posición del gobernador. Nos parece que si la aprobara sería por el desconocimiento de la medida», agregó.

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