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Un hombre que llegó a un acuerdo con la fiscalía federal y luego huyó de las autoridades por 13 años intentó convencer al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito que no se le debía aumentar su condena de cárcel tras la evasión.
En el argumento, que fue rechazado por los jueces apelativos, la defensa del convicto planteó que cuando el sujeto se declaró originalmente culpable en el 2009, lo hizo por un acuerdo que contenía una cláusula que decía que la fiscalía federal no pediría tiempo adicional de cárcel en su contra.
«Si el acusado falla en cumplir sus promesas, el gobierno queda liberado de su acuerdo», indicaron los jueces de Boston en su opinión de 20 páginas.
Según la opinión, el sujeto se había declarado culpable de varios delitos relacionados a una conspiración en la que participó allá en 2007 de lavado de dinero de narcotraficantes colombianos, depositando $1.5 millones en bancos estadounidenses.
Pero, tras ser acusado en 2008, en el 2009 llegó a un acuerdo con una cláusula de «no buscar» ajustes al acuerdo, por el que podría enfrentar un mínimo de 57 meses.
Sin embargo, el sujeto no llegó a ser sentenciado entonces porque violando las condiciones de su libertad bajo fianza y supervisión electrónica, el hombre desapareció, sin ir a su vista de sentencia. Se emitió una orden de arresto que no se pudo ejecutar hasta 13 años después, cuando en el 2002 fue arrestado en República Dominicana.
Cuando finalmente iba a ser sentenciado, la defensa del acusado sostuvo que el gobierno no podría pedir más tiempo de cárcel del pactado originalmente en su acuerdo de alegación de culpa por la cláusula de «no ajustes». Además, pidió que la sentencia fuera de un máximo de 37 meses de prisión porque hizo «esfuerzos para rehabilitarse él mismo mientras estaba en República Dominicana».
La fiscalía se opuso, reclamó que la evasión de González-Santillán fue una obstrucción a la justicia y pidió 70 meses de cárcel, en lo que coincidió el juez federal Francisco Besosa. La defensa del acusado alegó que se trataba de una sentencia procesalmente y sustancialmente irrazonable y excesivamente larga.
El tribunal de apelaciones evaluó las alegaciones y le dio la razón al juez y a la fiscalía federal.
«Cuando un acusado evade a las autoridades y no comparece a su vista de sentencia ha obstaculizado la justicia, y resolver de otra forma sería condonar desobediencia directa a la orden de libertad condicional de un tribunal», reza la opinión de los jueces apelativos