Reñida sentencia del Supremo ordena revaluar relocalización temporal de menor de edad en Uruguay

Descarga el documento: Espinoza Chirinos v. Andrade Nuñez

Síntesis fáctica
Luego del divorcio entre la Sra. María José Andrade Núñez y el Sr. Raimundo Espinoza Chirino, acordaron, entre otras cosas, cómo regirían las relaciones filiales entre el padre y el hijo menor de edad habido en dicha relación (J.R.E.A.). La Sra. Andrade Núñez solicitó el traslado de J.R.E.A. de Puerto Rico a Uruguay. El Sr. Raimundo Espinoza Chirino se opuso. El Tribunal de Primera Instancia, luego de considerar un sinnúmero de factores, detallados con mucha precisión y fundamentados con mucho rigor en una resolución de veinticinco (25) páginas, entendió que la balanza se inclinaba en contra del traslado.

Luego del paso del paso del huracán María, el menor fue trasladado por su madre a Uruguay. Ello con la anuencia del Sr. Espinoza Chirinos con el propósito de beneficiar a su hijo dada la situación de falta de energía eléctrica y el cierre temporal de la escuela a la que asistía el niño. El niño se quedó más tiempo, ya que la madre de la Sra. Andrade Núñez estaba enferma. Se acordó que el menor regresaría a Puerto Rico el 9 de abril de 2018.

Posteriormente, la Sra. Andrade Núñez le solicitó al Tribunal de Primera Instancia quedarse más tiempo en Uruguay con el menor. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud. El Tribunal de Apelaciones confirmó dicha determinación.

Inconforme, la madre acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, mediante una sentencia, y en virtud de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, revocó el dictamen del Tribunal de Apelaciones y ordenó que se revalúe en los méritos la nueva solicitud de traslado del menor de edad.

Opinión disidente
El Hon. Edgardo Rivera García emitió una opinión disidente, a la cual se unió la Hon. Mildred Pabón Charneco y el Hon. Roberto Feliberti Cintrón.

En síntesis, el Hon. Edgardo Rivera García adujo que el Tribunal de Primera Instancia, luego de considerar un sinnúmero de factores, detallados con mucha precisión y fundamentados con mucho rigor en una resolución de veinticinco (25) páginas, entendió que la balanza se inclinaba en contra del traslado, pues este no operaría en beneficio del menor. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia avaló en parte la conclusión del Trabajador Social y de la Dra. Elsa B. Cardalda. El referido juez destacó que la Sra. Andrade Núñez no podía utilizar la situación de emergencia acontecida como pretexto para pedir relocalización ya que a pesar de que el fenómeno atmosférico sacudió fuertemente a la isla, el acuerdo para trasladar al menor a Uruguay, luego del paso del huracán María, era uno temporal.

El Hon. Edgardo Rivera García concluyó que el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción y, por lo tanto, disintió de la presente sentencia que revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y ordena al Tribunal de Primera Instancia a reexaminar la solicitud de traslado del menor fuera de Puerto Rico.

Hechos
Luego del divorcio, la Sra. María José Andrade Núñez (Sra. Andrade Núñez o peticionaria) y el Sr. Raimundo Espinoza Chirinos (Sr. Espinoza Chirinos o recurrido) acordaron, entre otras cosas, cómo regirían las relaciones filiales entre el padre y el hijo menor de edad habido en dicha relación (J.R.E.A.). Además, estipularon cómo debían proceder en caso de que alguno de ellos, por no ser oriundos de Puerto Rico, decidiera trasladar su residencia fuera del territorio de Puerto Rico.

El 13 de agosto de 2015 la Sra. Andrade Núñez solicitó el traslado de J.R.E.A. de Puerto Rico a Uruguay. Oportunamente, el Sr. Espinoza Chirinos presentó su oposición al traslado. Alegó que el mejor bienestar del menor no está en residir en un hemisferio distinto al de su padre y que el traslado disminuiría significativamente sus relaciones paternofiliales. Sostuvo que estaba dispuesto a asumir la custodia del menor en caso de que la peticionaria insistiera en regresar a su país.

El Tribunal de Primera Instancia dictó una resolución en la cual denegó el traslado. En su dictamen, decidió no acoger el informe social que emitió el trabajador social de la Unidad de Relaciones de Familia. En apretada síntesis, el foro primario consideró que el traslado sería un cambio trascendental en la vida del menor incidiendo en su bienestar, porque entre muchas otras cosas este perdería el contacto directo y personal con su papá. Aunque al momento de adjudicar la petición de traslado el juzgador no contaba con un informe social completo, este examinó cuidadosamente toda la prueba documental y testifical que se presentó y concluyó que las necesidades físicas, educativas y emocionales del menor estaban mejor atendidas en Puerto Rico.

Tres meses luego de la determinación del Tribunal de Primera Instancia y ante la situación de emergencia que se vivió en el país por el paso del huracán María, la peticionaria se trasladó con el menor a Uruguay en octubre de 2017. Ello con la anuencia del Sr. Espinoza Chirinos con el propósito de beneficiar a su hijo dada la situación de falta de energía eléctrica y el cierre temporal de la escuela a la que asistía el niño. Antes de partir, acordaron que regresarían a Puerto Rico el 20 de diciembre de 2017. Sin embargo, la madre de la peticionaria se enfermó. Esta última consultó al recurrido si el menor podía quedarse en Uruguay para ella poder estar con su madre. El recurrido accedió a la petición luego de considerar la situación de salud y el diagnóstico de enfermedad grave por el que atravesaba la madre de la peticionaria. Así, se pospuso el regreso del menor hasta el 9 de abril de 2018.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2018 la peticionaria remitió al Sr. Espinoza Chirinos un correo electrónico en el que expresó que el niño se estaba adaptando en Uruguay e insistió que reconsiderara su decisión y le permitiera al menor permanecer en ese lugar. El padre replicó que desde un principio ambos conocían que la salida de Puerto Rico fue temporal y por causa de la emergencia que surgió ante el fenómeno atmosférico. Sin embargo, expresó que no estuvo de acuerdo con que el menor permaneciera en ese país. Asimismo, le suplicó que no tomara ventaja sobre la situación y que regresara con el niño para la fecha pactada puesto que había transcurrido mucho tiempo sin tener contacto directo con su hijo.

En desacuerdo, el 28 de marzo de 2018 la peticionaria, estando aún en Uruguay, por medio de su representante legal presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una moción informativa sobre situación actual. Explicó cómo su situación laboral cambió después del paso del huracán María. Señaló al Tribunal en detalle cómo en esos meses se estableció y se adaptó en Uruguay. Finalmente, solicitó al Tribunal que le permitiera permanecer allí “por al menos un tiempo adicional”. Así, a menos de un año de la determinación inicial, el Tribunal de Primera Instancia notificó una orden en la que proveyó un “no ha lugar” y ordenó a la Sra. Andrade Núñez “a regresar a Puerto Rico al menor [J.R.E.A.] inmediatamente”.

Inconforme, la Sra. Andrade Núñez acudió al Tribunal de Apelaciones. El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Apelaciones notificó una sentencia mediante la cual confirmó al Tribunal de Primera Instancia. Resolvió que, si bien las determinaciones de custodia no son cosa juzgada, su modificación posterior tiene que estar debidamente fundamentada. Además, consideró que la peticionaria pretendía impugnar tardíamente la resolución notificada el 3 de julio de 2017. En desacuerdo, el 17 de julio de 2018, la peticionaria acudió ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

por el Lcdo. Joel Pizá Batiz

 

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