Destacan necesidad de protecciones para personas LGBTIQ+ procesadas penalmente

Para el penalista Alex Omar Rosa Ambert, que llevó la defensa de dos personas trans este año, el Proyecto del Senado 1632 es una medida en la dirección correcta para la justicia en los procesos penales de las personas LGBTIQ+.

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“Todo lo que dice o protege el proyecto es lo que sucede multiplicado al millón”, señaló Rosa Ambert a Microjuris.com.

El proyecto establece que los empleados y oficiales tratarán a todas las personas LGBTQIA+ de manera respetuosa y apropiada, de acuerdo con la identidad o expresión de género.

La medida prohíbe a todo empleado u oficial en el desempeño de sus funciones oficiales (1) utilizar lenguaje humillante o despectivo dirigido a cualquier persona en cuanto a su identidad de género, expresión de género u orientación sexual, real o percibida; (2) preguntar los detalles íntimos de los genitales, la anatomía o el historial médico de la persona para determinar su sexo biológico.

Cuando surja una situación donde exista duda sobre la identidad de género de una persona, el empleado u oficial le preguntará de forma cortés y discreta por cuál pronombre y el nombre por el que la persona prefiere ser llamada.

Los empleados y oficiales no documentarán el nombre preferido de una persona LGBTQIA+ como un “alias” o “apodo”, ni la acusarán de identificarse falsamente.

Además, la medida dispone procesos para la intervención de la policía municipal, el Departamento de Seguridad Pública (DSP), cómo debe ser la respuesta, cómo se atenderán los menores de edad LGBTIQ+ que sean detenidos, medidas para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y recomendaciones para la Rama Judicial de Puerto Rico.

Cuando una persona trans sea ingresada a una facilidad del DCR, se le ofrecerá la oportunidad de realizar una declaración de preferencia para cacheos y registros. En esta declaración la persona indicará el género del oficial que prefiere que le realice dichos procedimientos.

Sin embargo, Rosa Amber preguntó “cuál será la consecuencia del incumplimiento”.

“Sin consecuencias, se vuelve algo directivo, no mandatorio. Yo no estoy diciendo que los metan preso, pero debe estar establecido cómo se va a proceder durante el incumplimiento”, puntualizó el penalista.

Además, resaltó que “el proyecto señala que para ingresar a una persona en una institución carcelaria, se toma en cuenta el interés de la persona. ¿Dónde lo evaluarán? ¿En la cárcel? ¿En cuál cárcel? Es bien difícil mover a alguien de un lugar a otro”.

Sin embargo, puntualizó que “es un proyecto de avanzada”.

Las expresiones surgen luego que el senador Miguel Romero radicara el Proyecto del Senado 1632 para la protección de la dignidad de personas LGBTTQIA+ en el sistema de justicia de Puerto Rico.

La medida señala que el Departamento de Corrección y Rehabilitación, mediante la Orden Administrativa, ya estableció la política pública “sobre las normas para el afianzamiento del respeto, la adecuada interacción y la no discriminación con personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, queer, intersexual y asexual”.

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