Por Daniel Rivera Vargas
Aunque el último Informe del Monitor de la Policía señala áreas específicas de mejoría, el documento asegura que en términos generales la respuesta de los miembros de la policía ha sido consistente con sus políticas para demostraciones masivas y se demostró que cumplió parcialmente con las disposiciones del Acuerdo de Reforma de la Policía.
A la vez que el documento advierte que las pesquisas de asuntos internos y disciplinarios podrían estar faltos de un análisis más riguroso, el informe asegura que el monitor está particularmente impresionado por el liderazgo de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP).
Otro acierto que destaca el informe es que los adiestramientos no se detuvieron a pesar de los retos recientes, como los terremotos, las tormentas y las manifestaciones.
El informe —que cubre desde julio de 2019 hasta marzo de 2020— destaca que el Negociado de la Policía ha demostrado un esfuerzo en reclutar personal cualificado.
«Puerto Rico ha demostrado un compromiso con la reforma y ha destinado recursos y esfuerzos para cumplir con las recientes recomendaciones de la Oficina del Monitor», señala parte del informe.
El segundo informe del monitor es un documento de 210 páginas que la semana pasada llegó a las manos del juez presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Gustavo Gelpí.
El documento hace una evaluación de numerosas áreas dentro de la Policía, como el reclutamiento, los asuntos tecnológicos, el entrenamiento, los registros y los allanamientos.
Retos por atender
El documento también señala retos por atender, como es el caso de uso de la fuerza. En esta área, específicamente, se citan incidentes del verano de 2019.
Según se desprende del informe del monitor federal de la Policía, John Romero, ciertos agentes actuaron en algunas instancias de forma “peligrosa” contra las personas que participaron de las manifestaciones del verano del 2019, mientras se reclamaba la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
De forma general, el informe federal detalla que se identificaron áreas de preocupación, particularmente incidentes donde la respuesta indicaba uso de fuerza y actuaciones relacionadas a la libertad de expresión.
En estos incidentes, según se describe, se usaron agentes policiacos sin el adecuado entrenamiento para manejar manifestaciones masivas, como cuando se usó personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).
El informe federal dijo que como parte de su evaluación estudió el informe preparado por la organización Kilómetro Cero.
El documento al que se refiere el monitor fue un resume de incidentes que resultó de un esfuerzo conjunto de la organización, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la Brigada Legal Solidaria y el Instituto Caribeño de Derechos Humanos.
Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero, lamentó que los señalamientos sobre los incidentes en las manifestaciones del verano del 19 surjan a un año y medio del evento.
Mari Narváez resaltó que se supone que la oficina del monitor federal prepare un informe separado y especial ordenado por el juez Gustavo Gelpí sobre los incidentes en esas manifestaciones y que la dependencia aún no ha cumplido.
Sin embargo, el informe del monitor anticipa que ese informe estará listo próximamente.
Para Mari Narváez, también se desconoce qué medidas ha tomado o tomará el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico cuando observen incumplimiento en las áreas que se proponen reformar.
“El informe es solamente aceptarlo. Es importante, pero es insuficiente. Deben haber mecanismos de rendición de cuentas efectivos. ¿Qué se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir?”, puntualizó Mari Narváez.
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