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Personas privadas de libertad están cerca de recibir hasta $1,800 del Cares Act

Por Daniel Rivera Vargas

Las personas privadas de libertad en Puerto Rico podrían estar cerca de recibir hasta $1,800 en incentivo económico bajo la Ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (Cares Act), según explicó a Microjuris.com el licenciado Diego Alcalá, uno de los abogados que está llevando pleitos a nivel federal y estatal sobre esta ayuda.

En uno de esos pleitos, el Departamento de Hacienda emitió el pasado 3 de diciembre un certificación en la que le informaba al juez Anthony Cuevas Ramos que se le presentó al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) un «borrador de plan de distribución enmendado eliminando el requisito de inelegibilidad de las personas encarceladas, proponiendo que se permita el desembolso del pago de impacto económico por parte del Departamento de Hacienda a estas personas».

No queda claro cómo sería esa distribución, si aplica a los nuevos $600 o a los ya aprobados $1,200 por contribuyente, y cuántos de las 9,000 personas privadas de libertad se beneficiarían.

La raíz de los pleitos

Alcalá explicó que los pleitos nacen por la práctica previa del gobierno de Puerto Rico, con el aval de Estados Unidos, de no facilitar el dinero para las personas confinadas.

Entonces, la controversia fue objeto de pleitos en Estados Unidos y se obtuvieron resultados favorables para las personas confinadas.

De acuerdo con el abogado, tan reciente como el lunes conversó con un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que le aseguró que ya el gobierno federal aprobó la enmienda al acuerdo para que se incluya a las personas confinadas.

Alcalá entiende que esto aplicaría tanto a la nueva ayuda de $600, como el incentivo original de $1,200.

“Le va a garantizar acceso a $1,800 (por contribuyente) a las personas privadas de libertad que no han recibido ese dinero y que son elegibles”, sostuvo Alcalá.

El licenciado dijo que el Cares Act, aprobado en marzo pasado, en ningún momento excluía a los confinados de recibir ese dinero federal, por lo que varias personas privadas de libertad comenzaron a recibir el dinero, hasta que administrativamente el 5 de mayo el gobierno federal dice que las personas confinadas no pueden recibir el dinero y tratan de recuperar el dinero que ya había emitido.

Bajo el Cares ACT, Puerto Rico firmó un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 1 de mayo, y en ese acuerdo se incluyó una prohibición a que las personas privadas de libertad recibieran el incentivo, explicó Alcalá.

Pero luego del acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos, el abogado aclaró que en la isla hay personas confinadas que sí han recibido el estímulo, pero es en virtud de que rinden planillas como personas casadas y por esa vía cualificaron para la ayuda inicial de $1,200 por contribuyente y $500 por dependiente.

No pudo precisar cuántas personas confinadas cualifican en la actualidad para ese dinero, así como para los $600 adicionales.

La población confinada ronda en la actualidad en los 9,000, según ha dicho recientemente el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La exclusión de las personas confinadas de este alivio bajo el Cares Act fue objeto de una demanda en California en septiembre, que estableció como una clase a todas las personas privadas de libertad en Estados Unidos, y en el que un juez federal, sin que fuera revocado por el Tribunal de Apelaciones, prohibió al gobierno insistir en esa práctica de no enviarle el alivio de Cares Act a los confinados.

Alcalá explicó a Microjuris.com que el 24 de octubre el tribunal de California dijo que era “arbitraria, caprichosa e ilegal” la determinación de prohibirle a las personas confinadas recibir el dinero.

Entonces, el 31 de octubre, Alcalá, en representación de Marcel Rivera Kon-Kin – una persona confinada en la Institución 501 del Complejo Correccional de Bayamón, acudió mediante mandamus al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, haciendo un reclamo similar para que su cliente pudiera recibir la ayuda.

El 1 de diciembre, en una vista ante el juez Anthony Cuevas Ramos, el magistrado ordenó al Departamento de Hacienda a que le presenten formalmente al tesoro federal el plan enmendado que no excluya a los confinados.

El Departamento de Hacienda respondió el 3 de diciembre que ya había solicitado la enmienda.

Aunque Alcalá, según contó, optó por desistir del pleito a nivel estatal tras obtener los resultados esperados, el 16 de diciembre presentó una demanda en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, pidiendo que se le ordenara al gobierno de Estados Unidos aceptar el nuevo lenguaje del acuerdo, tras lo cual recibió ayer la llamada del abogado encargado del caso a nivel federal anunciándole que se había aprobado la enmienda.

«Ya no debe haber el mismo tropiezo», dijo Alcalá.

Sin embargo, «al día de hoy, tú vas al website de Hacienda, y aparece todavía la exclusión (de que las personas confinadas no cualifican para el incentivo). Y se han comunicado varios familiares de mi cliente diciendo que el sistema aún no les permite solicitar esos fondos. La bola está ahora en la cancha del Departamento de Hacienda y, de no actuar, tomaremos cartas en el asunto. De tener que presentar algo, lo presentaremos”, sostuvo.

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