Los nuevos remedios legales para las y los creadores de contenido

Por el licenciado Alexiomar Rodríguez-López

La nueva Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019 (la “Ley CASE”) podría ser un paso en la dirección correcta para democratizar el acceso a remedios legales para creadores de contenido en la era digital.

En el pasado, las y los creativos cuyas obras eran objeto de infracciones a derechos de autor tenían pocas opciones disponibles.

De ordinario, el creativo se comunicaba con la otra parte para que cesara y desistiera de la actividad ilegal.

Si la parte infractora decidía ignorar la situación, el creativo se encontraba con la realidad jurídica de que, a menos que registrara la obra en la Oficina de Derechos de Autor de la Librería del Congreso federal (U.S. Copyright Office), no podría presentar una reclamación en los tribunales federales de distrito.

A lo anterior se le añade los altos costos y honorarios asociados con litigar este tipo de controversias tan sofisticadas.

La incertidumbre de los procesos legales, un análisis de costo-beneficio y la cantidad reducida de abogados y abogadas con conocimiento en el tema convencían al creativo a dejar las cosas tal cual y quedarse sin acceso a remedios legales.

El futuro luce diferente.

La Ley CASE crea un proceso de reclamaciones menores que procura facilitar y adelantar el acceso a remedios legales para las y los propietarios de derechos de autor con reclamaciones menores de $30,000.

Mediante esta nueva pieza legislativa, el Congreso federal creó la Junta de Reclamaciones de Derechos de Autor (Copyright Claims Board) al interior de la ya existente Oficina de Derechos de Autor federal.

La Ley Case le reconoce autoridad a la Junta para adjudicar reclamaciones por infracción de copyright salvo que la parte a quien se le hace la reclamación decida excluirse del proceso una vez reciba la notificación.

Entre los poderes de la Junta está el ordenar el pago de indemnización monetaria por daños reales o estatutarios.

Lo anterior no incluye el pago de honorarios y costas, salvo que una parte actúe de mala fe.

Una vez la Junta emita una determinación final, las partes no podrán litigiar la controversia nuevamente frente a la Junta o los tribunales.

Las partes podrán impugnar una decisión de la Junta en un tribunal federal de distrito solo si:

  1. la decisión fue el resultado de fraude, corrupción u otra mala conducta
  2. la Junta se excedió en su autoridad o no emitió una determinación final, entre otras razones

La Oficina de Derechos de Autor tiene hasta un año para hacer realidad la Junta y todo el proceso según la Ley CASE, salvo soliciten una extensión de 180 días por justa causa.

En teoría, este mecanismo presenta varios atractivos para las creadoras y los creadores de contenido sin recursos suficientes para acudir a los tribunales.

Queda ver si en la práctica funcionará.

Espero que sí.

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