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El «selfie» del Poder Judicial: cómo la pandemia lo cambió todo

Por Daniel Rivera Vargas

Una significativa baja en los casos presentados en los tribunales, el procesamiento ético de 195 abogados y la atención al tema de violencia de género son algunos de los datos que se desprenden de una revisión del Informe a la Comunidad 2020 del Poder Judicial, un documento de 124 páginas hecho público el viernes 5 de marzo, que también incluye un informe especial sobre las operaciones durante la pandemia del COVID-19.

Según el informe, en el año fiscal 2019-2020, se presentaron 165,074 casos, mientras que para el mismo periodo previo, el 2018-2019, la cifra fue de 203,119. Es decir, una merma de 19%.

De forma similar, había unos 235,025 casos activos en el año fiscal 2019-2020, mientras que para el periodo previo, 2018-2019, la cifra era de 265,616. Es decir, una baja de 12%.

No se discuten directamente las razones para estas bajas al mencionar los datos, pero el informe menciona extensamente el impacto del COVID-19 en las operaciones judiciales y las medidas tomadas ante la pandemia.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió unos 195 asuntos disciplinarios relacionados a abogados y abogadas. No se precisa si esto quiere decir que se sancionaron a 195 letrados. El alto foro puede castigar a un abogado de diversas formas, desde la separación de la profesión hasta una amonestación.

Aunque el documento pretende retratar las operaciones del 2020, el informe comienza con un mensaje de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez sobre los retos que ha enfrentado la judicatura en los pasados 5 años, en alusión al periodo en que lleva como presidenta del más alto foro judicial del gobierno local, y en el que Puerto Rico ha vivido el huracán María en 2017, el verano 2019 con el cambio de gobierno, los terremotos de inicios de 2020, la pandemia que aún afecta el archipiélago y cómo los tribunales no han dejado de operar «como piedra angular de nuestro sistema democrático».

«Es aquí donde se garantiza la administración de la justicia, se provee la seguridad, estabilidad, se salvaguardan los derechos de la ciudadanía», añade.

Busca la historia

En términos presupuestarios, el informe explica que desde el 2014, en aras de la crisis fiscal del gobierno, se puso en suspenso la ley que permitía que el presupuesto se obtuviera automáticamente mediante una fórmula. Actualmente, el presupuesto para el presente periodo fiscal 2020-2021 es de $322 millones, de los cuales $190 millones, o el 59% se va en nómina.

Otras partidas grandes son las de “servicios comprados”, donde gastan $35 millones, o el 11% del presupuesto; $8 millones en “servicios profesionales”, o el 2.5%; y %8.9% en mejoras permanentes, que se dividen en $15.9 millones para ‘hardware y software’ y otros $12 millones para construcción, entre otras.

Las partidas que el Poder Judicial destaca con menos gasto es la “compra de equipo”, con $626,000, o el 0.2%; transportación con $414,000, o el 0.1%, y anuncios y pautas en medios, con $21,000.

Mirada al acceso a la justicia

Bajo el tema de «Acceso a la Justicia», se desprende que casi 30,000 personas en unos 9 meses fueron orientadas por el Programa de Acceso para Litigantes por Derecho Propio (Pro Se) entre julio de 2019 y marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia.

Mediante este programa, una de varias iniciativas dirigidas a las personas más vulnerables o socialmente vulnerabilizadas, un ciudadano puede reclamar sus derechos en el tribunal sin la asistencia de un abogado.

Otro programa de acceso a la justicia es el de los salones especializadas en casos de sustancias controladas, que en el mismo periodo de tiempo atiende a unas 829 personas, con 191 graduados, un proyecto que procura la rehabilitación de las personas acusadas de delitos no violentos, relacionados con el uso y abuso de sustancias controladas y la reducción de la reincidencia criminal.

Se indica que en la actualidad la efectividad del proyecto está bajo evaluación para fortalecer su desempeño.

Asimismo, hay un programa llamado Por la Juventud, que solo existe en la actualidad mediante acuerdo con el municipio de Caguas, y atendieron a 14 jóvenes de entre 14 a 16 años considerados de alto riesgo, pero que no han cometido «faltas«, el equivalente a delitos en el sistema de justicia para procesar menores.

En este programa, jueces de la región judicial se convierten en mentores de estos menores.

También están las Salas Especializadas en Casos de Salud Mental (Proyecto PAAS), que impactan a las personas sujetas a ingresos involuntarios o tratamientos compulsorios en hospitales o centros de servicios de salud, ya sea por condiciones mentales, problemas de trastornos de uso de alcohol o sustancia controladas y no controladas.

Unas 678 personas fueron consideradas casos nuevos en la región de San Juan y 181 en la de Mayagüez, las únicas regiones judiciales donde opera este programa, aunque se asegura que la idea es expandirlo.

Se informaron iniciativas a favor de las personas con diversidad funcional, como la adquisición de 30 equipos de amplificación de sonido para ayudar a la comunidad sorda. También se proveyeron 162 servicios de intérpretes de lenguaje de señas, se indicó.

Mientras, otra iniciativa en este renglón de acceso a la justicia son los Centros de Mediación de Conflictos, que atendieron unos 5,996 casos en las 13 regiones judiciales.

Según el Poder Judicial, la manera gratuita y confidencial permite resolver controversias sin que intervenga el Tribunal.

La judicatura ante la violencia de género

Entre las áreas relevantes del informe está lo concerniente a la violencia de género.

Se indica que como parte del compromiso del Poder Judicial de Puerto Rico para atender con sensibilidad y urgencia la violencia de género que afecta a Puerto Rico, se han desarrollado múltiples iniciativas, entre las que se destaca el Proyecto de Especialización de los Servicios en Casos de Violencia Doméstica, el Sistema de Órdenes de Protección Automatizadas y la ampliación del Proyecto de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica, que a fines de 2019 alcanzó la octava región con una sala para estos casos, ubicada en Ponce.

«Al abrir esta sala, enviamos un mensaje de que cada vez son más los lugares a donde se puede acudir a buscar protección. De que seguimos sumando aliados en la lucha por erradicar la violencia machista y que, desde nuestra trinchera judicial, podemos ayudar a las víctimas a retomar su vida», expresó la jueza Oronoz, según el documento.

Durante el periodo de 2019, se atendieron 18,042 personas, se emitieron 7,464 órdenes de protección ex Parte y se atendieron 10,265 solicitudes de órdenes de protección.

Además, el personal de diversas dependencias relacionadas a la judicatura recibieron talleres y adiestramientos para atender de forma más adecuada estos casos.

Igualmente, el informe destaca que el 25 de noviembre de 2019, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Poder Judicial lanzó una campaña de servicio público y bajo el lema Violencia no es amor, que consiste en un video y afiches en redes sociales para concienciar sobre la violencia de género que dirige a las personas al portal www. violencianoesamor.pr.

Las personas podrán encontrar información sobre la violencia de género, las salas especializadas y hasta solicitar una orden de protección.

Con manos llenas el secretariado

De acuerdo al informe, el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial está atendiendo diversas áreas en el Año Fiscal 2020-2021, entre ellas el proceso de evaluación dirigido a unas nuevas Reglas de Procedimiento Criminal.

En este renglón, ya un comité asesor sometió unas recomendaciones al Tribunal Supremo.

El Supremo le pidió al secretariado que lo examinara y que también proponga lenguaje para integrar a las nuevas reglas la normativa aplicable sobre la unanimidad de veredictos, y si amerita incluir propuestas concretas sobre el uso de la tecnología en los procesos penales para atender las necesidades impuestas por la pandemia.*

Se informó también que el secretariado continuará apoyando al Tribunal Supremo en su evaluación de las propuestas contenidas en el Segundo Informe de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico.

El secretariado ejecutará la fase de validación y depuración de hallazgos relacionados a las consultas sobre el Proyecto de Instrucciones al Jurado, finalizará el desarrollo del informe al Proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico y se reanudarán esfuerzos para revisar el diseño propuesto para el manejo de asuntos disciplinarios.

Nueva realidad en la notaría

En el área de notaría, el año pasado se implantaron diversos cambios luego de un extenso trabajo de la Comisión para el Estudio y Evaluación de la Función Notarial en Puerto Rico, incluyendo separar las reválidas de abogacía y de notaría, para que solo el que haya pasado la reválida de abogacía puede aspirar a la de notaría. Anteriormente, habían personas que aprobaron la reválida notarial pero no podían trabajar porque no pasaban la de abogacía, y se aumentaron los requisitos de educación jurídica continua en área notarial a las personas activas en la notaría.

Igualmente, se ofrecieron detalles de la actividad notarial según datos de la Oficina de Inspección de Notarías.

Aunque el informe no lo atribuye a la pandemia, hay varios renglones donde se ven disminuciones entre el año fiscal 2018-2019 y el 2019-2020, cuando ya el COVID-19 estaba paralizando parte de las operaciones de la sociedad.

Por ejemplo, el pasado año fiscal se inscribieron 5,865 testamentos frente a 6,861 del año anterior en el que no había pandemia, se notificaron 19,560 poderes nuevos frente a 20,724 el periodo sin COVID-19, y los informes de quejas contra notarios bajaron de 38 a 29.

Lo que sí aumentaron, en casi 1,000%, fueron los participantes en adiestramientos: mientras en el periodo 2018-2019 hubo 413, en el 2019-2020 esta cantidad aumentó a 5,395.

Una nota al calce lo atribuye al uso de videoconferencias.

Tecnologías ante la pandemia

La herramienta tecnológica para procesar casos judiciales, el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos conocido comúnmente como SUMAC, alcanzó a finales de 2019 todas las regiones judiciales en asuntos civiles y de familia, y se espera que para el 2020-2021 se implementen los asuntos de la Materia Criminal en las etapas a nivel Superior (Regla 6 en Alzada, Vista Preliminar, Vista Preliminar en Alzada, Lectura de Acusación, Sentencia y Post Sentencia).

Unos 69,640 casos se han sometido por SUMAC en el año fiscal 2019-2020.

Otro mecanismo tecnológico que el Poder Judicial había comenzado a explorar hace solo 5 años —en el 2016— tomó una gran relevancia en los pasados meses y fue el de las videoconferencias, esto porque se volvió la herramienta para continuar trabajos en medio de la pandemia.

Originalmente concebido como una alternativa que debía ayudar a ayudar en ciertos procesos en casos civiles, fue expandido incluso para ver procesos en asuntos penales como las vistas preliminares, esto en respuesta a las restricciones de movimiento del COVID-19, que ha causado unas 2,000 muertes en Puerto Rico.

El Poder Judicial desglosó que mediante videoconferencias atendieron en el área civil unos 12,371, en lo criminal 3,985, asuntos municipales unas 13,200, las examinadores y examinadoras de Pensiones Alimentarias unas 510, bajo Mediación se celebraron unas 683 y en Trabajo Social unas 1,084.

También la judicatura celebró numerosos esfuerzos educativos y en algunos de ellos usaron el mecanismo de videoconferencia, como una reunión un sábado que se extendió por varias horas por videoconferencia con casi todos los jueces asociados del Tribunal Supremo con niños de escuela elemental y otros niveles participantes del sistema Montessori, donde los menores formularon diversas preguntas para dar paso a la discusión, entre ellas, ¿Cómo se estimula la participación y se fortalece el sentido de comunidad?, ¿Cuál es el proceso para intentar llegar a un consenso?. (véase página 101)

De hecho, el tema de las nuevas tecnologías es discutido más extensamente en el informe en la subsección relacionada al manejo de la pandemia.

En esta división, el Poder Judicial repasa las diversas medidas que se han tomado, como las fases de reinicio de operaciones, y las numerosas extensiones de términos.

Entre los aspectos relevantes en esta sección del documento destaca que desde que comenzó el estado de emergencia por el COVID-19 hasta el 7 de septiembre de 2020, se atendieron un total de 29,556 asuntos mediante videoconferencia.

Mientras, se estableció un mecanismo que permite a la ciudadanía solicitar órdenes de protección al tribunal mediante una computadora o celular, esto nuevamente para reducir posibilidades de enfermarse ante el virus.

Los jueces o juezas las atenderán de manera virtual mediante el sistema de videoconferencia, y esto incluye órdenes de protección a favor de víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, actos lascivos, acoso sexual y a favor de personas de edad avanzada o menores de edad; órdenes al amparo de la Ley de Salud Mental; y solicitudes de remoción de menores por maltrato.

Judicatura en cuarteles de la Policía

El informe menciona también las medidas tomadas en el 2020 durante los terremotos que afectaron principalmente la zona sur de la Isla y con mayor impacto en enero, lo que causó que el inicio de los trabajos en toda la región judicial de Ponce, donde están los pueblos más afectado por la reciente actividad sísmica, no comenzará el 9 de enero sino el 21 de enero.

Esa región funcionó en un inicio con el sistema de jueces de turno, mediante el cual hay jueces y juezas disponibles para atender asuntos desde el cuartel de la Policía, explicó el documento.

Luego se estableció un plan especial para establecer que los casos civiles, de relaciones de familia, de menores, criminal menos grave y de tránsito se atenderían en el Centro Judicial de Ponce y los casos criminales grave, las vistas preliminares, vistas preliminares en alzada, rebajas de fianza y conferencias de confinados con antelación a la vista preliminar se atenderían en el Centro Judicial de Guayama.

Los asuntos de la Sala Municipal de Ponce se continuaron atendiendo en el Tribunal de Juana Díaz y en el Tribunal de Sabana Grande.

Fortalecimiento de la gestión judicial

Para el “fortalecimiento de la gestión judicial”, la Academia Judicial Puertorriqueña celebró unas 226 actividades, incluyendo adiestramientos a jueces y abogados, y se celebraron cursos de alto valor académicos, como un seminario en febrero de 2020 con el profesor Ernesto Chiesa sobre el proceso penal.

También hubo actividades de otro tipo para los jueces, como un círculo literario donde discutieron novelas como Simone, de Eduardo Lalo, el libro de investigación El Museo Perdido, de Héctor Feliciano, y el libro Cecil Snyder: entre Muñoz y Albizu, sobre la vida de un exjuez presidente del TSPR.

También se publicó la primera edición de la Revista Judicial Puertorriqueña, que se espera salga dos veces al año.

En este renglón hay cuatro párrafos dedicados a la Comisión de Evaluación Judicial, y se describe como el organismo del Poder Judicial con la responsabilidad de evaluar el desempeño de los jueces y las juezas del Tribunal de Primera Instancia.

Sin embargo, no se hace mención de si algún juez fue sancionado, o si incluso se evaluaron quejas contra jueces.

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